Adorni Anuncia Cambios en el Régimen Migratorio

A través de un comunicado del vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno argentino ha dado a conocer el lanzamiento de una reforma migratoria que se implementará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el cual será publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.

Esta medida tiene como objetivo endurecer los requisitos para la obtención de la residencia de extranjeros y gravar ciertos servicios, al mismo tiempo que busca ampliar los mecanismos para la expulsión de ciudadanos extranjeros del país. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de esta iniciativa, ya había establecido políticas similares durante la gestión de Mauricio Macri a través del DNU 70/17.

“Argentina ha sido demasiado permisiva en cuanto a quienes ingresan de forma irregular,” afirmó el vocero en una conferencia en la Casa Rosada, acompañado por Bullrich, el vicejefe del Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni. La elaboración legal de la medida estuvo a cargo de la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal.

Entre las disposiciones más relevantes, se establece que, una vez publicado el decreto, ningún extranjero con condena previa podrá ingresar al país. Además, aquellos que cometan delitos en el territorio argentino, independientemente de su pena, serán deportados; no obstante, aún no se han precisado los procedimientos correspondientes ni los plazos de espera para su ejecución. Se permitirá que los ilícitos con penas menores a cinco años sean motivo tanto para denegar el ingreso al país como para la deportación, según el caso.

Por otra parte, se exigirá el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. También se hará obligatoria la contratación de un seguro médico al ingresar al país. De acuerdo con datos oficiales, se busca reducir el gasto de 114.000 millones de pesos que ha implicado la atención a extranjeros. Tal como se había anticipado, se permitirá a las Universidades Nacionales fijar aranceles para servicios educativos dirigidos a residentes temporarios, aunque esta medida no afectará la educación inicial, primaria o secundaria.

Esta reforma fue anunciada por el presidente Javier Milei el 1 de marzo durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias. En su discurso, Milei subrayó la necesidad de cambios en la política migratoria del país, argumentando que Argentina ha sido generosa con los inmigrantes, pero no puede permitirse ser “un centro de beneficiarios a expensas de los argentinos”. Según el mandatario, esta reforma es un paso fundamental para consolidar un país “serio”.

Tras el anuncio, Catalán defendió la medida en sus redes sociales, afirmando que Argentina cuenta con “una política migratoria que invita al caos”, considerando que “en los últimos 20 años, han ingresado más de un millón de inmigrantes de forma irregular”.

Números Clave de la Población Carcelaria

El último informe anual del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP) reporta que la población carcelaria al 31 de diciembre de 2023 asciende a 111.967 personas, de las cuales el 6% (6.644 personas) son extranjeros. El 4% proviene de países limítrofes y Perú. Dentro de este grupo, 1.923 son de Paraguay, 905 de Bolivia y 857 de Perú.

En términos generales, el 39,2% de las personas privadas de libertad no tiene condena judicial. La sobrepoblación carcelaria se sitúa en un 20%, y la tasa de presos alcanzó su máximo histórico, con 240 internos cada 100.000 habitantes.

El informe anual 2024 del Ministerio Público Fiscal, publicado a comienzos de año, indica que hay 1.884 personas extranjeras detenidas dentro del Sistema Penitenciario Federal (SPF), lo que representa el 16,1% de la población carcelaria total. De este grupo, el 69% proviene de Paraguay, Bolivia y Perú. Al incluir a aquellos de Brasil, Uruguay y Chile, se supera el 80% de la población extranjera encarcelada.

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, se informó que el número de extranjeros en sus penales es de 3.050, lo que representa el 45% de la población carcelaria específica a nivel nacional.

El Decreto que Bullrich Busca Reinstituir

Además de la expulsión de migrantes, Bullrich tiene como objetivo reintroducir algunos elementos de su reforma implementada durante la presidencia de Mauricio Macri a través del DNU 70/2017, el cual fue derogado por Alberto Fernández en 2021 con el DNU 138/2021, tras diversas acciones de amparo colectivo presentadas por organizaciones sociales y de derechos humanos.

Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en un fallo que contó con la firma de los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.

Entre los puntos más cuestionados se encontraba la imposición de “restricciones regresivas a los derechos humanos de los migrantes”, en “contravención” de los estándares internacionales. Se citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que las limitaciones a los derechos fundamentales deben ser adoptadas mediante leyes formales del Poder Legislativo y no por actos administrativos, y que los procedimientos migratorios deben garantizar el debido proceso y el acceso a la justicia, especialmente en casos de expulsión o deportación.

Entre los aspectos destacados del fallo, se criticó el plazo de tres días para interponer recursos administrativos y judiciales contra decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones, considerado insuficiente, así como la facultad exclusiva otorgada a Migraciones para decidir sobre la reunificación familiar, sin posibilidad de revisión judicial.

Asimismo, se señaló que el decreto contenía un “vicio de finalidad” al justificar sus medidas en una supuesta relación entre migración y criminalidad, especialmente en relación con el narcotráfico. Este aspecto se prevé sea utilizado por sectores opositores para cuestionar el inminente decreto libertario.

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