Desde la Fundación Barbechando, su presidenta Ángeles Naveyra definió el nuevo equilibrio político como “un Congreso de tercios”, donde ninguna fuerza tendrá quórum propio. La dirigente explicó en diálogo con Ámbito que “la alianza La Libertad Avanza–PRO se convirtió en la primera fuerza al alcanzar 107 bancas en Diputados y 25 en el Senado, lo que le permite sostener vetos presidenciales y ampliar su margen de negociación con los bloques provinciales y radicales”.
Naveyra señaló que “el trabajo de la fundación será clave para acompañar a los legisladores que se suman al espacio agroindustrial y precisó que buscarán “fortalecer el vínculo técnico con cada legislador y acompañarlos con información y propuestas concretas”. “Barbechando nació para tender puentes entre la política y la producción, y ese rol hoy se vuelve aún más necesario”, dijo.
Quiénes son los nuevos representantes del agro en el Congreso
Entre los nuevos senadores se destacan Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), productor agropecuario; Pablo Cervi (Neuquén), ingeniero agrónomo y empresario frutícola; y Patricia Bullrich (CABA), con vínculos familiares con el sector.
En Diputados, ingresan Alicia Fregonese (Entre Ríos), productora agropecuaria; Gisela Scaglia (Santa Fe), politóloga y dirigente rural; Carlos Zapata (Salta), productor y contador público; Abelardo Ferrán (La Pampa), veterinario y decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam; Gonzalo Roca (Córdoba), abogado y productor; Jorge Fernández (San Luis), exministro de Justicia con raíces rurales; y Abel Chiconi (San Juan), enólogo y exvicepresidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Para Barbechando, todos ellos conforman “una nueva camada de legisladores comprometidos con el desarrollo federal y con la defensa de la cadena agrobioindustrial”.
En tanto, el fin del actual período legislativo implicará la salida de nueve dirigentes rurales: Atilio Benedetti, Alfredo De Angeli, Paula Omodeo, Juan Carlos Polini, Roberto Sánchez, Ignacio García Aresca, Martín Arjol, Marilú Quiroz y Víctor Zimmerman.
Naveyra reconoció que “se van referentes con mucha trayectoria en la defensa del campo”, pero destacó que el recambio permitirá “renovar la agenda y mantener la representación del interior”. Según explicó, “los diez nuevos ingresos equilibran la salida de los actuales y garantizan la continuidad de un trabajo institucional que ha sido clave para lograr avances concretos, como el dictamen del Régimen de Incentivo al Desarrollo Agroindustrial (RIDA) y la inclusión de la Ley de Contrato de Trabajo Agrario en la Ley Bases”.
Las reformas estructurales y la construcción de confianza
Barbechando considera prioritario que el Congreso trate tres grandes reformas: la laboral, la tributaria y la presupuestaria. Para Naveyra, “la reforma impositiva es impostergable, porque el sistema actual, con más de 155 impuestos, asfixia a las empresas y desalienta la inversión”.
Además, destacó la importancia de una planificación presupuestaria que priorice la producción: “El presupuesto nacional debe reflejar el esfuerzo de los contribuyentes y destinar los recursos a los sectores que más empleo y desarrollo pueden generar”.
Sobre el plano laboral, sostuvo que es necesario revisar la normativa actual para adaptarla a la realidad de las economías regionales. “El trabajo agrario necesita una ley moderna, que proteja al trabajador pero también reconozca las particularidades de una actividad estacional e intensiva en mano de obra”, subrayó.
Pese a los avances del espacio legislativo del agro, la Fundación Barbechando advierte que el nuevo Congreso arrastra una larga lista de proyectos postergados. Entre ellos figuran la Ley de Semillas, que busca actualizar el régimen de propiedad intelectual y garantizar el acceso a genética de calidad; la Ley de Suelos, orientada a conservar la fertilidad y prevenir la erosión; y la Ley de Fertilizantes, que propone incentivos fiscales para la reposición de nutrientes esenciales.
Naveyra recordó que estos proyectos “llevan más de una década esperando tratamiento”. En su evaluación, “no se trata sólo de leyes técnicas, sino de políticas estratégicas para asegurar la sustentabilidad del modelo productivo argentino”.
El senador electo Pablo Cervi, que aportará su experiencia como empresario frutícola, coincidió con ese diagnóstico y amplió el debate hacia los temas económicos estructurales. En diálogo con Ámbito señaló que “lo principal será la reforma tributaria y la laboral, porque tienen un alto impacto en el sector”. “Si logramos reducir la carga fiscal de Ingresos Brutos y modificar el esquema impositivo, podremos potenciar el agregado de valor, que hoy está penalizado por el sistema”, agregó.
Cervi agregó que las economías regionales necesitan un marco más moderno y precisó que “en la fruticultura, por ejemplo, la mano de obra representa cerca del 40 % del costo total”. “Los aportes y contribuciones equivalen al 9 % de una caja puesta en el puerto. Con esos números, está claro que una reforma laboral bien diseñada puede marcar la diferencia”, señaló.
También consideró imprescindible reabrir el debate sobre la Ley de Semillas, vinculándola con los acuerdos internacionales: “Estados Unidos ya planteó en su agenda bilateral el respeto a las patentes y a las obtenciones vegetales. Es una discusión que Argentina debe dar para acceder a materiales de calidad, pero preservando sus formas de producción y las necesidades de cada región.”
Pero para lograr estos avances, será fundamental el compromiso y fundamentalmente la voluntad de lograr acuerdos, especialmente entre quienes hoy ocupan un cargo en la dirigencia rural y quienes tienen un lugar asegurado en la nueva confirmación del Congreso. Sobre este punto, la diputada electa Alicia Fregonese -productora agropecuaria entrerriana- aportó una mirada autocrítica sobre el vínculo entre el campo y la política y consideró que “la grieta más grande es entre la política y el ciudadano”. Uno de los mayores desafíos será reconstruir la confianza entre ambos mundos, porque “aún para quienes venimos de las entidades rurales, cuando llegamos al Congreso nos miran de otra manera”.
Fregonese sostuvo que es necesario fomentar la participación de los productores en los espacios de decisión, aunque reconoció las dificultades que enfrentan. “El nivel de participación del campo en la política es bajo porque los productores siempre estuvieron muy castigados. Sin embargo, necesitamos involucrarnos si queremos cambiar las cosas.”
Para la diputada, el diálogo entre las gremiales agropecuarias y los representantes legislativos será clave para lograr consensos reales. “Hay que construir confianza para avanzar en acuerdos y obtener resultados. El país necesita previsibilidad, y eso sólo se consigue con diálogo y reglas claras”.
Para asegurar y fortalecer ese diálogo, será determinante el rol de Barbechando, donde según Naveyra “no importan las banderas partidarias sino que el agro sea reconocido como motor económico y social de la Argentina, porque si a la agroindustria le va bien, al país le va a ir bien”.
