El Gobierno nacional se alista para enfrentar este jueves una posible derrota legislativa en el Senado, donde una mayoría opositora podría unirse por primera vez desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El objetivo es aprobar el reparto de fondos que los gobernadores reclaman como propios y que, según afirman, la Casa Rosada mantiene retenidos para asegurar el equilibrio fiscal.
La sesión está programada para las 14:00 horas, de acuerdo al cronograma aprobado por los senadores en marzo pasado durante una sesión preparatoria, que definió los miércoles y jueves como días hábiles para sesionar. En esta ocasión, la Cámara Alta podría reunirse sin una convocatoria formal de sus autoridades, un hecho inédito en su historia.
La vicepresidenta Victoria Villarruel optó por no convocar oficialmente a la sesión para evitar evidenciar una posible debilidad institucional y política frente a la presión opositora. No obstante, ante el ambiente desfavorable para el Ejecutivo que se percibe en varios bloques, confirmó que presidirá el debate si hay quorum.
La realidad es que el inicio del debate está prácticamente garantizado gracias a un acuerdo temporal entre el bloque kirchnerista, senadores de la UCR y del PRO, que permitiría reunir los 37 legisladores necesarios para habilitar la sesión.
Este grupo respalda un proyecto que propone un aumento del 7,2% en las jubilaciones, eleva el bono para el haber mínimo a $110.000 y declara la emergencia en la prestación de servicios para personas con discapacidad. Estas iniciativas ya cuentan con media sanción de Diputados desde el 5 de junio, lo que prácticamente asegura su aprobación definitiva en el Senado.
En cambio, la iniciativa que establece una nueva moratoria previsional enfrenta mayores dificultades. El proyecto, promovido por el kirchnerismo, no cuenta con el apoyo del resto de la oposición, que sostiene que su implementación tuvo fines electorales al ser impulsada durante la campaña de Sergio Massa en 2023.
Además, se argumenta que ha generado un incremento en la cantidad de jubilaciones sin aportes, lo que ha afectado el sistema previsional. Para avanzar, la propuesta requeriría modificaciones y debería regresar a la Cámara baja.
Sin embargo, antes de discutir estos proyectos, los senadores deberán resolver una disputa reglamentaria sobre si las iniciativas cuentan con dictamen de comisión válido.
Algunos opositores sostienen que se pueden tratar directamente, mientras que desde la presidencia del Senado y la Secretaría Parlamentaria argumentan que, al no haber sido discutidas en plenario con comisiones reunidas formalmente, carecen de despacho y requieren el respaldo de dos tercios de los presentes para ser debatidas.
Los gobernadores en plan de lucha
Los proyectos impulsados por los gobernadores provinciales también deberán ser habilitados para su tratamiento sobre tablas. La semana pasada, durante una reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los mandatarios decidieron avanzar con dos proyectos de ley para exigir la distribución de fondos que consideran legítimos para sus jurisdicciones.
Las propuestas buscan eliminar diversos fondos fiduciarios que, según indican, no se utilizan con el fin previsto, y establecen un nuevo esquema de distribución de recursos basado en criterios de coparticipación. Esto incluye tanto los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como una parte significativa del impuesto a los combustibles líquidos.
En este caso, no se prevén obstáculos para alcanzar los dos tercios necesarios. Los proyectos cuentan con el respaldo de 23 gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, lo que anticipa un amplio consenso parlamentario. Se espera que bloques radicales, kirchneristas, provinciales e incluso del PRO respalden las propuestas.
Esta votación representaría la primera vez que la oposición se unifica en su totalidad en una acción legislativa desde el inicio de la gestión de Javier Milei, superando las diferencias entre sectores más duros como el kirchnerismo y los espacios dialoguistas como la UCR, el PRO y partidos provinciales.
El amplio apoyo podría garantizar que ambas cámaras insistan con las leyes en caso de que el Poder Ejecutivo decida vetarlas. No obstante, las iniciativas deberán pasar aún por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno podría intentar negociar para evitar una nueva derrota legislativa.
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