“Se acabó el kiosco: el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pasó de un déficit de 15.270 millones de pesos durante 2023 a un superávit de 7.238 millones de pesos en 2024 (montos expresados a valores actuales); para 2025, se proyecta también un saldo positivo. Saludos a todos. Fin”, publicó Manuel Adorni en su cuenta personal de X.
El comunicador libertario se unió a las controversias surgidas en los últimos días sobre la gestión de Carlos Pirovano al frente de la principal entidad reguladora del cine nacional. El mensaje del reconocido portavoz de Casa Rosada respaldó lo anunciado por los responsables del ente cinematográfico, donde explicaron el ahorro presupuestario del Instituto en detrimento del apoyo crédito a la producción industrial audiovisual.
Esta polémica se intensificó con el reciente estreno de Homo Argentum, el largometraje por episodios de la dupla Mariano Cohn – Gastón Duprat, protagonizado por Guillermo Francella, que enfatizó la dicotomía entre cine popular y cine independiente. Recientemente, en un programa televisivo, el presidente del INCAA afirmó apoyar la nueva cinta, aunque aclaró que aún no la había visto.
Desde su nombramiento en febrero de 2024, la gestión de Pirovano al frente de la entidad generó una ola de cuestionamientos provenientes de diversos sectores del cine argentino. Uno de los episodios más controversiales fue la reestructuración laboral a gran escala. En su primer día en el cargo, se ordenaron despidos de trabajadores, incluyendo miembros de los comités de selección de proyectos, lo que causó preocupación entre los sectores culturales. El colectivo “Unidxs por la Cultura” calificó esta medida como “un atropello” y subrayó que afectaba a quienes trabajaban bajo contratos precarios.
Posteriormente, se denunciaron numerosos despidos que redujeron la plantilla del INCAA a menos de la mitad de su personal. Esta drástica disminución tuvo repercusiones en la sede central, la ENERC, el cine Gaumont y la Cinemateca. Los trabajadores organizados en ATE emitieron un comunicado contundente tras la resolución del 31 de marzo, que no renovó contratos de monotributistas, considerando dicha decisión como una “declaración de guerra al cine nacional”. En esa reunión, incluso se discutió el posible cierre de plataformas como Cine.ar y Cine.ar Play, que pasaron a depender de la cartera a cargo de Manuel Adorni.
En el Boletín Oficial, se informó sobre la suspensión de todo tipo de apoyo económico a estrenos nacionales, festivales, subsidios para pasajes o material promocional. Estas medidas fueron consideradas un “desguace” institucional, especialmente en un organismo que posee autonomía y financiamiento propio gracias al Fondo de Fomento. En su momento, el Consejo Asesor también denunció que, durante más de catorce meses, no se convocó al organismo, omitiendo la Asamblea Federal que exige la Ley de Cine.
El Espacio Nacional Audiovisual (ENA), que agrupa entidades como CAIC, DAC y Argentores, acusó a la gestión actual de “no haber aprobado ninguna película argentina” durante todo 2024 y parte de 2025. Por su parte, APIMA se hizo eco de esta denuncia, afirmando que “en 2024 hubo ‘cero’ fomento a películas nacionales” y señalando que todas las producciones aprobadas habían sido gestionadas por administraciones anteriores.
En el festival de San Sebastián de este año, directores argentinos como Diego Lerman y actores como Leonardo Sbaraglia manifestaron su preocupación por el riesgo que representan los recortes del INCAA para el cine de autor local, advirtiendo que la identidad cultural podría verse comprometida si las políticas actuales se mantienen.
Sin embargo, especialmente en redes sociales, activistas y comunicadores afines al gobierno resaltaron los ajustes presupuestarios. Según cifras compartidas en esas plataformas, la plantilla se redujo de 700 a 350 empleados, se ahorraron cantidades significativas en alquileres e insumos, y se confirmó un superávit operativo después de años de déficit. Sin embargo, para el sector cinematográfico, estos ajustes representaron el colapso de la cadena de producción cinematográfica nacional y el desmantelamiento de estructuras fundamentales para la difusión comercial y cultural.
En lo que va de 2025, la producción de películas nacionales se ha reducido a la mitad en comparación con el año anterior. Esta cifra inquieta a los profesionales comprometidos con la cultura audiovisual. Hasta el momento, de las 102 películas estrenadas en salas de cine, se estima que menos de 40 recibieron apoyo o financiamiento parcial del INCAA. En 2024, casi 200 películas nacionales llegaron a las salas, de las cuales casi la mitad habían pasado por el Instituto.
Galería de imágenes
