El Gobierno nacional prorrogó la suspensión de las contrataciones en el sector público mediante el decreto 934/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial. La medida forma parte de la estrategia de empleo-publico-el-presidente-javier-milei-renovo-las-condiciones-para-las-contrataciones-en-el-2026.phtml">achicamiento del Estado impulsada por la administración, aunque prevé excepciones para áreas consideradas estratégicas o con regímenes especiales.
El texto dispone que las jurisdicciones y entidades que integran el Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal bajo ninguna modalidad. La restricción abarca a la planta transitoria, los contratos amparados por la Ley Marco de Empleo Público, los contratos laborales, las locaciones de servicios profesionales, las designaciones temporarias en cargos de planta permanente y las contrataciones financiadas por estatutos especiales o por fuentes extrapresupuestarias.
Sin embargo, el decreto habilita excepciones en sectores específicos. Se incluyen las universidades nacionales, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el Servicio Penitenciario Federal, el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el Cuerpo de Guardaparques Nacionales, los hospitales nacionales y los institutos de investigación dependientes del Ministerio de Salud, así como el personal de gabinete y las designaciones destinadas a cubrir cargos ejecutivos y jefaturas del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Cuando se aplique alguna de estas excepciones, el decreto impone una condición clave: por cada incorporación deberán computarse dos bajas previas. Se considerarán como bajas válidas las renuncias, jubilaciones, desvinculaciones o finalizaciones de contratos que se produzcan a lo largo de 2026. En cambio, no se contabilizarán aquellas salidas que se originen en planes de retiro voluntario ni en acuerdos especiales de desvinculación.
Además, toda incorporación autorizada en el marco de una excepción deberá contar con la validación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, lo que refuerza el control centralizado de la política de personal.
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