El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Chiara Díaz, confirmó que miembros del cuerpo celebraron “un acuerdo especial ante la presentación de un grupo de abogados que estaba disconforme con la conducta que le atribuían al doctor Emilio Castrillón, quien atendió un programa radial el 18 de marzo, día de las elecciones”, en la ciudad de La Paz.El magistrado y ex presidente del bloque justicialista en la Cámara de Diputados condujo, editorializó y hasta reporteó a los candidatos de la contienda que se desarrolló el 18 de marzo. Ese día, reconocido por el propio Castrillón, se dio el gusto de hacerles una entrevista a Domingo Daniel Rossi, y al diputado provincial Carlos Almada.Al respecto, Chiara Díaz explicó que “a juicio de los presentantes, dicha situación daría lugar a una causal de juicio político, es decir que al mismo tiempo estos profesionales pretendían que el Superior Tribunal realizara una investigación y se pronunciara acerca de lo que el doctor Castrillón habría realizado en exceso de acuerdo a su función”. “Analizamos el tema en conjunto con el dictamen del procurador general, quien consideró que este STJ era incompetente. Compartimos este criterio, puesto que si quienes elevaban esa nota escrita sostenían que la situación era constitutiva de un juicio político, no podían pretender que el Superior que tiene fines, objetivos y competencias específicas, se entrometiera más allá de ese esquema legal y entrara a juzgar las causales de juicio político, para lo cual están habilitados otros organismos institucionales dentro del esquema vigente en la provincia. Hacerlo hubiera sido una demasía e interferir en el juego armónico que deben tener los poderes del Estado”, argumentó el magistrado en declaraciones a Canal Once. Enseguida continuó: “Dijimos que la conducta atribuida al doctor Castrillón es competencia de esos órganos políticos que deben pronunciarse al respecto, una vez que los interesados hagan la presentación en la forma de estilo”. Acerca del poder de superintendencia del alto cuerpo, el vocal admitió que “lo tiene, pero no puede ir más allá de lo que son atribuciones específicas. La superintendencia hace referencia al gobierno del Poder Judicial que no es lo mismo que valorar si hay causal o no para un enjuiciamiento político”.
