La obra social, una prestadora de salud que se maneja con un presupuesto que llega a casi 140 millones al año, está resuelta a quitarle a los médicos la potestad del cobro de un coseguro de 5 pesos que pagan los afiliados, una puerta de entrada, dicen, para la generalización del plus, un sobrecosto en negro que queda fuera de la ley. Pero los profesionales resolvieron el miércoles 24 en un plenario de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) en Villaguay rechazar esa medida, decisión que impidió la firma de un convenio prestacional que dé cobertura en el primer nivel de atención a 250 mil personas a partir del próximo mes. El ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, dijo que el Gobierno “está avalando las gestiones del directorio” de la obra social provincial, y juzgó que la oferta de mejora del valor de las prestaciones presentada por el Iosper a los médicos “es muy interesante, es un esfuerzo importante que se hace desde el punto de vista financiero. Además, hay que tener en cuenta que ahora no hay atraso en el pago de las prestaciones, como ocurría en otras épocas”. El Iosper hoy paga cada prestación entre 15 y 18 pesos, según la antigüedad del profesional, y de ese monto, 5 pesos salen del bolsillo del afiliado, en concepto de coseguro. Durante la crisis, la obra social aceptó que el coseguro fuera percibido directamente en el consultorio, y no en la obra social, pero ahora quiere volver atrás con esa determinación, por una razón de peso: esa cifra, dicen, habitualmente es mayor a 5 pesos, y suele llegar hasta los 20 pesos, bajo la forma de plus. Los cálculos que han hecho determinan que sobre un volumen de 50 mil consultas al mes, los médicos ingresan unos 500 mil pesos extra en concepto de plus. Bordet dijo que “no tiene sentido mantener el cobro de plus en los consultorios. Se les está pagando en tiempo y forma, así que esta negación es sólo una actitud corporativa en un momento electoral que busca obtener algún rédito”. En el marco de ese conflicto planteado, y frente a la determinación de los médicos de dejar de brindar cobertura a los pacientes del Iosper, el ministro negó que puedan suscitarse inconvenientes en la atención sanitaria de la población. “No hay ningún riesgo de que la gente quede sin cobertura. Lo he hablado con el presidente de la obra social (Silvio Moreyra) y con el representante de la comisión fiscalizadora (Ricardo Rizzo) y ambos me han trasladado tranquilidad”, señaló Bordet. En realidad, si bien la obra social provincial es un organismo descentralizado, que se maneja gobernada por un directorio votado por los afiliados, en 2006 el Ejecutivo consiguió que la Legislatura votara una modificación a la ley de creación, y decretó una virtual intervención, con la creación de dos figuras clave, la gerencia general y la comisión fiscalizadora, cuyos integrantes fueron designados por el Gobierno. Y además, según el texto de la Ley 9.715, se le impuso un techo a los gastos operativos, del 12 %. Pero ahora las relaciones están bien. El ministro Bordet ponderó la gestión del directorio de la obra social, y subrayó que “sabemos del esfuerzo del Iosper para llegar a un acuerdo con la Federación Médica, pero no hubo de parte de los médicos un gesto que consiste en eliminar el coseguro, y el plus. Esto fue lo que entorpeció las negociaciones”.En ese marco, consideró “viable” la pretensión de abrir un registro propio de prestadores. “El PAMI está trabajando así, y funciona bien. También estuvimos hablando con médicos de hospitales públicos que quieran adherirse a ese sistema. Nosotros vamos a poner a disposición el padrón de profesionales de la red pública. El pueblo no puede estar sujeto a una presión de la corporación”, aseguró el funcionario. (El Diario)
