Dos ex jefas de la sección San Agustín del Registro Civil de Paraná comenzaron a ser juzgadas este lunes acusadas del cobro de un arancel que debía pagarse en el banco para iniciar los trámites de renovación y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI).Sobre las procesadas, Amelia Gamboa y Juana Núñez, pesan 248 denuncias en total. Las irregularidades se habrían cometido entre 2000 y 2001, según consta en las actas. Con respecto a Gamboa, quien se desempeñaba como jefa de la sección San Agustín, hay 203 imputaciones, mientras que contra Núñez, que era subjefa, hay 45 acusaciones.Según la requisitoria de elevación a juicio las procesadas, abusando de su carácter de jefas, exigieron el pago en las oficinas del Registro Civil de los aranceles para iniciar los trámites de renovación o actualización de DNI, algo que debe pagarse en el banco Bersa. Por tal irregularidad la diligencia no se realizaba y la gente recurría a las oficinas a quejarse.Ambas acusadas dejaron entrever en sus declaraciones que fueron víctimas de una disputa interna por poder en el organismo. Pero Gamboa deslizó que los agravios contra su persona comenzaron cuando comentó que allegados a la UCR que trabajaban en el Registro Civil “punteaban” la tramitación de DNI de personas vinculadas al partido para que pudieran votar en las legislativas nacionales de octubre de 2001.El juicioEl Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná integrado por Lilia Carnero, Daniel Alonso y Daniel Beltrame escuchó la declaración de las procesadas por el delito de Exacciones ilegales.La primera en hablar fue Núñez, quien es defendida por las abogadas Marina Barbagelta y Matilde Federik. La mujer pretendió enmarcar la acusación a una interna del organismo. Al respecto precisó que “el problema era por las jefaturas de la sección San Agustín”, y afirmó: “Nos perseguían poniéndonos trabas”. En ese sentido, Núñez calificó de “enemigo” a Mario Farías, encargado del Centro Concentrador. Esta área se encarga de recibir la documentación que se tramita en las secciones del Registro Civil que debe ser remitida a Buenos Aires. La mujer comentó que cada 15 días se envía la documentación al Centro Concentrador, pero que desconocía si la enviaban.Núñez aseguró: “Jamás cobré dinero”, y aclaró: “Yo no atendía al público, estaba en una habitación diferente”. No obstante, reconoció que sí firmaba los comprobantes sobre los pagos de los aranceles cuando la jefa (Gamboa) estaba ocupada.A su momento declaró Gamboa, quien es representada legalmente por Miguel Ángel Cullen. La mujer, que asumió el cargo en 1995 por concurso, manifestó: “Me querían cambiar para ponerme en otro lugar”. Y Acusó: “Alguien sacó los talones amarillos” que comprueban los pagos en el banco para comprometerlas en la situación irregular.Gamboa explicó: “No teníamos manera de cobrar porque nosotros no atendíamos a la gente”, y agregó: “Nunca jamás nadie me dijo que pagó en la oficina por un trámite’, para lo único que iba la gente era para quejarse por la demora en la llegada de los documentos”.Gamboa relató una situación irregular que le tocó vivir con una persona que había iniciado el trámite de actualización del DNI del hijo de 16 años. “Un hombre vino llorando porque no llegaba el documento de su hijo, y me contó que cuando fue a reclamar al Registro Civil lo metieron en una oficina y le hicieron firmar una denuncia donde decía que había pagado en el Registro Civil de San Agustín”.Gamboa y Núñez fueron sobreseídas en el sumario administrativo. No obstante, las mujeres contaron las penurias que tuvieron que soportar. Gamboa detalló que estuvo 15 meses sin percibir su sueldo y sin obra social. Similar situación atravesó Núñez, pero durante seis meses.Los radicales, primero. Gamboa contó que Mario Farías, encargado del Centro Concentrador, agilizaba los trámites de personas vinculadas al centenario partido. El relato daba cuenta de una situación anómala que tenía como privilegiados a los allegados a la UCR, que en ese período gobernaba Entre Ríos.El tema, según contó, fue ventilado en una reunión realizada en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y causó malestar en las autoridades del área. A tal punto que Gamboa señaló que era agraviada por un directivo.Al parecer, en esa reunión se trató la hipótesis, que luego comenzó a tomar forma, de que allegados a la UCR aceleraban la tramitación de DNI de personas vinculadas al partido para que pudieran votar en las legislativas nacionales de octubre de 2001. Al parecer Gamboa habría dado a conocer esta situación y esto la habría perjudicado. (Fuente: Diario UNO)
