Algunos años atrás defendí al jefe de una importante fuerza policial que recién nacía. Un poderoso fiscal posó sobre él sus sospechas de corrupción y logró que un juez lo encarcelara durante 99 días. Cuatro años después, y tras el juicio oral, tuvimos la posibilidad de acreditar su completa inocencia y el propio fiscal de juicio decidió no acusarlo. Absuelto y libre de todo cargo, vio truncada su brillante carrera policial por una imputación decididamente injusta.
También por esos años recibí una triste noticia. Un exalumno, joven y prometedor oficial de la Policía Federal Argentina cuyo recuerdo como estudiante aún estaba en mi memoria, moría apuñalado en acto de servicio por un psicótico en una esquina de la avenida Figueroa Alcorta, en la ciudad de Buenos Aires. Por las circunstancias, la noticia me causó verdadera conmoción y decidí entonces escribir una columna en su memoria. Mi inquietud por esos días era también expresar ante la sociedad lo injusto que puede resultar tener un empleo peligroso y no contar con las herramientas necesarias para llevarlo adelante.
En aquel momento escribí: “Tasers, gas pimienta, munición punta hueca, chalecos o patrulleros con blindaje integral, son instrumentos destinados a favorecer la función prevencional policial que implementa la conducción de cada fuerza. Algo que el policía utiliza para cumplir su difícil labor de la mejor manera posible. Pero esta concepción falla si olvida al operador del sistema, al trabajador policial. Partir de este concepto y olvidar todo eufemismo que pretenda ocultar la realidad es una deuda que tenemos como sociedad. Me refiero a términos tales como “servidor público”, o “funcionario público”, que solo sirven para tapar la figura del trabajador esencial, como tantos otros que tiene una sociedad moderna”.
Para aquel joven oficial, la pistola Taser o la munición prefragmentada. Para el jefe de policía, el reclamo por su carrera injustamente cortada.
Herramientas, derechos. De eso se trata. De ingresar a una obra y sentirse seguro con el arnés y el casco obligatorio. Contar con tizas y pizarrón al tiempo de enfrentar una clase. O con los uniformes refractarios si trabajo en la autopista o la caja automática si soy colectivero… Herramientas, derechos. De eso se trata.
Me corrijo, no son simples derechos. Son Derechos Humanos, de esos que son inherentes a la persona, que no se pueden renunciar y que deben ser respetados, fundamentalmente por las autoridades.
Mucho se ha avanzado desde esos años hasta ahora: Ya podemos ver policías en la calle con sus pistolas de dardos eléctricos y varias fuerzas han incorporado también otras herramientas no letales, que impulsan bolas con agresivo químico o de un caucho que al impactar logra detener al presunto delincuente sin necesidad de utilizar el armamento convencional. Y a eso le agrego los chalecos de protección diferenciados por género, los vehículos blindados, etcétera.
Sin embargo, el cambio principal aún es resistido por muchos. Permitir que los efectivos policiales cuenten con los derechos de cualquier trabajador es algo que debe ser puesto hoy entre las consideraciones relacionadas a los cambios en seguridad que la nueva administración propone.
Y sostengo que es hoy el momento, por cuanto se trata de decisiones que deben apuntar al pragmatismo, a la eficiencia de la labor policial, desprovistas de toda carga ideológica que las condicione. Cuando aún no perdemos la sorpresa -el estupor- como sociedad, al ver a policías reclamando frente a la sede de la jefatura en Rosario, debiendo recurrir a rostros tapados y familiares que hagan de voceros frente a las autoridades para reclamar por las condiciones de trabajo que deben enfrentar.
España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, para nombrar solo a algunos de los países que poseen fuerzas policiales sindicalizadas. Más acá, la policía judicial de Brasil, el servicio penitenciario en Colombia o toda la fuerza policial uruguaya.
En el mundo entero, las fuerzas del orden más profesionalizadas y con mejor imagen frente a la sociedad que protegen, tienen posibilidad de sindicalizarse.
En Uruguay, sociedad muy cercana y similar a la Argentina, hace más de quince años que se permite a los agentes la sindicalización.
En nuestro medio se dice que la matriz militarizada de las fuerzas del orden es un obstáculo insalvable para la agremiación de sus miembros. Que una estructura vertical se ve resentida con esa sistematización, y que un sargento o un cabo no puede hablar de igual a igual con un comisario por más que de reclamos laborales se trate. Tengo para mí que es ésta la principal razón, y parte de una concepción filosófica errada: la de pretender que todos los hombres de armas son iguales. Que un soldado porque porta un fusil, es igual a un policía que está en la esquina parado, para protegernos del crimen. Son hombres y mujeres de armas. Sin embargo, la función policial, más allá de que se desarrolle en ciertos casos armada, no tiene nada de militar. El soldado se instruye, se forma, se capacita para rechazar o destruir a su enemigo. Su armamento está diseñado específicamente para causar el mayor daño posible al adversario, al igual que sus doctrinas y tácticas. Del mismo modo sucede con su proceder en el combate, que se rige por “reglas de empeñamiento” que suelen confeccionarse para cada escenario en particular.
Muy lejos de ello, la función policial es doble: impedir los delitos y ayudar a la investigación de los que se hayan cometido. Ese quehacer prevencional y judicial se lleva a cabo en la mayoría de las ocasiones -aunque en mayor medida en la función prevencional-, mediante el uso de un armamento que debe estar diseñado para causar el menor daño posible: que el delincuente deje de agredir es la idea. Y aquí las “reglas de empeñamiento” pasan a llamarse “protocolos de actuación” o, más ampliamente “código procesal penal”.
Otro de los argumentos contrarios es el de la seguridad como un servicio público esencial. De ahí los términos “funcionario público” o “estado policial” -verdaderos eufemismos- y la idea de impedir eventuales reclamos que incluyan el cese de actividades.
También se han escuchado argumentos menos serios, como la falta de madurez necesaria de las fuerzas policiales, o la rémora de los gobiernos de facto, instalado en el inconsciente colectivo de las estructuras policiales. Este razonar, del tipo ideológico la mayoría de las veces, esconde excusas que no pueden ser explicadas desde la lógica: ¿En qué se diferencia el médico del hospital público del policía? ¿Por qué uno puede agremiarse, y reclamar por sus condiciones de trabajo y el otro no? ¿Es menos esencial el cuidado de la salud o la vida siendo médico que siendo policía? O ¿Es más maduro el policía uruguayo que el bonaerense o el federal?
Por su parte, el camino judicial con la legislación actual parecería estar cerrado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha dicho que si la ley no permite a la fuerza policial agremiarse, pues eso no está en contra de la Constitución Nacional. La conformación del tribunal a partir de enero de 2025 no parece ser auspiciosa para un cambio de temperamento, ya que de los tres ministros que hoy integran la Corte Suprema de Justicia, solo el Dr. Rosatti ha sido partidario de la agremiación, mientras que Lorenzetti y Rosenkrantz han votado en su contra en un reclamo que debieron resolver en el 2017 hecho por el Sindicato Policial de Buenos Aires (SIPOBA) ante el Ministerio de Trabajo procurando ser aceptado como organización gremial.
Promover el bienestar del trabajador suele ser un temperamento clave para mejorar el servicio que presta. ¿Y por qué no se piensa eso en cuanto a la función policial? ¿Qué diferencia a los trabajadores uniformados -y armados- de aquellos que cumplen alguna otra tarea en nuestra sociedad?
Recordemos que no es desacertado situar al trabajador policial entre los peores remunerados del estado, como así tampoco subrayar los altos índices de enfermedades laborales, trastornos psicológicos y sin duda alguna, suicidios. En más de veinticinco años de docencia en academias policiales, he tenido que lamentar muchas muertes por propia mano, más allá de las lesiones y decesos “en y por” actos de servicio, como suelen denominarse en la jerga policial.
La sindicalización por su parte, suma otro mecanismo de control a los protocolos de atención psicológica de los efectivos policiales, que llevan a cabo una tarea cuya carga emotiva nadie discute. También impediría reclamos como el que se suscitó en plena pandemia, por sobrecarga laboral, hecho por los policías bonaerenses frente a la quinta de Olivos en Septiembre de 2020. Y ello por no recordar los del año 2011 en todo el país.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara al expresar que los trabajadores policiales deben gozar del derecho a organizarse para discutir sus condiciones de trabajo y peticionar a las autoridades como una forma indispensable para desarrollar su conciencia profesional -opinión consultiva 27/21-.
Desde otro punto de vista, la viabilidad de la agremiación policial permitiría situar al policía en un ambiente laboral similar al del ciudadano que está destinado a proteger. Y cuando hablamos de “policías” me refiero a la totalidad de las fuerzas federales como así también las fuerzas provinciales -o de la Ciudad de Buenos Aires– y sus servicios penitenciarios.
Tibios atisbos de sindicalización, a pesar de la prohibición, se pueden ver en Córdoba, Río Negro, en la propia Santa Fe o Entre Ríos, aunque con el formato de mutuales o cooperativas de ayuda que solo tienen personería civil y no sindical. La provincia de Buenos Aires tiene desde hace más de treinta años al Sindicato Policial Bonaerense (SIPOBA), que ha agotado todas las vías de reclamos administrativos y judiciales posibles, hasta el momento de manera infructuosa.
Sin embargo, existe hoy luz al final del camino. Es preciso recordar que el propio presidente Milei anunció una serie de reformas en materia de seguridad, que se han venido concretando desde el segundo año de su mandato. Tal vez la transformación que viene experimentando la Policía Federal Argentina sea un verdadero ejemplo, destinada a convertirse en una agencia especializada en la investigación criminal, profesionalizando más aún el rol que ocupa en los últimos años, cuando comenzó a ser una fuerza con presencia investigativa en todo el país. Recordemos que es una de las policías de mejor imagen pública y nuclea los recursos técnicos y humanos más importantes en cuanto a investigación criminal en Latinoamérica.
Y es de esperar que estos vientos de cambio también lleguen a las restantes fuerzas federales, siendo tal vez éste el puntapié inicial para su extensión a todo el país.
Existen entonces las condiciones propicias para que nuestra sociedad permita a las fuerzas del orden la agremiación y el ejercicio constitucional de sus derechos, que todo trabajador argentino tiene.
Crear los carriles aptos para el reclamo por las condiciones de trabajo, no debe interpretarse como una afectación al orden jerárquico o como un menoscabo a la obediencia necesaria para que una institución de estas características pueda funcionar. No sucede con las policías del mundo, que tienen desde hace muchos años la posibilidad de reclamar por sus derechos, y no sucederá con la policía en nuestro país. Mejorar sus condiciones laborales sin duda alguna habrá de traer beneficios para el servicio de seguridad que nos brindan.
