El juez federal Ariel Lijo declaró este miércoles la incompetencia del juzgado de María Servini para intervenir en la causa relacionada con el escándalo de la criptomoneda $Libra, y resolvió remitir el expediente a su par Marcelo Martínez De Giorgi, quien se encarga de otra denuncia vinculada. Esta decisión se tomó en el contexto de la subrogancia de Lijo, dado que Servini se encuentra de licencia. En su resolución, el magistrado sostuvo que, tras el impulso de medidas de prueba por parte del fiscal federal, se configuró un escenario que exige la unificación de la tramitación judicial.
En el fallo al que accedió NA, el juez argumentó que “existe una mancomunidad probatoria (y de personas imputadas) que, con el fin de lograr una mejor administración de justicia y evitar un dispendio jurisdiccional, requiere la tramitación conjunta de ambos actuados.”
De este modo, el caso $Libra será transferido al juzgado de Martínez De Giorgi, quien ya tenía en curso una investigación conexa. Desde ahora, será el magistrado a cargo de la instrucción sobre la maniobra de estafa millonaria relacionada con la fallida criptomoneda.
La decisión representa un cambio significativo en un expediente que involucra a financistas, empresarios y exfuncionarios, y que en los últimos meses ha recopilado numerosos testimonios y pericias contables de gran relevancia.
El rol de la comisión investigadora $Libra
Simultáneamente, la comisión investigadora $Libra de la Cámara de Diputados se volvió a reunir el 9 de septiembre para avanzar en su propio esquema de control político. La convocatoria se mantuvo a pesar de la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de comparecer y brindar declaración testimonial.
La ausencia de Melik generó fuertes críticas por parte de la oposición, que lo acusó de intentar “cubrir” al presidente Javier Milei y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, ambos involucrados en denuncias sobre presuntas responsabilidades en el entramado de la estafa.
Con el expediente ahora bajo la jurisdicción de Martínez De Giorgi, se anticipa una etapa de acumulación de pruebas y unificación de criterios procesales. El juez tendrá la responsabilidad de coordinar las medidas ya iniciadas y definir el rumbo de la instrucción penal, mientras el Congreso mantiene abierta su propia investigación.
DCQ
