Este miércoles por la tarde, el jurado popular de Paraná declaró no culpables a los policías Rodrigo Molina y Diego Íbalo, quienes eran juzgados por la muerte de Gabriel Gusmán, ocurrida el 25 de septiembre de 2018 en el barrio Capibá. La resolución, dada a conocer cerca de las 20, pone fin a un caso que llevaba siete años en la Justicia.
Según registró ANÁLISIS, la audiencia se dividió en dos etapas. Por la mañana y hasta pasado el mediodía expusieron el cierre de la querella autónoma los abogados José Iparraguirre y Rubén Pagliotto, que insistieron en que el jurado debía condenar a los policías: a Molina como autor material del homicidio agravado por alevosía —“fue el autor del disparo”— y a Íbalo por comisión por omisión.
Por la tarde fue el turno de la defensa, representada por Miguel Ángel Cullen, Patricio Cozzi y Daniel Rosatelli, quienes pidieron la absolución de los uniformados.
El alegato de la querella: “Gusmán fue ejecutado”
En su extenso alegato, Iparraguirre recordó que el proceso tuvo la peculiaridad de no contar con acusación pública, ya que el Ministerio Público Fiscal archivó la causa en 2020 al coincidir con la teoría de la defensa. Pese a ello, la querella autónoma continuó la investigación y elevó el caso a juicio.
“Lo que se investigó en esta causa es un delito de homicidio agravado por alevosía”, afirmó el abogado al comenzar su alocución, según registró ANÁLISIS. Subrayó además que los siete años de trámite representaron “una pérdida de tiempo y dolor para los familiares de Gusmán, y para los imputados”.
Calificó el expediente como “muy difícil y complejo”, tanto por la cantidad de pruebas científicas y periciales como por las trabas para que declararan testigos: “Teníamos 8 testigos para declarar. Se animaron a venir sólo dos… también esta causa fue difícil y compleja porque hubo una decisión del Ministerio Público Fiscal de archivar y cercenar este proceso”.
Planteó tres teorías en disputa: la de la querella, que sostiene que fue un caso de gatillo fácil —“Estamos convencidos de que lo que sucedió fue una ejecución… ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no esperaron la llegada de otros móviles?”—; la de la defensa de Molina, que afirma que hubo un enfrentamiento y que los policías actuaron en legítima defensa; y la de la defensa de Íbalo, que discute si su responsabilidad puede derivarse de “no hacer nada”.
Iparraguirre sostuvo que “a Gusmán lo ejecutaron, le reventaron la cabeza” y detalló que cuando murió, a las “12 horas 21 minutos 24 segundos”, un móvil policial llegó apenas “catorce segundos después”, lo que, a su juicio, demuestra que los agentes podrían haber procedido de otra manera sin disparar a la cabeza.
La defensa: “Cumplieron su deber”
En contraste, las defensas cuestionaron con dureza la acusación de la querella. Cullen afirmó que no había certeza sobre quién efectuó el disparo: “Esta es una causa compleja. Tan compleja es que no sabemos quién disparó”.
Recordó que desde el primer parte policial se consignó que ambos uniformados efectuaron un disparo y negó que haya elementos para pensar en una manipulación de la prueba. También señaló contradicciones en testimonios y habló de situaciones de intimidación en el barrio: “Les tienen más miedo a las represalias barriales que a la policía”.
El abogado defendió la legitimidad del accionar de los efectivos: “Hay veces que el Estado no pena la muerte de una persona a manos de otra. Son causas de justificación”. Afirmó además que Gusmán estaba armado y disparando: “Emprende a tiros contra los funcionarios policiales, quienes hacen todo lo posible para no llegar al destino fatal”.
En su cierre, la defensa pidió al jurado que declarara no culpables a los imputados, porque —sostuvieron— “cumplieron su deber y desgraciadamente en ese cumplimiento tuvieron que dar muerte a Gabriel Gusmán”.
El veredicto
Tras varias horas de deliberación, el jurado popular informó cerca de las 20 su decisión: los policías Oscar Molina y Diego Íbalo fueron declarados no culpables.
De ese modo, y tras un proceso inédito por la ausencia de acusación fiscal y sostenido únicamente por la querella autónoma, quedó cerrado uno de los casos más extensos y controvertidos de los últimos años en Paraná.
