A todos nos compete velar por los derechos de quien no está en condiciones de proteger adecuadamente su persona ni su patrimonio. De modo que ignorar o violentar la ley proporcionando la identidad de un menor o dar detalles del hecho en el que se ha visto involucrado, es un delito.La ley nacional Nº 23.849 ratificatoria de la Declaración de los Derechos del Niño emitida por la Asamblea de la ONU en 1989 y la Ley provincial Nº 9324 que reglamenta el procedimiento judicial en caso de menores, prohiben la difusión de la identidad de una persona menor de edad, o el proporcionamiento de datos vinculados a un hecho que la involucra y que puede producirle daño físico, psíquico, moral y/o social. En consecuencia, las actuaciones vinculadas con menores que se labran en los juzgados, son secretas. Y por lo tanto, debe evitarse toda publicidad del hecho, quedando prohibida la difusión por cualquier medio, de la identidad y la participación de un menor en un suceso en el que la Justicia ha debido intervenir. Ya sea porque haya cometido un delito, o porque se encuentre en situación de riesgo, abandono, maltrato, etc.. Todo ello, se encuentra ratificado además, recientemente, a nivel nacional, por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral al Menor, y avalado por fallos de la CSJN, en casos como los de Diego Maradona, Andrea del Boca y Servini de Cubría/Tato Bores.El derecho a la información, como todos los restantes derechos reconocidos por la Constitución Nacional, no son absolutos y se ejercen “conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio”. Y ante la eventualidad de encontrarnos ante casos en los que los derechos de los niños colisionen con otros derechos reconocidos por la Constitución, se privilegia los de aquéllos, por considerárselos derechos superiores.
