En el marco de los cambios que el Gobierno pretende introducir en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), funcionarios nacionales —encabezados por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne— entregaron formalmente a la Mesa de Enlace un documento que contiene una hoja de ruta para la reforma del organismo. Se conformó una mesa de trabajo para debatir los puntos planteados. El plan se articula en siete ejes generales que implican cambios estructurales en el ente. Ante una consulta de este medio, desde Agricultura declinaron hacer comentarios.
Según pudo saber este medio, los representantes del Gobierno propusieron la implementación de un plan de retiro voluntario para el personal del INTA. Se precisó que la iniciativa aún está en elaboración y que deberá ser evaluada por el área del Ministerio de Economía. Asimismo, se planteó revisar más de 200 programas y líneas de trabajo para determinar cuáles continuarán, cuáles se reformularán y cuáles se cerrarán. En ese punto se mencionó el posible cierre de algunos programas específicos, lo que abrió el debate.
En la reunión estuvieron Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA); Lucas Magnano, presidente de Coninagro; y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), no asistió debido a la falta de definiciones del Gobierno sobre la designación de su representante en el INTA. Por la parte gubernamental, además de Iraeta y Lavigne, participaron Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, y Carlos Alberto Vera, vicepresidente.
En diálogo con LA NACION, Sarnari señaló que el Gobierno puso sobre la mesa un documento con siete ejes de reforma estructural. Aunque en el acta final no se firmaron decisiones ejecutivas, se acordó una agenda de trabajo con plazos tentativos hasta abril de 2026 para analizar cada punto. El asunto más inminente es la apertura de retiros voluntarios. “Nos informaron que están trabajando sobre una propuesta, que casi la tienen lista, pero no nos trasladaron ni plazos ni propuesta económica”, dijo.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) Fabián Malavolta
El foco de mayor fricción es la reestructuración de los Centros Regionales. El plan oficial propone suprimir las 15 regionales actuales para fusionarlas en “cuatro o cinco macrorregiones” administrativas. “Nosotros defendemos la territorialidad. La eliminación de los 15 centros regionales va a generar muchísimo ruido”, advirtió la titular de la FAA, quien agregó que teme que la centralización administrativa derive en “una retirada del INTA del territorio”. Además, se planteó revisar el funcionamiento de las estaciones experimentales y agencias, con el objetivo de evaluar superposiciones, eficiencia operativa y la pertinencia de los trabajos, sin establecer cierres automáticos y analizándolo caso por caso.
Otro eje central fue el relevamiento de tierras improductivas para su eventual venta o desafectación. Vale recordar que el Gobierno busca la “desafectación” de 33.836 hectáreas que, según una auditoría oficial, se encuentran actualmente “en desuso”.
Según se detalló en un documento al que tuvo acceso LA NACION, los campos en cuestión han sido “debidamente analizados y se encuentran sin utilidad para fines de experimentación, además de reunir las condiciones dominiales necesarias para proceder a su desafectación”. El documento indicó que se han detectado aproximadamente 42.000 hectáreas que actualmente están en “desuso”, sin destino a actividades de experimentación ni de producción.
A lo largo del encuentro se propuso realizar un relevamiento de tierras productivas e improductivas, sin tomar decisiones sobre ventas o cesiones y con el compromiso de hacerlo con participación territorial y regional. Sarnari aclaró que la FAA inició su propio relevamiento en el centro del país y que, por ahora, “no muestra tierras improductivas”, aunque reconoció que falta auditar el NEA y el NOA.
El plan incluye además la revisión de las cooperadoras, con la posibilidad de clausurar aquellas que no funcionen correctamente, y un análisis exhaustivo de las líneas de investigación. En ese punto, la FAA trazó una línea roja en defensa del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF), cuya continuidad consideran “impensable no conservar”.
“Me voy preocupada, porque me parece que hay un claro intento de reducir administrativamente y que, abajo, esa reducción administrativa puede significar una retirada del INTA del territorio y de la cercanía con los productores. Habrá que trabajar mucho para buscar consensos y para que eso no suceda. Me parece bien una reunión informativa, de diálogo, pero el Consejo Directivo tiene mucho para trabajar”, aseguró Sarnari.
En rigor, observó que se habló de una modificación de la estructura organizativa, que implica revisar el organigrama interno para “eficientizar” el manejo. Según se aclaró, la intención es reordenar puestos y funciones sin que ello implique necesariamente despidos directos (más allá de los retiros voluntarios).
Por su parte, el presidente de la Rural consideró que lo que hoy sucede en el INTA es el inicio de un proceso de reorganización administrativa que el organismo venía debatiendo desde hace tiempo y que ahora se ordena con una agenda concreta. Explicó que en la reunión se habló de revisar la estructura general, fijar plazos de trabajo y dejar en manos del Consejo Directivo la definición de tiempos y del alcance de los cambios. “Fue una buena reunión, porque el Gobierno no impuso nada, sino que planteó una hoja de ruta”, destacó Pino.
Nicolás Pino, presidente de la RuralSociedad Rural Argentina (SRA)
Respecto de la estructura territorial, Pino descartó que se haya hablado de cierres automáticos y dijo que el debate se centró en poner en análisis los 15 centros regionales, así como en evaluar el funcionamiento de las estaciones experimentales. “No se habló de eliminar centros, sino de ponerlos a discusión y análisis para ver cómo se puede eficientizar el manejo interno y administrativo del INTA”, afirmó. En ese marco, también se propuso revisar más de 200 programas y líneas de trabajo para evaluar cuáles siguen vigentes y cuáles requieren ajustes.
En términos generales, el titular de la SRA se mostró conforme con el clima del encuentro y con el rumbo del proceso. “Me quedé bien; veo buena voluntad de los consejeros y reciprocidad con los funcionarios del Gobierno”, aseguró. Para Pino, se trata de una discusión lógica para un organismo con más de 70 años de historia: “Hay que eficientizar y ahorrar donde hoy no tiene mucha razón de ser, pero sin que desaparezca la presencia del INTA en las zonas productivas”.
