La opinión pública predominante sostiene que Cristina Kirchner es responsable y que el proceso judicial que culminó en su condena se apega a la ley. Sin embargo, es relevante el porcentaje que considera que la condena generará un mayor conflicto social. Esta es una de las principales conclusiones de un reciente informe publicado por la consultora Opina Argentina, dirigida por el especialista Facundo Nejamkis.
El estudio, titulado “La percepción social del fallo contra CFK”, fue llevado a cabo a nivel nacional a través de una encuesta online entre el 10 y el 11 de junio, consultando a 2.020 personas y presentando un margen de error de +/-2,1% con un nivel de confianza del 95%. El sondeo mantuvo una distribución geográfica representativa, incluyendo la participación de todas las regiones del país: CABA, provincia de Buenos Aires, Centro, Cuyo, NOA, NEA y Patagonia.
Al consultar sobre el grado de acuerdo con el fallo que ratifica la condena en la causa Vialidad sobre Cristina, un 55% de los encuestados mostró coincidencias, mientras que un 43% manifestó su desacuerdo.
El informe resalta diferencias notables según la afinidad política de los encuestados. Entre los votantes de Juntos por el Cambio en 2023, un 96% apoya el fallo; en cambio, entre los votantes de La Libertad Avanza, el respaldo asciende al 88%. Por su parte, en el electorado peronista, el apoyo a Cristina Kirchner es casi unánime, con solo un 5% que aprueba la decisión del Máximo Tribunal. Respecto al género, un 59% de los hombres y un 51% de las mujeres respaldan la decisión judicial.
El relevamiento revela que el 57% de los encuestados considera culpable a Cristina Kirchner de actos de corrupción, mientras que únicamente el 37% la considera inocente. El informe enfatiza que la percepción social predominante es que el proceso judicial que concluyó con la condena de la exmandataria “se apega a la ley”.
La encuesta, la cual abarcó a ciudadanos de todas las regiones del país y de diversas franjas etarias, también examina el impacto político de la condena. Un 46% de los consultados opina que la situación judicial de Cristina Kirchner no tendrá efectos sobre el gobierno de Javier Milei, mientras que el 28% sostiene que lo beneficiará y el 22% considera que lo perjudicará.
En relación a las consecuencias sociales, el 52% anticipa que la condena provocará “mayor conflicto social”, mientras que un 41% piensa lo contrario y un 7% afirma no saber o no tener una opinión definida al respecto.
La percepción de culpabilidad de la expresidenta varía según la edad. El 64% de los menores de 29 años la considera culpable, en comparación con el 54% en el grupo de 30 a 49 años y el 57% entre los mayores de 50 años. El informe indica que “los jóvenes poseen una visión más crítica sobre Cristina”.
En lo que respecta a la legitimidad del proceso, el documento resalta que “la opinión pública prevaleciente considera que Cristina Kirchner es culpable y que el proceso judicial que resultó en su condena se apegó a la ley”. Sobre el potencial impacto en la estabilidad social, el informe señala que “más de la mitad de los encuestados creen que la condena a la expresidenta generará un mayor conflicto social”. Esta percepción se mantiene constante en todos los grupos consultados.
La encuesta también indica que el apoyo o rechazo a la condena está fuertemente influenciado por la orientación política y la edad de los entrevistados, aunque la mayoría coincide en que la decisión judicial no alterará el escenario político del actual gobierno.
La semana pasada, la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad, que investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas. Esta decisión implica que la condena queda firme contra la dos veces presidenta Cristina Kirchner, quien enfrentará seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La sentencia incluye el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.
La expresidenta anticipó que el próximo miércoles se presentará en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con su detención, aunque su defensa ya ha solicitado que la condena se ejecute en el domicilio familiar ubicado en la calle San José al 1111 de la Ciudad de Buenos Aires.
