Carlos Gamond, presidente de la comisión libertad de prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, fue recibido por el presidente de la Convención Constituyente Jorge Busti, junto a los convencionales Rosario Romero, Miguel Carlín, y la prosecretaria de la Convención Graciela Pasi. Asimismo, estuvo presente Sebastián Etchevehere, secretario de Redacción de El Diario de Paraná. El objetivo del encuentro fue analizar el artículo 17, el que "será tratado nuevamente por el Pleno de la Convención Constituyente", reveló. Carlos Gamond, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), fue recibido este miércoles por el presidente de la Convención Constituyente Jorge Busti, y los convencionales Rosario Romero, Miguel Carlín, Julio Federik y el secretario y prosecretaria de la Convención, José Reviriego y Graciela Pasi, respectivamente. Asimismo, la reunión contó con la participación de Sebastián Etchevehere, secretario de Redacción de El Diario de Paraná. El objetivo fue abordar el artículo 17, que contempla la obligación de los funcionarios o empleados públicos de vindicarse ante la imputación de un delito formal, y que será tratado nuevamente por el cuerpo reformador. “Nuestra preocupación era por el tema de la inclusión, en la Reforma que se está haciendo, de un artículo que para nosotros, de alguna manera complica la actividad de investigación del periodismo, que de alguna manera coarta la libertad de prensa”, señaló Gamond tras el encuentro. Asimismo, comentó luego que “hemos tenido una muy buena conversación, lo primero que hemos encontrado es una gran receptividad para todas las inquietudes nuestras; algunas modificaciones que ellos han hecho hasta donde permite la convocatoria original a la Reforma, y todo el espíritu de seguir conversando e intercambiando opiniones a futuro en lo que tiene que ver con la tarea específica de la prensa”, manifestó el integrante de ADEPA.El texto del artículo 17 había sido aprobado por el pleno, y contempla la obligación de los funcionarios o empleados públicos de vindicarse ante la imputación de un delito formal. Este artículo manifestaba: “El funcionario o empleado público a quien se le impute formalmente delito cometido durante el desempeño de sus funciones deberá querellar para vindicarse. La acción deberá ejercerla dentro del término de 45 días desde la toma de conocimiento de la imputación bajo pena de constituir incumplimiento grave que habilite su remoción a tenor de los procedimientos previstos para su cese como funcionario o empleado público. A los fines del ejercicio de la acción gozarán del beneficio del proceso gratuito que comprenderá los gastos que demande su defensa. El funcionario o empleado público sobre quien recayera condena penal firme por delito cometido contra la administración será apartado del cargo en forma inmediata”. Con relación a esto, Gamond señaló: “Nosotros sostenemos que era una cuestión arbitraria y discriminatoria”. Sin embargo, agregó que “todo esto va a ser subsanado porque ellos también lo advierten así”.
