Un sector del peronismo está impulsando una reforma tributaria integral que comenzó a ser redactada como un paper y ya empezó a circular por algunos despachos de los diputados y senadores que van a asumir el cargo el próximo 10 de diciembre. El primer objetivo es generar masa crítica al interior del PJ y tratar de recuperar centralidad en la discusión política como una opción viable, en el contexto que dejó el cimbronazo del revés en las urnas.
El documento –que aspira a convertirse en un proyecto de ley- busca contraponerse, no solo al plan del Gobierno Nacional, sino a las recetas más a o menos repetidas sobre las que orbita el kirchnerismo, que no encuentra fundamentos técnicos que no apelen a la nostalgia. La foto de los economistas en San José 1111 no movió la aguja.
La difusión del contenido de las reformas aguarda que la oposición tome la iniciativa en una agenda que domina la Casa Rosada cuyos nubarrones en los fundamentals económicos se los despejó la Casa Blanca, con la ayuda directa de Donald Trump que arrojó el salvavidas con el timming correcto. Ámbito accedió al contenido parcial de la propuesta que se asienta en aliviar al castigado sector de las PyMES pero en la comprensión de que el argumento de no generar déficit fiscal es uno de los triunfos discursivos de la gestión de Javier Milei.
El plan propone que las PyMES tengan un alivio fiscal, por un lado y una simplificación administrativa, en una primera etapa bajo el prisma de un análisis de consumos e ingresos. Pero –de acuerdo al texto al que accedió Ámbito cuya redacción es del diputado electo por Entre Ríos Guillermo Michel– también supone analizar el costo tributario laboral, pero de manera conjunta con la reforma laboral, caballito de batalla del Gobierno al que adhieren los empresarios y parece ineludible también para el sindicalismo.
Nuevo régimen SIMPLE
La iniciativa más visible es el régimen denominado “SIMPLE”, ideado como un puente entre el actual Monotributo y el régimen general, que buscaría formalizar a 680.000 microempresas que generan 1,3 millones de empleos, pero sin sacrificar la meta fiscal. La premisa es que se mantenga el superávit de +1 p.p. para 2026 de modo de no afectar los ingresos de las provincias por coparticipación. Una manera de capturar la atención de los gobernadores.
La primera etapa consistiría en bajar el nivel de trámites en la presentación de declaraciones juradas para las PyMES, y lograr más progresividad del sistema tributario. Hoy el pasaje al régimen general implica el salto al vacío de las declaraciones juradas y el pago de IVA y Ganancias.
Propone como beneficios que no existan declaraciones juradas de IVA ni de Ganancias; que el único impuesto que tenga que tributar se calcule en base a la facturación y tabulado según tipo de actividad; y que pueda incluir a sociedades que se encuadran como microempresas y personas humanas de pequeña envergadura fiscal. Esto dejaría adentro a los gammers y a los exportadores de servicios para formalizar a quienes trabajan hoy para el exterior, por ejemplo. Quedan así excluidos de regímenes de percepción y/o retenciones para no restringir el capital de trabajo de los contribuyentes.
El impuesto que se paga es un porcentaje de la facturación, calculado automáticamente por ARCA, sin mayor trámite. Se subsumen IVA, Ganancias, Bienes Personales y Autónomos, a la vez. Las alícuotas son las que varían por actividad entre un 7,5% y un 15%.
El plan contempla la prórroga del alivio fiscal mediante la devolución simplificada de IVA y derechos de exportación, (que funciona para que los exportadores mejoren capital de trabajo). Pero, quizás lo más novedoso sea que postula amplificar el RIGI –con el que el Gobierno Nacional buscó tentar a grandes empresas con beneficios en casos de inversiones importantes- pero incluyendo a PyMES para que reinviertan utilidades. Las mismas pequeñas y medianas empresas podrían gozar de la baja de Bienes Personales del 0,5% al 0,375% durante los próximos dos años, algo que la Ley Bases solo contempla hasta fines de 2025.
alicuotas
Compensación para no tocar el superávit
El desafío principal que enfrentan las propuestas que ha ido desplegando la oposición sin éxito es el argumento del propio Milei –incluso sobre los vetos- de cómo financiar el gasto de reformas que benefician o alivian a un sector sin afectar el superávit exhibido por Economía. El paper que se convertirá en proyecto de ley confía en que lo que puede mermar de la recaudación se neutraliza con la ventaja que otorga la simplificación a la alta tasa de informalidad en la que hoy está inmersas las microempresas (la mayoría de personas humanas).
La regularización conjuraría el panorama que hoy exhibe el sector: 35% estimado en informalidad de las ventas (el fisco no recauda nada de esto); la práctica de generar créditos fiscales apócrifos; y el bajo nivel de cumplimiento. Según el análisis de los fundamentos, y solo por tomar de ejemplo a Ganancias, las sociedades que facturan entre $100 y $1000 millones al año tributan un magro 2,1% sobre ventas.
El programa que busca ser discutido en el Congreso utiliza como vía de compensación una alícuota incremental de Bienes Personales para grandes empresas que gradualmente pase del 0,375% al 0,625%, lo que redundaría en un +0,04 p.p. del PBI.
En el mismo sentido, apunta a establecer una escala progresiva para dividendos y venta de acciones que compense por un +0,03 p.p. PBI. En grandes empresas hoy la tasa es plana y ubicada en el 7%. La escala propuesta va del 5% al 10%, según magnitud. En cuanto a rentas de capital es similar el escenario: de una tasa plana del 15%, se insaturaría una escala que va aumentando del 10% al 20%.
La discusión del proyecto tendrá mayor o menor volumen de acuerdo al nivel de apoyos que concentre en la política, pero podría coinvertirse en una opción viable al menú de un solo paso que propone el Gobierno, que ha tenido margen para descalificar técnicamente otras propuestas menos integrales. También puede auxiliar a la oposición que ha carecido de planes con solidez técnica que disputen la agenda sobre todo de cara a la discusión por las tres grandes reformas que dominarán el escenario del Congreso para el próximo año. Y que el Gobierno necesita sí o sí para mostrarle resultados a Estados Unidos, a quien le delegó la certificación de gobernabilidad a cambio de la ayuda.
