El fiscal Álvaro Garganta ha convocado a declarar a nueve empleados del Ministerio de Transporte para interrogarlos sobre las funciones desempeñadas por el ex ministro Jorge D’Onofrio y otros ex funcionarios de esa cartera que son objeto de investigación. También se busca esclarecer el rol que ocupaba la concejal de Pilar, Claudia Pombo, particularmente cercana a D’Onofrio, dentro de esa dependencia.
Garganta ha citado a estos empleados para que testifiquen, y la serie de declaraciones comenzará el próximo 2 de julio y concluirá antes de la feria judicial.
“Queremos conocer las tareas que realizaban algunos funcionarios y cómo operaba el Ministerio internamente”, señaló una fuente judicial.
En la causa relacionada con las fotomultas, además de D’Onofrio, son objeto de investigación Pablo Javier Sanguinetti (ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial), Tomás Uthurriague (ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV), Sebastián Desio (presidente de la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”), así como empleados de los juzgados de Faltas que habrían estado involucrados en la maniobra.
También figura entre los imputados Mario Quattrocchi, ex titular del juzgado de faltas de La Plata, quien fue detectado viajando frecuentemente al exterior junto a la concejal Pombo. Posteriormente se estableció que ambos estarían relacionados con dos emprendimientos gastronómicos en Málaga (España).
Quattrocchi no es el único señalado. Hace tres semanas, las nuevas autoridades del Ministerio decidieron apartar de su cargo a Marcelo Peralta, quien desempeñaba funciones como juez de faltas en Mar del Plata.
La lista de funcionarios implicados incluye a la concejal Claudia Pombo, quien tuvo que renunciar a su cargo como presidenta del Concejo Deliberante de Pilar debido al escándalo y se habría distanciado de D’Onofrio. De hecho, ha hecho saber a sus allegados que está dispuesta a declarar como arrepentida. ¿La razón? Tiene una condena previa por irregularidades mientras estuvo a cargo de un Registro Automotor en San Miguel.
Los empleados del Ministerio de Transporte convocados a declarar deberán responder a preguntas específicas sobre Pombo. La Justicia busca determinar si la concejal desempeñaba funciones en esa cartera, a pesar de no tener un cargo formal, y cuál fue su rol en la maniobra.
D’Onofrio está siendo investigado por una serie de maniobras relacionadas con el sistema de multas que permitieron el establecimiento de una recaudación paralela. Al momento de formular la imputación, el fiscal expresó que había un grupo de funcionarios que “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como ”gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Otra de las maniobras apunta a supuestas irregularidades en la adjudicación de concesiones para la explotación del servicio de Verificación Técnica Vehicular (TVT). La resolución destaca que dicho negocio fue otorgado a siete empresas que, previamente, habían estado obligadas a contratar con la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, en la que se alega la participación de funcionarios del Ministerio de Transporte.
A fines de mayo, D’Onofrio solicitó adelantar su indagatoria y se desvinculó de las acusaciones. “Cuando asumimos, el sistema (de las VTV) llevaba 20 años vencido y se prorroga año tras año”, aseguró el ex ministro. En su declaración también realizó acusaciones contra la empresa Secutrans, que promovió la causa judicial en su contra.
No es todo. Los abogados de D’Onofrio han venido reclamando durante meses que esta firma pierda su estatus de “particular damnificado”. Argumentan que posee alrededor de 50 cámaras sin autorización en la Provincia y que no han podido demostrar un “perjuicio económico”. “La supuesta irregularidad que utilizó el Señor Agente Fiscal para imputar a CECAITRA, impide que SECUTRANS SA -que se encuentra en la misma situación de presunta irregularidad- continúe desempeñando su papel de particular damnificado”, argumentaron los abogados del ex ministro en su última presentación.
Sin embargo, el fiscal Garganta ya respondió que no existen irregularidades con las cámaras de SECUTRANS en los partidos de Escobar y Malvinas Argentinas, rechazando así el planteo de los abogados de D’Onofrio.
Por el momento, el ex ministro de Transporte sigue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito (en relación a las multas) y como autor en la maniobra relacionada con la VTV.
