Aunque el Gobierno desreguló el mercado y el ministro Federico Sturzenegger había anticipado una baja en el precio de la vacuna antiaftosa, la segunda campaña de vacunación de 2025 comenzó esta semana con los mismos valores que se mantienen desde hace casi un año. La esperada competencia de precios, condicionada al ingreso de dosis importadas, todavía no se concretó. El sector ganadero espera ahora si la situación podría modificarse recién en la campaña de 2026.
El conflicto, que desató una disputa entre laboratorios, se centró en el elevado costo de la dosis y en la composición de la vacuna. En la práctica, sin embargo, los productores agropecuarios que inician la campaña siguen pagando $1370 por dosis. Ese precio no varió desde el último aumento del 24,5% registrado en diciembre de 2024, cuando pasó de $1100 a $1370.
“En diciembre va a hacer un año que la vacuna no aumenta, lo cual es importante. Pero tampoco ha bajado, porque no ha entrado todavía una vacuna importada”, explicó Fernando Ferrari, prosecretario de Carbap y coordinador de la Comisión de Sanidad de la entidad.
A principios de este mes, el gobierno eliminó requisitos para importar vacunas desde el exterior, a través de la resolución 749/2025 y la resolución 750/2025 con las que modificó la resolución 333/2025, que exceptuó a las dosis del cumplimiento de requisitos históricos locales de habilitación y posibilita que el control de series comerciales se realice en los países de origen bajo estándares internacionales. Lo hizo con autorización por equivalencia.
Los precios de las vacunas, que contemplan los costos operativos para la segunda campaña de vacunación. Gentileza CRA
No obstante, como se mencionó, las vacunas producidas por laboratorios como Biogénesis Bagó y CDV se comercializan a $1370 y $1405 por dosis a los entes sanitarios y a las fundaciones encargadas de controlar la aplicación. El productor, además, debe afrontar un costo operativo por la aplicación realizada por esos entes reguladores, lo que eleva el gasto total por encima de esos valores. Esos costos de aplicación aumentaron un 10% respecto de la última campaña.
“Hoy, las únicas vacunas que tenemos son nacionales. Tengo entendido que el laboratorio Tecnovax, que iba a importar, no ha podido hacerlo”, agregó Ferrari.
Conviene recordar que el debate técnico también fue clave en la disputa. El Gobierno, a través del Senasa, autorizó el cambio en la composición de la vacuna al eliminar la cepa C3 Indaial —utilizada históricamente en la formulación de vacunas contra la fiebre aftosa en Sudamérica—, cuya utilización quedó excluida en Argentina a partir de marzo de 2025. Actualmente, la formulación de vacunas antiaftosa en el país utiliza las cepas O1 Campos, A24 Cruzeiro y A Argentina 2001.
El argumento oficial fue que la cepa C3 no registra circulación viral en el país desde hace 19 años. Eso permitió pasar de una fórmula tetravalente, que solo se fabricaba en la Argentina, a una bivalente o trivalente empleada en otros países de la región, lo que facilita la importación desde mercados como Brasil, opción que buscaba Tecnovax. “El último foco por la cepa que estábamos utilizando, fue en 2006, y por eso el Senasa consideró conveniente sacar esa cepa que hace mucho que no aparece. No vamos a tener ningún problema de cobertura. A no ser que los últimos focos que han aparecido en Europa y en África —que son cepas que nosotros ya no vamos a utilizar acá— llegaran, pero estamos lejos de eso”, agregó Ferrari.
Fernando Ferrari, prosecretario de Carbap y coordinador de la Comisión de Sanidad de la entidad. Gentileza
Para el experto, el Senasa demostró que no hay circulación viral de la cepa eliminada, por lo que consideró conveniente su supresión. Si bien señaló que aún se está aplicando el stock remanente de la vacuna tetravalente, a partir del próximo año se empezará a usar la bivalente. “El único país que fabricaba tetravalente era la Argentina. En el resto del mundo se utilizan vacunas bivalentes”, subrayó, al explicar por qué el mercado local estaba cerrado.
La segunda campaña de vacunación de 2025, que comenzó este lunes, está dirigida a las categorías menores: terneros, novillos y vaquillonas. Abarca un universo de entre 28 y 30 millones de cabezas. La primera campaña del año, realizada entre marzo y abril —la que incluye a todas las categorías, incluidas las mayores—, implicó la aplicación de alrededor de 49 millones de dosis. Vale recordar que entre las medidas del Gobierno también se redujeron 16 millones de dosis anuales de vacunación para la aftosa, según la resolución 711/25 del Senasa.
“Si entrara la vacuna importada, seguro que competiría, pero no lo sé. Aunque lo importante es que no ha aumentado. O sea, van dos campañas con el mismo precio. Vamos a esperar eso”, dijo, y aclaró que la vacuna se paga en pesos desde siempre. Por ahora, la promesa de una baja de precios impulsada por la competencia sigue siendo una cuenta pendiente.
Federico Sturzenegger fue uno de los promotores de la desregulación de la vacuna antiaftosa
Fuentes de la industria señalaron que la variabilidad del precio final para el productor está vinculada a “los costos operativos”, ya que la vacuna en sí mantiene los precios del año pasado, pero ese margen está relacionado con la aplicación y los aranceles cobrados por los entes aplicadores y certificadores de la obligatoriedad de vacunar. “La campaña de vacunación se hace junto con la de brucelosis. Y los costos operativos, los entes y fundaciones se los cargan a la vacuna antiaftosa, pero en rigor está distribuido en ambas vacunas. No se entiende por qué se asocia el precio y los costos de ambas vacunas”, remarcaron.
Sturzenegger sostuvo en su momento que el cambio en la normativa permitiría ahorrar 100 millones de dólares anuales, al eliminar la exigencia del Senasa de aplicar una vacuna tetravalente que solo podía producir un laboratorio local. El funcionario explicó en X que ese requisito “bloqueaba la competencia” y mantenía los precios casi tres veces por encima del valor regional: mientras en la Argentina la dosis cuesta 1,20 dólares, en Uruguay vale 0,72 y en Paraguay 0,35, pese a que el mismo laboratorio la comercializa allí. Según sus cálculos, el país pagó durante 25 años un sobreprecio de 0,85 dólares por dosis, sobre un total de 100 millones de vacunas aplicadas cada año.
