Frente al cuestionamiento sobre la legalidad del Decreto N° 1769/08 que dispone el nuevo avalúo de las propiedades de parte de la Defensoría del Pueblo, desde la Comuna se informa que la recomendación es equívoca y con ella se corre el riesgo de mal informar a los ciudadanos. En este sentido, el Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, Alejandro Cánepa, defendió la medida oficial."Debo poner de manifiesto que la Recomendación elaborada por la Defensoría contiene un error de concepto, más allá de los errores jurídicos que también se evidencian en la fundamentación que la motiva", manifestó Cánepa, al tiempo que explicó que "el error de concepto mencionado radica en que se confunde lo que significa una modificación de las alícuotas de las Tasas y demás tributos municipales, con una actualización de los avalúos fiscales que resultan la base imponible de aquellas. Esto, porque aún cuando la actualización de los avalúos impacten directamente sobre la liquidación y cálculo de los montos imponibles de las Tasas, ello no se traduce, necesaria ni consecuentemente, en un aumento liso y llano de las mismas, precisamente porque para tomar la determinación de esta medida se contemplaron criterios de progresividad tributaria, equidad y razonabilidad, es decir, los valores que la Defensoría recomienda tener en cuenta". Lo expuesto por Cánepa se puede evidenciar en el propio Decreto cuya aplicación se recomienda suspender. En el documento se expresa claramente que se ha dejado fuera del efecto que el revalúo pudiera tener sobre los montos de las Tasas, a casi la mitad del padrón de contribuyentes. "La actualización de avalúos, fue dictado por este Departamento Ejecutivo en estricto cumplimiento de sus facultades legales y competencias, puesto que las mismas se derivan de dos Ordenanzas específicas sobre la materia: el Código Tributario Municipal (Ordenanza N° 6410) y la Ordenanza Tributaria del año 2008 vigente (Ordenanza N° 8737)", especificó el funcionario y continuó explicando que "lo anterior, de ninguna manera significa una delegación de funciones, ni tampoco una delegación de la potestad tributaria que (hoy) está en cabeza del Concejo Deliberante de la Ciudad. Por el contrario, significa el reconocimiento de las facultades de reglamentación de las leyes (Ordenanzas) con las que cuenta el Departamento Ejecutivo, de manera tal de completar, interpretar e integrar el ordenamiento jurídico marco precisado por el HCD. Los avalúos son una actividad eminentemente administrativa y reglamentaria de competencia esencial del Departamento Ejecutivo Municipal. La Defensoría del Pueblo, no debería ignorar esto". A efectos de argumentar más al respecto, se hace mención a la nota elevada a la Defensoría, el 4 de Febrero del 2009, por el Presidente Municipal, Dr. José Carlos Halle, como respuesta a su Recomendación, en la que el mandatario refirió que "la confusión de la Defensoría radica en sindicar al Departamento Ejecutivo Municipal su inhabilidad e incompetencia para la modificación y aumento de las Tasas, cuando éste no ha hecho eso, sino la actualización de los avalúos según una expresa autorización para ello otorgada por el propio Concejo Deliberante local. Por lo tanto, entiende este DEM que siendo incorrecto lo planteado por la Defensoría respecto de la inconstitucionalidad e ilegalidad del Decreto N° 1769/08, no resulta ello motivación idónea, ni suficiente, para solicitar y/o recomendar su suspensión". El segundo punto de la Recomendación en cuestión (N° 1/09) llevó a Cánepa a la conclusión de que "la Defensoría no ha analizado correctamente el Decreto N° 1769/08, puesto que se han contemplado todos y cada uno de los criterios de tributación allí enunciados; y se lo ha hecho de manera expresa y evidente: paga más el que más servicios recibe (de acuerdo a la localización de su inmueble), paga más el que tiene una propiedad de alta calidad constructiva; paga más el que posee un terreno baldío (sobre los cuales el impacto del avalúo equipara el sostenimiento de los servicios con lo edificado). Así mismo, se consideró la situación de los Jubilados y Pensionados, la de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad social a raíz de los niveles de NBI, la de aquellos que viven en zonas en las que aún no se presta la totalidad de los servicios. Seguramente tendremos cosas que corregir que se irán viendo en la misma implementación de la medida, porque ésta es perfectible, pero lo que no se puede decir es que no se hayan contemplado las variables necesarias antes de tomar la decisión del revalúo". Es menester recordar, que la Defensoría, en el año 2006, criticó duramente a la gestión anterior por imponer un "Fondo de Contribución Solidaria para la Obra Pública" que establecía un mínimo mensual igual para todos los contribuyentes. Decía la Defensoría, con el criterio de entonces, que el mismo "resulta inequitativo y no solidario, dado que igualaba a todos los contribuyentes, aún a los de menor capacidad contributiva, constituyéndose en una Tasa con graves efectos regresivos". Haciendo referencia a ese capítulo, Cánepa esgrime que "si se razona con honestidad intelectual, el Decreto N° 1769/08 no puede ser calificado de la misma forma, ni tampoco puede argüirse que el mismo violente los más básicos principios tributarios como los mencionados; por el contrario, si hablamos de criterios como los de igualdad, razonabilidad y progresividad, puede leerse del mismo que los aumentos de los avalúos van del 0% al 90% según, justamente, la zona en la que vive el contribuyente, los servicios que se les brinda (o la cercanía a ellos) y el valor que poseen actualmente sus propiedades en el mercado local". Concretamente, desde la Comuna se manifestó que con esta medida se equiparan los sacrificios en función de la capacidad contributiva y de la mayor cobertura de servicios, "respetando a rajatabla, por primera vez en mucho tiempo, el principio de progresividad de la tributación, tan anhelado por la propia Defensoría", según expresó el Secretario Legal y Administrativo.A los funcionarios municipales les llamó poderosamente la atención que la Defensoría se haya apartado de su habitual proceder, ya que entienden que ha dirigido una Recomendación al Ejecutivo Municipal que resulta, por lo pronto, inmotivada y errada en su fundamentación; sobre todo, sin haber solicitado los informes pertinentes que generalmente pide, previo a la resolución de temas y reclamos con la importancia y trascendencia social como la del presente. En este sentido, en la misiva que extendiera el Intendente a la Defensora del Pueblo, días atrás, éste la exhortó a que "sin menoscabar su independencia ni libertad de criterio, ultime los recaudos e instancias a su disposición para realizar las colaboraciones y críticas que puedan solucionar los problemas de los vecinos de Paraná, dado que la opinión de tan importante Organismo, para una gestión que la respeta, puede inducir a error a los vecinos, o imputar injusta o estimular erradamente al Departamento Ejecutivo a una conducta equivocada".Protesta en la casa de HalleEn la noche de este miércoles, un grupo de vecinos autoconvocados realizó una manifestación frente a la casa del intendente José Carlos Halle, ubicada en calle Illia, entre Alem y 25 de Mayo. Lo hicieron después de haber mantenido una reunión en la Sociedad Friulana, donde decidieron esa medida, confirmaron el bocinazo para hoy y resolvieron no abonar la TGI en el primer venciminto (que opera hoy). En tanto, ayer se informó desde la Comuna, que el intendente estaba en Buenos Aires. Un numeroso grupo de vecinos cortó la calle frente al domicilio del intendente, cantó el Himno Nacional, aplaudió y se retiró pacíficamente. Mientras, la casa de Halle estaba custodiada por la policía.Repudio público al “escrache”Desde la agrupación peronista MP 26 repudiaron la actitud de un grupo de vecinos que se dio cita anoche frente a su hogar para manifestarse en contra de la modificación en los avalúos fiscales. Desde el MP 26 repudian "la actitud de un grupo de vecinos que, en desacuerdo con una medida tomada por un gobierno elegido democráticamente, optaron por el camino del insulto y la injuria a la persona de José Carlos Halle y, lo que es más grave, a su familia. “El escrache es la versión politizada de la patota. La patota y el patotero son dos versiones canallas de la vida cotidiana. La condena incluye al personaje del tango cuya condición de “sentimental” no lo libera de culpas. El escrache es lo mismo que la patota con la sutil diferencia de que los patoteros en este caso se justifican invocando una razón política. El patotero y el escrachador no son diferentes en lo que importa, es decir en el ejercicio de la violencia alevosa y cobarde. Lo que distingue a uno de otro es la retórica disfrazada de ideología. El patotero supone que sus acciones no tienen nada que ver con la política; el escrachador se justifica a sí mismo invocando argumentos políticos que transformarían un acto cobarde y miserable en una causa justa. Desde el punto de vista estrictamente político, el escrachador es más peligroso que el patotero porque uno viola el Código Penal mientras el otro viola la convivencia social”. Firman el comunicado Griselda Ascua – Rita Nieva – Chabrillon Ivan – Duré María del Carmen – Portela Pamela – Elcura Alejandra – Cardozo Aníbal – Centurión David – Magni Patricia – Pagana Javier – Sosa Jésica – Siguen las firmas…
