SANTA FE.- La Justicia Federal de Rafaela procesó a dos expresidentes de la cooperativa láctea SanCor por la supuesta retención indebida de aportes sociales que debían realizarse por los empleados de la firma. La medida alcanza a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, quienes estuvieron al frente de SanCor entre 2020 y 2024. Cabe recordar que la cooperativa está en concurso de acreedores desde febrero pasado.
La causa, unificada en el Juzgado Federal de Rafaela, se originó a partir de dos denuncias casi simultáneas: una presentada por trabajadores de la planta de Sunchales a comienzos de 2024 y otra por operarios de la planta de Don Torcuato. En ambos casos se acusó a los responsables de no depositar las sumas retenidas en concepto de aportes jubilatorios.
En ese contexto, el secretario general de Atilra, el gremio de la industria lechera, Héctor Ponce, afirmó que “en un mundo como el actual, utilitario y habitualmente inclinado a perdonar delitos de individuos considerados de determinado estatus social, esta decisión de la Justicia es alentadora, aclarando al mismo tiempo que la inmensa mayoría de los empresarios de la actividad son probos, honestos y actúan siempre de buena fe”.
En el comunicado donde fijó posición sobre la cuestión, Ponce subrayó que “desde Atilra consideramos terminada esta etapa judicial, pero nunca y menos ahora nos quedaremos cruzados de brazos” sino que “continuaremos buscando las alternativas que permitan la subsistencia de la fuente de trabajo y los puestos laborales en el caso de que se produzca la liquidación de la empresa”.
El gremio aprovechó el momento para recordar que “hace muchos años expresábamos lo que estábamos seguros ocurriría con SanCor si es que no se tomaban las decisiones que había que tomar. No somos ignaros en la materia. Interactuamos no solo con empresas lácteas de la Argentina sino también con las principales transnacionales que operan en distintas partes del globo. Sin embargo, operaciones mediante, se iba destruyendo todo el trabajo que en beneficio del ¨Colectivo SanCor¨ queríamos construir”, enfatizó el comunicado.
El texto suscripto por Atilra recordó que “durante años fuimos tendiendo puentes con inversores lácteos de fuste para que, aporte económico mediante, se hicieran cargo de los destinos de la cooperativa. Todo eso fue boicoteado”, insistió.
El secretario general de Atilra, Héctor Ponce. Fuente: SunchalesHOy
Debe señalarse que desde el entorno de los procesados no se respondió ninguna consulta realizada en los últimos días por LA NACION.
Por otra parte, en la audiencia donde se expusieron los montos cuestionados por la presunta retención de los directivos de SanCor, se detalló que entre febrero de 2020 y octubre de 2022 José Pablo Gastaldi sería responsable de siete hechos correspondientes a los siguientes períodos y montos: Febrero de 2020: $14.563.950,52; marzo de 2020, $14.343.169,85; abril de 2020, $14.576.589,51; septiembre de 2020, $17.290.408,66; agosto de 2021, $22.821.855,36; septiembre de 2021, $22.785.901,23; octubre de 2021: $22.359.807,98.
A Alberto Eduardo Sánchez, que ejerció la presidencia con posterioridad, se le imputan dieciséis hechos comprendidos entre noviembre de 2022 y enero de 2024, en idéntico carácter de presidente del Consejo de Administración de la cooperativa. En esa instancia judicial, ambos imputados decidieron no hacer uso de la palabra. Luego, el juez rechazó la posibilidad de la “probation” o suspensión de juicio a prueba y sostuvo que “tuvieron la voluntad de no cumplir con el mandato preceptivo (depositar), es decir en su ánimo existió la intención de eludir las obligaciones con el propósito de una mejora patrimonial, teniendo especialmente en cuenta en este punto, que la suma total evadida asciende a $1.644.440.882,68”.
La empresa está en concurso de acreedores desde febrero pasado
El juez interviniente, Aurelio Cuello Murúa, dictó el procesamiento de Gastaldi y Sánchez por considerarlos presuntos autores. Ambos permanecerán en libertad, pero deberán prestar promesa de someterse al procedimiento, no obstaculizar la investigación y comunicar todo cambio de domicilio mientras dure el proceso. Además, el magistrado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados por 90 millones de pesos cada uno.
