El caso
Santiago Nicolás Moiny, de 40 años, reconoció haber sustraído dinero de la caja municipal de María Grande, donde se desempeñaba como responsable de cobros, especialmente en relación a trámites vinculados al registro de conducir. Las maniobras se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2021, utilizando dos métodos sistemáticos: la anulación de tickets tras recibir el pago y la reimpresión de comprobantes ya utilizados, que eran entregados a nuevos contribuyentes como si fueran válidos.
Los montos involucrados en cada operación oscilan entre 250 y 1.850 pesos, y los casos documentados superan la decena, con nombres, fechas y recibos claramente identificados. En todos los casos, los ciudadanos abonaban por trámites como licencias de conducir —inicio, renovación, duplicado o cambio de categoría— y recibían un comprobante que luego era anulado o reemplazado por otro ya registrado en el sistema.
La investigación también puso de manifiesto graves fallas administrativas en el manejo del dinero. El efectivo era entregado en sobres cerrados al tesorero municipal, sin que se realizara un recuento inmediato ni se dejara constancia escrita del monto. Un sobre que contenía 11.000 pesos fue abierto recién semanas después, cuando otra persona asumió el cargo, lo que resultó en el sobreseimiento de Moiny en esa parte de la acusación por falta de resguardo adecuado.
Ahora, el caso está en manos del juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Alejandro Grippo, quien deberá decidir si homologa o no el acuerdo presentado por el fiscal Gonzalo Badano y el defensor oficial Fernando Callejo. El reconocimiento de los hechos por parte del acusado facilitó una resolución abreviada, aunque aún queda por definir si el juez considerará válidas las condiciones pactadas.
La pena acordada comprende dos años y un mes de prisión condicional, además de la realización de trabajos no remunerados por 96 horas y el pago de una multa de 90.000 pesos. Adicionalmente, por ser un delito contra la administración pública, se le impone una inhabilitación perpetua.
La causa no solo expone la conducta delictiva del ex empleado, sino también las debilidades estructurales en los controles internos del municipio, que permitieron durante meses la apropiación sistemática de fondos públicos sin detección inmediata.
Badano, en su exposición, destacó la investigación sumarial detallada realizada por el municipio de María Grande. Además, resaltó que el imputado fue designado en planta permanente el 24 de noviembre de 2020 por el intendente (2019-2023) Héctor Solari, quien termina siendo quien lo denuncia.
