
POSADAS, Misiones.- Hoy inicia la cosecha de verano yerbatera, conocida como zafriña, y miles de pequeños productores de la provincia acordaron no cosechar o “lo mínimo indispensable”. En asambleas en San Vicente, Campo Ramón y otros puntos se resolvió ir al paro para exigir un mejor precio por la hoja verde, la restitución de las facultades regulatorias del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) y la designación de un presidente para ese organismo.
“Los productores están recibiendo 240 o 250 pesos, pero descontando los costos de la cosecha, les quedan 180 pesos, no alcanza para cubrir los costos, pero aun así hay productores que van a cosechar porque necesitan hacerse de efectivo para subsistir”, dijo a LA NACION un especialista en yerba mate que trabajó para varias firmas.
El jueves 23 de octubre pasado, el directorio del INYM actualizó el valor de referencia del costo de un kilo de hoja verde, materia prima de la yerba (se necesitan casi 3 kilos de hoja verde para un kilo de yerba elaborada) y lo fijó en $423,99, a lo que hay que agregarle la ganancia del productor, sugerida en un 30% adicional a ese valor.
La asamblea que se realizó el jueves pasado en San Vicente contó con la presencia de dirigentes y diputados de la oposición, entre otros Cristian Castro, Ramón Amarilla, Francisco Fonseca, pero no fueron figuras del oficialismo
Sin embargo, no solo los precios no alcanzan a cubrir el costo, sino que además se pagan plazos de 30, 60, 90 y hasta 180 días, lo que obliga a los pequeños productores a descontar cheques con costos financieros muy altos. Para ellos, la combinación de bajos precios, altas tasas de interés y un combustible que en Misiones ya superó los 2000 pesos el litro de diésel premium se convirtió en una “tormenta perfecta”.
La zafra de verano, que va de diciembre a marzo, explica el 10% de la producción de hoja verde, mientras que el 90% se cosecha entre abril y septiembre. Entre enero y septiembre se recolectaron 863 millones de kilos de hoja verde, un 11% menos que los 968 millones de kilos de 2024, año récord de producción. El año pasado, durante la zafriña también hubo un paro yerbatero que, sobre el final, consiguió que las industrias mejoraran los precios pagados.
La cosecha de verano o zafriña, entre diciembre y marzo, explica algo más del 10% del volumen de hoja verde
Si bien al inicio de esta zafriña el sector no espera que la retención de materia prima en la cosecha de verano altere de forma significativa los precios pagados ni los valores en góndola, el objetivo principal de los productores es visibilizar su reclamo ante el gobierno nacional, que desreguló la actividad yerbatera en diciembre de 2023 con el DNU 70/2023. Además, hace dos semanas el decreto 812/25 terminó con las esperanzas de los pequeños productores de revertir la política desregulatoria, ya que ratificó y profundizó la quita de facultades regulatorias al INYM. En ese decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno ordenó al INYM que “no interfiera” en el libre mercado, que “se modernice” y que se dedique a la “promoción” y el “control de la calidad”.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, dijo que “el decreto 812/25, le pone un fin a las regulaciones de precios y cantidades de la producción de yerba mate. Por años se usó un ente público (el INYM) para cartelizar un mercado competitivo perjudicando al consumidor”.
“Le escribí a Sturzenegger varias veces, pero no me respondió”, dijo a LA NACION el productor y dirigente cooperativista, Manfredo Seifert, vinculado a la Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo (yerba Aguantadora), en relación con los intentos por acercarse al funcionario para ser escuchado. “Es una contradicción, porque mientras Caputo como sector público puede intervenir comprando o vendiendo dólares, los yerbateros como sector privado con este nuevo decreto 812/25, implementado por Sturzenegger y Caputo, no podemos manejar nuestra producción limitando o incentivando la producción de materia prima, para sustentar un precio de equilibrio justo que le convenga a toda la cadena productiva”, concluyó Seifert.
Otro que envió un mensaje a Caputo y a Sturzenegger fue el economista Darío Díaz, director de Estadística del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), quien en un trabajo que compartió con LA NACION explicó que el libre mercado no aplicaría al mercado de la hoja verde. Entre otras cosas, porque a diferencia de la soja, los productores no pueden cosechar y almacenar la yerba a la espera de un mejor precio: la hoja verde, una vez cortada, tiene menos de 24 horas para ser llevada al secadero antes de comenzar a oxidarse y perder sus propiedades.
“Este mercado es un oligopsonio industrial (pocos compradores, muchos vendedores) y las herramientas regulatorias no constituyen ‘distorsiones arbitrarias’. Actúan como mecanismos correctivos ante fallas estructurales de mercado, hay que ponerle límites al libre mercado en la yerba”, afirmó Díaz.




