El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio se refirió ala decisión adoptada por el juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró,de no inhibirse a favor del Poder Judicial provincial en la denuncia presentadapor un grupo de comerciantes para que se declarare inconstitucionalidad de laOrdenanza que prohibió la venta, acopio y aplicación del glifosato en el ejidode la ciudad.
Cuestionó el jefe comunal kirchnerista que “legisladoresoficialistas y de la oposición que son de Gualeguaychú, tanto provinciales comonacionales, no se hayan expresado sobre el proceder del juez en torno a lacausa”.
Los destinatarios de la interpelación son, por un lado, elsenador departamental de Cambiemos, Nicolás Mattiauda (abierto defensor del usodel glifosato, con control estatal); la diputada provincial Leticia Angerosa,el diputado nacional Juan José Bahillo y el senador nacional Pedro Guastavino,los tres del justicialismo.
En segundo término, el tiro por elevación de Piaggio alcanzaa los que son del departamento: los diputados provinciales Raúl Riganti (PJ) ySergio Kneeteman (Cambiemos) y el diputado nacional Atilio Benedetti(Cambiemos), los tres oriundos de la ciudad de Larroque. E incluso al senador nacionalAlfredo De Angeli y la diputada nacional Yanina Gayol, ambos del PRO y condomicilio en el departamento del sur entrerriano.
Las críticas del intendente llegan tras conocerse que eljuez Federal Seró, quien suspendió la ordenanza anti-glifosato al hacer lugaral recurso de amparo de los comerciantes y productores, rechazó la “inhibitoria”promovida por el juez subrogante de Primera Instancia de Garantías y Transición,Eduardo Ferreyra, para que se haga a un lado y deje la causa en manos de lajusticia local.
Seró elevó la decisión sobre la competencia del caso a laCorte Suprema de Justicia y así se dilata más la resolución del litigio.Mientras tanto, continúa libre la venta de glifosato en Gualeguaychú que habíaprohibido la ordenanza.
Piaggio se preguntó “cómo es que la Justicia Federal noentiende cuestiones que son tan esenciales”, como “la autonomía que tienen los municipiospara legislar en materia ambiental” y “la primacía del derecho precautorio enmateria ambiental”, es decir que “ante la duda o la evidencia de que se estáprovocando un daño a la salud y al medio ambiente, se debe priorizar laadopción de medidas por parte de las autoridades locales para hacer cesar losefectos de esos daños”.
“Llama poderosamente la atención que, tanto los legisladoresprovinciales y nacionales del oficialismo y de la oposición que provienen del departamentono se hayan expresado sobre el proceder de este juez federal”, lamentó el jefecomunal K.
“Deberían interesarse, porque esto no es un tema menor, esalgo que ha tomado trascendencia nacional. El ejemplo de lo actuado enGualeguaychú contra el glifosato, está siendo observado por muchas ciudades delpaís”, concluyó.
(Fuente: Máxima Online)