ROSARIO.- El default de Vicentin en diciembre de 2019, entonces la cuarta agroexportadora más grande del país, dio lugar a dos escenarios judiciales paralelos. Por un lado, el concurso de acreedores, que este jueves registró una novedad relevante cuando el juez Fabián Lorenzini decidió otorgar a Grassi SA —una firma rosarina especializada en corretaje de granos— el control de la agroexportadora. Por otro, en la Fiscalía de Rosario se tramita una causa por defraudación contra 16 directivos de Vicentin, imputados por el entonces fiscal Miguel Moreno, hoy magistrado de Cámara. En marzo pasado fueron detenidos cuatro miembros del directorio: Daniel Buyatti, expresidente de la compañía; Roberto Gazze, exgerente; Omar Scarel, otro ex titular de la firma; y el contador Alberto Julián Macua.
Los fiscales Moreno y Sebastián Narvaja sostuvieron que, aun sin integrar formalmente la conducción, esos exdirectivos continuaron gestionando la empresa y disponiendo de fondos de la agroexportadora. La detención de los cuatro referentes de Vicentin provocó conmoción en los tribunales de Rosario, luego de que los fiscales afirmaran que habían extraído dinero de la compañía concursada para financiar los costos de sus defensas.
Posteriormente, la Cámara penal ordenó la libertad de Buyatti, Gazze, Scarel y Macua. El camarista Gustavo Salvador acusó a los fiscales de vulnerar garantías constitucionales en su accionar y dispuso la libertad bajo caución de 1.000.000 de dólares para cada uno de los exdirectivos.
En su resolución, el juez Salvador señaló que la prueba relativa a los honorarios pagados a los abogados defensores carece de validez por haber sido obtenida “en violación de las garantías”. En las audiencias previas, el defensor Jorge Ilharrescondo había calificado como una “grosera violación de las garantías constitucionales” la revelación de esos honorarios, que según la acusación habrían sido financiados con fondos que debían permanecer bajo custodia judicial.
Gazze y Buyatti, exdirectivos de Vicentin, en la Justicia. Marcelo Manera
Desde entonces, la causa no registró novedades de peso. A principios de octubre, según fuentes del expediente, funcionarios del Ministerio Público de la Acusación se reunieron con querellantes y defensores para evaluar la posibilidad de un juicio abreviado, sin que ello implique un riesgo de que los directivos vuelvan a la cárcel. Fuentes judiciales consultadas estimaron que esa opción podría avanzar el año próximo.
El núcleo de la investigación por defraudación sostiene que los directivos habrían ocultado durante años la real situación económica de Vicentin. Según la acusación, engañaron a bancos y a productores agropecuarios que operaban con la firma bajo la modalidad “a fijar precio”. El endeudamiento masivo y la falta de transparencia habrían sido determinantes para llevar a la compañía al concurso de acreedores y al posterior default.
Paro general de la CGT contra el ajuste de Milei. Vicentin marcelo-manera-7533
En diciembre de 2023, la Fiscalía pidió la apertura de juicio y solicitó penas de entre 3 y 17 años de prisión para 16 exdirectivos y colaboradores de la firma, entre ellos Buyatti, Macua, Gazze y Scarel. También fueron acusados ejecutivos de empresas vinculadas, auditores de la consultora KPMG y los síndicos del concurso.
Fuentes cercanas a los exdirectivos de Vicentin dijeron confiar en que se alcance un acuerdo en la causa penal por defraudación, tras el cierre de un capítulo luego de que el grupo Grassi tomara el control de la empresa. Varios exdirectivos, según admitieron a LA NACION esas fuentes, sospechan que el avance de la causa penal ejerció presión sobre ese sector de la compañía para allanar el camino y evitar la quiebra de la agroexportadora.
“Entre diciembre de 2019 y fines del año 2024, a través de las maniobras de administración infiel, el agrupamiento criminal detrajo ilegítimamente fondos pertenecientes a las empresas del grupo por un total estimado nominal de $952.655.044”, señaló el fiscal Narvaja, de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, en la audiencia que se celebró en marzo de este año.
Además, según los acusadores, los exejecutivos habrían utilizado fondos de las empresas del grupo para pagar el seguro de caución (fianza) que contrataron con Sancor Seguros para evitar ser detenidos cuando fueron imputados en la primera etapa de la causa iniciada en 2020. De acuerdo con los documentos, habrían usado $40.751.243 de la empresa para hacer frente a una fianza personal.
La hipótesis fiscal sostiene que el “agrupamiento criminal” continuó con maniobras de administración infiel entre diciembre de 2019, fecha del default de Vicentin, y fines de 2024, desviando ilegalmente fondos de las empresas vinculadas por algo más de 890 millones de pesos. Las sociedades cuyo patrimonio se habría visto afectado son Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Vicentin, Algodonera Avellaneda y Sottano. Según los fiscales, la maniobra buscó sostener gastos personales: calcularon que se apropiaron del equivalente, en ese periodo, a 20.946 salarios mínimos.
Este nuevo capítulo surgió a partir de documentación presentada por un grupo de accionistas minoritarios que reclamaban ser querellantes. La justicia rechazó ese pedido, pero la Fiscalía de Delitos Económicos analizó los papeles y abrió una investigación sobre el uso de fondos por parte de directivos para solventar gastos personales —por ejemplo, el pago de honorarios a sus abogados— por un monto estimado en 1,5 millones de dólares. También detectaron facturación de viajes en avión realizados en una aeronave de la compañía. Muchos de esos accionistas minoritarios, señalaron, comparten el apellido de los fundadores de la agroexportadora y fueron quienes acercaron la información.
Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP Rosario y Santa Fe X
A la par, Omar Scarel afronta complicaciones en otra causa en la que está involucrado el ex titular de ARCA Rosario, Carlos Vaudagna. Vaudagna, en su condición de arrepentido —en una causa donde está preso el exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque— admitió que asesoró de manera ilegal a Scarel mientras ocupaba el cargo de director de la exAFIP.
En su declaración ante la justicia federal, Vaudagna reconoció haber favorecido a la cerealera que entró en default en 2019 al eludir la investigación sobre la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un total de $143.254.723,61, cometido en 2016, 2017, 2018 y 2019.
El exjefe de la AFIP también admitió que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intervino y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA encargados de la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vicentín SAIC. Según su relato, la maniobra consistió en evitar que esos créditos fueran impugnados y en reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP, con el fin de evitar la denuncia penal contra la empresa.
