El intendente de Paraná, dos de sus funcionarios y unconcejal serán sometidos a juicio oral acusados de financiar la compra dedrogas en Entre Ríos, delito por el que podrían recibir hasta 20 años deprisión.
Se trata del ex diputado nacional por la UCR y actual jefecomunal de Cambiemos, Sergio Varisco, la ex subsecretaria de Seguridad GriseldaBordeira, el agente de tránsito Alan Nicolás Viola y el concejal Héctor PabloHernández. Los cuatro están imputados por infracción al artículo 7 de la Ley deDrogas 23.737 en una causa que investiga a una banda narco que lideraría DanielAndrés “Tavi” Celis, un histórico puntero político de la zona oestede Paraná. En el caso hay otros seis procesados.
La resolución de elevar la causa a juicio fue firmada estemiércoles por el juez federal de Entre Ríos, Leandro Ríos, que accedió alpedido realizado días atrás por el fiscal federal Carlos García Escalada, segúninformaron fuentes del caso a Clarín. El juez rechazó además los planteos denulidad y oposiciones al pedido del fiscal realizados por los abogados dealgunos de los imputados, entre ellos la defensa del intendente.
La investigación comenzó en 2016 por el reparto de marihuanaen camiones de basura municipales y derivó un año más tarde en la intercepciónde una “narcoavioneta” con 317 kilos de cannabis en ColoniaAvellaneda. Ese día hubo 14 detenidos, ocho de ellos empleados o funcionariosmunicipales.
El caso explotó luego del hallazgo de un cuaderno en la casade Daniel “Tavi” Celis, un puntero narco vinculado a Varisco, dondeaparecían el nombre del intendente y el de otros funcionarios junto a númerosque se corresponderían con cantidades de drogas. Celis está preso por unextraño robo en una chacra, que los investigadores creen que fue para pagar unadeuda narco.
“Tavi” es conocido en la zona oeste de la capitalentrerriana por su militancia barrial. Pero desde 2016 era investigado por laJusticia junto a su hermano Miguel Ángel, los dos sospechados de distribuirmarihuana en una amplia zona de Entre Ríos y Santa Fe con camiones de basuramunicipales.
La “narcoavioneta” terminó llevando por primeravez a Varisco a los tribunales federales, pero como testigo. El juez Ríos pusola lupa sobre un “acuerdo político” entre el intendente y el puntero durante lacampaña electoral: que, a cambio del apoyo de Celis, Varisco le otorgaría 40contratos, que terminaron siendo menos. Pero igualmente “Tavi” pudoponer gente de su confianza en la Unidad Municipal N° 2, y de acuerdo a la hipótesisde los investigadores, pudo desarrollar su negocio ilegal de distribución.
Aunque terminó preso por ese extraño robo en una estancia,Celis está acusado de seguir manejando la venta de droga desde la cárcel. Hayescuchas telefónicas con el concejal Hernández, su pareja Luciana Lemos(también procesada) y un abogado que lo comprometen. Esas escuchas derivaron enun allanamiento en la casa de Lemos en el que se encontraron 3,5 kilos decocaína, dinero y anotaciones.
Una de las pruebas en contra de Varisco, que asegura ser”inocente”, sostiene que el jefe comunal aportó dinero para financiarel equivalente a 2 kilos de cocaína dentro de un cargamento de 12 kilosproveniente de Buenos Aires. Lo compromete una anotación en una libre con nombres:”Varisco N=2×160=320-250=70 SALDO”, señalaba uno de ellos. De los allanamientosrealizados en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y el despacho delintendente surgió la sospecha de que los fondos provenían del desvío de dinerodestinado a pauta publicitaria oficial.
En el cuaderno hallado por la Policía Federal en la casadonde vivía la pareja de Celis aparecen más nombres. El primero es”Bordeira”. Para los investigadores se trata de la subsecretaria deSeguridad Griselda Bordeira, que terminó procesada con prisión preventiva. Allado de su apellido decía “X= 2X160=320-200=120-60= 60 DEVUELVE 775”. Eltercero en la lista es “Hernández”, que sería el concejal PabloHernández, que también está detenido desde junio. Junto a su nombre está, otravez, la misteriosa fórmula alfanumérica: “D=1×165 PAGADO”.
Con todas las pruebas reunidas en allanamientos, análisis decelulares, escuchas telefónicas e investigación policial, el fiscal García Escaladasolicitó a principio de este mes la elevación a juicio del caso al considerarque “las actividades de comercio de estupefacientes llevadas a cabo por laorganización (…) resultaron financiadas por el Presidente Municipal de ParanáSergio Fausto Varisco, el concejal municipal Héctor Pablo Hernández, lafuncionaria policial afectada en comisión de servicio al Área de Seguridad dela Municipalidad de Paraná Griselda Noemí Bordeira y el empleado de laDirección de Tránsito de la Municipalidad Alán Nicolás Viola”.
En su resolución, el juez Ríos sostuvo que “seconsidera que la prueba determinada en el requerimiento fiscal de elevación ajuicio, concuerda con las constancias de cargo acumuladas al sumario y guardadebida relación con la imputación efectuada”.
