En los últimos días, el caso del productor santafesino Eduardo Bieler —multado en $379,8 millones por una presunta infracción a la Ley de Bosques— generó revuelo. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad que preside Carlos Castagnani, le remitió una nota al gobernador Maximiliano Pullaro para expresar su preocupación por la situación del productor, que se dedica a la ganadería.
Como contó LA NACION, en 2020 Bieler, productor de Vera, en el norte provincial, realizó tareas de mantenimiento —picadas y poda sanitaria para eliminar selectivamente ramas muertas, dañadas, quebradas y débiles (limpieza de alambrados)— que el Estado provincial calificó como un “desmonte ilegal” en la zona amarilla de protección. Intervino en su momento el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, se dio intervención a la Justicia y, tras un largo proceso, el Estado provincial confirmó la sanción. El caso se inició durante la gestión del exgobernador Omar Perotti y fue ratificado por la actual administración de Pullaro. Hace unos días, desde el gobierno de Santa Fe afirmaron a este medio que la multa se aplicó siguiendo estrictamente la normativa nacional y provincial y que la sanción original, dictada en 2021, ya había sido ratificada en varias instancias anteriores.
En la nota a Pullaro, CRA le remarcó al gobernador que la provincia inició un juicio de apremio mientras el productor ya tramitaba un recurso contencioso administrativo ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe. Según indicó la entidad, avanzar con ambos procesos en simultáneo “desnaturaliza el carácter suspensivo” que deberían tener estos casos hasta que la Justicia se pronuncie.
La cédula de notificación que recibió el productor
Para CRA, esto no solo afecta al productor involucrado, sino que erosiona la confianza del sector en los mecanismos de control estatal y en el debido proceso. Además, la organización cuestionó el monto de la multa, que consideró “confiscatorio”, y sostuvo que es incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de una sanción estatal.
Un productor fue multado por hacer tareas de limpieza en su campo. Google Maps/Gentileza
La entidad que preside Castagnani afirmó en la nota que, si bien valora la relevancia de una política ambiental, las sanciones no deben poner en riesgo la continuidad de la empresa agropecuaria. En ese marco, CRA solicitó al gobernador Pullaro que instruya a los fiscales para suspender el juicio de apremio hasta que la Justicia resuelva, y consideró que corresponde abrir una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el productor.
