El problema de las vacantes en la Justicia se profundiza con la salida de una funcionaria clave. El Gobierno decidió no enviar al Senado el pliego de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, para que renueve por cinco años su mandato. El 1° de febrero Martínez, jefa de todos los defensores oficiales, cumplirá 75 años y deberá dejar el cargo, ya que, al igual que ocurre con los jueces, a partir de esa edad sólo puede continuar mediante un nuevo nombramiento.
Martínez será reemplazada interinamente por el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín, de 64 años.
Así, las dos máximas autoridades del Ministerio Público quedarán en funciones provisionales: por un lado Langevín, y por otro el Procurador General, Eduardo Casal, que ejerce de forma temporal desde 2017 y en octubre del año pasado se transformó en el procurador con más tiempo en el cargo desde la recuperación de la democracia, consignó el diario La Nación.
A esto se suma la compleja situación en la cúspide del Poder Judicial: la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene vacantes dos de sus cinco sillas, lo que obliga al tribunal a convocar a conjueces cuando sus tres miembros no alcanzan un acuerdo y no pueden formar mayoría para dictar un fallo.
Eduardo Casal ejerce como Procurador interino hace 9 años.
La situación de la Defensoría en materia de vacantes es similar a la del resto de la Justicia, que cerró el año pasado con un 37% de sus cargos sin cubrir.
En cuanto a jueces, en estos dos años de gestión el Gobierno concretó sólo tres designaciones: la del catedrático Manuel García-Mansilla —que luego terminaría renunciando; Ariel Lijo nunca llegó a asumir—, y las de otros dos magistrados que cumplieron 75 años y cuyos pliegos sí fueron remitidos por el Ejecutivo al Senado para un nuevo acuerdo, algo que no ocurrió con Martínez.
El presidente Javier Milei se refirió a la designación de jueces en particular hace tres semanas, en diálogo con LN+, al recordar el frustrado paso de los pliegos de Lijo y Mansilla por la Cámara alta, antes de impulsar por decreto la designación de ambos. “Mientras el kirchnerismo en el Senado tenga más de un tercio, no puedo enviar jueces”, sostuvo.
El Gobierno tiene en sus manos más de 70 ternas para cubrir cargos vacantes en la Defensoría.
La Defensora
A fines de 2025, en una carta dirigida al Poder Ejecutivo, Martínez —al frente de la defensoría desde 2006— expresó su deseo de continuar cinco años más en el cargo.
En las últimas semanas el Gobierno mantuvo su caso “bajo estudio” y en las últimas horas decidió “no extenderle su mandato”, según fuentes al tanto de la resolución.
Su partida no sorprende: el prolongado recorrido profesional de Martínez como defensora se encuentra en las antípodas ideológicas del Gobierno y en los últimos tiempos no hubo señales a favor de su continuidad.
No obstante, fuentes gubernamentales indicaron que, hace alrededor de dos meses, desde el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cuneo Libarona, se elevó a Presidencia un informe sobre Martínez que contenía pronunciamientos tanto a favor como en contra de su continuidad, publicó el diario La Nación.
La relación entre Cuneo Libarona y la defensora, que se conocen “hace años”, es buena según quienes los rodean, a pesar de las diferencias en su mirada sobre la Justicia. Pero la decisión final sobre la continuidad de Martínez estuvo íntegramente en manos del presidente Javier Milei.
Martínez, de perfil bajo, asumió hace más de 20 años. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y licenciada en criminología. Trabajó en distintas cátedras de la UBA bajo la dirección de reconocidos juristas como Germán Bidart Campos, Eugenio Zaffaroni y Jaime Malamud Gotti.
Su trayectoria como jurista fue valorada en ámbitos locales e internacionales, y quienes reconocen su gestión destacan que, desde la Defensoría —desde donde se envían al Poder Ejecutivo las ternas de candidatos a defensores— se respeta “a rajatabla” el orden de mérito de los postulantes.
El lunes 2 de febrero, Martínez será reemplazada automáticamente por el defensor ante la Corte Suprema, Julián Langevín. De este modo se reproducirá una situación ya vivida por la propia Martínez en 2001 y en 2005, cuando asumió como defensora interina del Ministerio Público de la Defensa en reemplazo de Miguel Ángel Romero, quien renunció en 2005.
