Después de casi 20 meses de permanecer cajoneado y luego dela fuerte presión ejercida en las redes sociales, el Senado se dispone areiniciar el tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio,iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y que crea un proceso judicialque le permitiría al Estado recuperar bienes y fondos obtenidos mediante lacomisión de un delito.
Las fuentes consultadas aseguran que en la reunión de laComisión de Justicia, convocada para el martes próximo a las 12, habrádictamen, aunque no tiene fecha de tratamiento en el recinto. Por lo pronto, seasegura que no será discutido hasta después del 8 de agosto, día fijado para lasesión sobre la legalización del aborto.
Sin embargo, y a pesar de que en noviembre de 2016 elproyecto obtuvo despacho de consenso, la reapertura del debate encuentra aCambiemos y al PJ impulsando iniciativas que tienen profundas diferencias.
Todo indica que habrá dos dictámenes. Así lo confirmó elpresidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Pro-Capital), en diálogocon LA NACION. “Vamos a sentarnos a discutir con seriedad y si tiene quehaber dos dictámenes, se firmarán dos dictámenes”, aseguró.
Desde el peronismo ratificaron que, por el momento, noexiste una postura unificada. “Acuerdo no hay, nuestra idea es sacarnuestro proyecto”, afirmaron voceros de la principal bancada de oposición.”Si vienen con algo razonable, lo podemos evaluar”, agregaron.
Las diferencias entre ambos proyectos son claras. Si bienambos la ubican en el fuero Civil, Cambiemos impulsa una acción de extinciónsimultánea, pero con la posibilidad de obtener sentencia independiente. Por suparte, el texto presentado por el PJ establece que la decisión debe sersimultánea al fallo de la causa penal.
“Eso es prácticamente lo mismo que un decomiso”,cuestionó Pinedo el proyecto del PJ. “No entiendo qué sentido tiene hacerun proyecto que no cambia nada el Código Penal”, agregó
Las diferencias
Pinedo es, junto a Humberto Schiavoni (Pro-Misiones), autor delproyecto, presentado a fines de mayo, que respalda todo el oficialismo. Dehecho, el radicalismo envió hace dos semanas una nota a la Comisión deJusticia, que preside el peronista Pedro Guastavino (Entre Ríos), pidiendo lareapertura del debate.
“Debemos acelerar el tratamiento. Hay ya un trabajorealizado, corrijamos lo que sea necesario y pongámonos a la altura de lascircunstancias porque la lucha contra la corrupción es uno de los ejes de esteGobierno”, reclamó la jujeña Silvia Giacoppo (UCR).
Desde el peronismo, el salteño Rodolfo Urtubey, uno de losredactores de la iniciativa, defendió el proyecto del PJ y rechazó las críticasde Pinedo. “En el Código Penal existe el decomiso, que en realidad nuncafuncionó, porque era una institución que requería que la pena impuesta fuera decondena y quedara firme en última instancia”, explicó el senador.
Otra de las diferencias entre ambos proyectos es quemientras que el PJ deja la acción en manos de la Procuración del Tesoro, el deCambiemos les da esa facultad a los fiscales de la Procuración General de laNación.
Urtubey también cuestionó el proyecto aprobado por la Cámarade Diputados, al recordar que dejaba el proceso de extinción de dominio”en manos de fiscales del fuero Civil Comercial Federal; y ese fiscal,ante la mera sospecha, podía iniciar una acción de extinción de dominio, y estono se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina”.
Aquella iniciativa fue aprobada en Diputados en junio de2016 al calor de la escandalosa detención del exsecretario de Obras Públicaskirchnerista José López mientras arrojaba bolsos con US$9 millones en unconvento de la localidad de General Rodríguez.
El proyecto fue severamente criticado por vulnerar garantíasconstitucionales, como el principio de inocencia y de defensa en juicio, porjuristas y magistrados convocados a exponer en el Senado. Producto de aquellasjornadas, se elaboró un dictamen de consenso que obtuvo dictamen en noviembrede ese año. Sin embargo, el despacho quedó cajoneado, al extremo de perderestado parlamentario en diciembre último, con el recambio de un tercio delSenado.
La explicación para justificar el congelamiento fue lasupuesta negativa de Diputados a comprometerse a no insistir en su sanción,cuya constitucionalidad estaba cuestionada. Ahora, y cuando faltan siete mesespara que el proyecto pierda estado parlamentario, el tema volverá a debatirseen el Senado.
