El fallo del juez Virgilio Galanti que declaró inconstitucional -en forma parcial- el decreto del gobernador Gustavo Bordet que fijó nuevas distancias permitidas para fumigar cerca de escuelas rurales despertó lecturas encontradas entre los colectivos docente y ecologista, que apoyaron la sentencia, y sectores del agro, que la rechazaron. El gobierno provincial, en tanto, anunció que apelará la medida.
El texto rubricado por el gobernador a principios de agosto establecía distancias para fumigar de acuerdo al nivel de toxicidad de los productos utilizados. Primero ordenaba una “zona de exclusión” en la que no podía aplicarse ninguno: los primeros 100 metros por tierra y 500 metros por aire a partir del casco de la escuela.
Entre los 100 y los 500 por tierra podía fumigarse con los agroquímicos menos peligrosos. Ya partir de los 500 ya podían aplicarse todos. Por aire, los productos menos dañinos quedaban autorizados a partir de los 500 metros. Los más nocivos podían comenzar a aplicarse desde los 3.000 metros de distancia.
El juez Galanti consideró que estas disposiciones vulneraban derechos a la salud y la protección del medioambiente contemplados en las constituciones provincial y nacional y la ley nacional de ambiente, por lo que declaró la nulidad del decreto.
Agmer: “discutir el modelo productivo”
La Comisión Directiva Central de AGMER manifestó su “satisfacción” ante “el quinto fallo consecutivo con que la Justicia da la razón a las organizaciones sociales que venimos planteando nuestras preocupaciones y advertencias frente a un modelo productivo irrespetuoso de la salud y los derechos ambientales de toda la población”.
El gremio docente señaló que “es momento ahora de avanzar en una discusión pública respecto del modelo productivo que nuestra provincia y nuestro país están dispuestos a sostener”.
Agmer destacó que “la lucha que llevamos adelante en Entre Ríos contra un modelo que envenena se ha convertido en modelo y referencia, sentando jurisprudencia que hoy se cita en los tribunales de todo el país, especialmente donde se sufren los efectos dañinos de este modelo de producción”.
Foro Ecologista: “imposible controlar las buenas prácticas”
Para el Foro Ecologista, la otra organización que viene dando la pelea judicial, es “inviable” que se revierta la inconstitucionalidad del decreto, dijo la abogada patrocinante de la entidad, Aldana Sacia, quien agregó que las “buenas prácticas” que proponen son “imposibles de controlar”.
Sasia consideró que el decreto “no tuvo ni un solo sustento científico como para fundamentar esta reducción de las distancias de aplicación y sólo se basó en dictámenes, propagandas, folletos y exposiciones del Fiscal de Estado a aplicaciones de agua para ver los efectos que tenía la deriva de este tipo de productos, sin obtener ni un resultado certero de cuál era el efecto sobre la salud”.
La letrada aseguró que “fue tan significativa la prueba que aportamos a través de cinco expertos del más alto prestigio científico que no creo que ningún tribunal se atreva a revertir” el fallo de Galanti.
Además,
en declaraciones a APF, la abogada retrucó la propuesta de las asociaciones de productores y del gobierno provincial sobre “buenas prácticas agrícolas”. Dijo que “son imposibles, porque es imposible controlar una gota de veneno, ya que tiene una volatilidad muy extensa y puede llegar hasta cinco mil metros o más”.
Productores
En la otra vereda, el director de la Federación Agraria en Entre Ríos, Elvio Guía, defendió el decreto y entendió que “estamos frente a un tema que va más allá de lo científico y es una cuestión ideológica, que respetamos pero no compartimos bajo ningún punto de vista”.
“La justicia ordinaria se expidió y creo que es permeable al humor social”, afirmó Guía y definió que el Gobierno de la provincia “había hecho un trabajo muy interesante y muy bueno, que podía tener un resultado diferente y ahora tendrá que dirimir esta cuestión el Superior Tribunal”.
El dirigente reiteró que con las mayores restricciones “está en juego la sustentabilidad de muchos productores” y afirmó que el nuevo fallo “trae complicaciones y malestar”.
“Nosotros consideramos que sí hay aval científico en el decreto. El INTA ha hecho sus trabajo, se han presentado profesionales médicos toxicológicos”, insistió, según registró APF.
Guía -centro- rechazó el nuevo fallo.
Guía sugirió que las aplicaciones podrían hacerse “a contraturno cuando no hay chicos en la escuela o los fines de semana. Esas son las incoherencias que no entendemos y que atentan además contra las escuelas agrotécnicas, sobre las que decimos que debemos generar arraigo para generar trabajo y condiciones de vida”.
