El ex director del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (IAPS), Tomás Fernández, fue citado a juicio oral para el martes 9, en la causa que se le sigue por negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.El tribunal de la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná integrado por José María Chemes, Ricardo González y Hugo Perotti será el encargado de realizar el contradictorio; mientras que el fiscal de Cámara será Juan Carlos Almada.Fernández está acusado de haber adquirido, con bonos federales y por compra directa, un departamento de la empresa que abonó con fondos provenientes del pago de un seguro, de la institución que conducía, por un siniestro en un vehículo de su propiedad.La causa se remonta a 2002 cuando Fernández se desempeñaba como vocal del Instituto, cargo en el que fue designado mediante decreto 1.1176 del Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de abril del 2001 y suscribió, junto al presidente de ese organismo, Dardo Beltrame la resolución 723/02 por la que se resolvió, en su favor, la venta del departamento 10 “F”, del edificio del Seguro, ubicado en las calles Ecuador y Buenos Aires de Paraná en un valor de 70.218 pesos.Fernández se adjudicó el departamento como pago de un siniestro sobre una camioneta de su propiedad, asegurada por el IAPS. Y, se le atribuye haber aceptado la propuesta de pago ofrecida por él mismo en su carácter de asegurado, para completar el valor total del inmueble. De tal decisión, Fernández compró, en forma directa y con bonos, el inmueble que registró a nombre de sus hijos.Para cerrar el negocio, y de acuerdo a la causa que se tramita en la Oficina Anticorrupción, la negociación consistió en la entrega de bonos Federales, por un total de 26.280, que fueron cotizados a un valor nominal de pesos 26.280 a lo que se sumó un cheque a cargo banco Provincia de Buenos Aires por la suma de pesos de 12.000 pesos y una cuota de 4.908 pesos.El expediente también advierte sobre el modo en que se puso a la venta el inmueble, ya que para el caso debió haberse llamado a una licitación y, a su vez, la celeridad con la que se pagó el seguro del siniestro de la camioneta, en épocas donde el Instituto debía afrontar juicios precisamente por las demoras en las que infringía para responder a sus clientes. Además del modo en que se calculó el monto en épocas donde la economía se encontraba desfasada a raíz de la salida de la paridad cambiaria y la coexistencia de los bonos.
