No será un presupuesto más el que se comenzará a discutiresta semana en el Congreso : es el presupuesto del déficit cero que,consecuentemente, traerá aparejado un fuerte ajuste del gasto público para elaño próximo. Este condimento no lo hace demasiado atractivo para su aprobación,pero aun así un grupo de gobernadores del PJ y sus representantes en elCongreso estarían dispuestos a prestar los votos necesarios al Gobierno para noagravar la ya frágil situación económica y social del país.
La grieta que se abrió entre los gobernadores peronistasfrente a la política de ajuste de la Casa Rosada anticipa una fractura en losbloques peronistas en ambas cámaras. El Gobierno hace sus cálculos: si lasprovincias más “amigables” confirman su apoyo, el oficialismo segarantizaría los votos suficientes para alcanzar la mayoría y sancionar el presupuesto2019 antes de noviembre próximo.
Cuentan entre esas provincias a Salta, Córdoba, Entre Ríos,Neuquén, Chaco, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero. Esperan sumar,también, a San Juan y Catamarca. Esto redundaría en una treintena de votosextra para el oficialismo en Diputados.
De cumplirse estos pronósticos, el oficialismo podríaprescindir del apoyo del Frente Renovador, otrora un bloque indispensable paraconseguir la mayoría en la Cámara baja. Los diputados que responden a SergioMassa y que comanda Graciela Camaño tienen una posición bastante más críticarespecto de la política económica del Gobierno que algunos gobernadores del PJ.”Muchos no queremos votar el presupuesto para no convalidar un ajuste quetodos los días arroja despidos en el sector público y en el privado”,confió un diputado de ese sector. Una alternativa que barajan es la abstención.
Igualmente, el apoyo en general que anticipa un sector delPJ no garantiza una aprobación a libro cerrado del proyecto. Al contrario, losgobernadores anticiparon que la discusión técnica sobre la letra fina delpresupuesto quedará en manos de los legisladores; son ellos quienes, en surepresentación, buscarán amortiguar el impacto del ajuste en sus distritos -porcaso, la eliminación del subsidio al transporte- con más subas de impuestos quea las que ya accedió el Gobierno.
El impuesto a los ingresos brutos será uno de los ejes deesta discusión: el Gobierno insiste en preservar la rebaja anual de estetributo prevista en el consenso fiscal suscripto el año pasado, pero algunosgobernadores procurarán suspender esta cláusula para mejorar sus recaudaciones.Lo cierto es que el presupuesto para el último año de gestión del actualmandato de Mauricio Macri traerá de todo, menos buenas noticias.
Según trascendió de los borradores que circularon durante laúltima reunión de los gobernadores peronistas con el ministro del Interior,Rogelio Frigerio , el martes pasado, las pautas macroeconómicas para 2019 noson precisamente halagüeñas: el crecimiento será cero, la inflación orillaríael 23% y el tipo de cambio que oscilará entre los 40 y los 42 pesos por dólar.
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , hará unapresentación formal del proyecto mañana y el jueves próximo concurrirá a laComisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados para dar inicio formal aldebate. El martes siguiente será el turno de Frigerio, uno de los articuladoresdel consenso gestado con un sector del peronismo no kirchnerista.
Paralelamente, el Gobierno enviará al Senado la adenda alConsenso Fiscal que incluirá las modificaciones impositivas con las que buscarácompensar el ajuste de $100.000 millones que cada una de las provincias deberáencarar en sus propias cuentas y los otros $ 300.000 millones que recortará laNación para alcanzar el déficit primario cero. Respecto del impuesto a lasganancias, la iniciativa prevé eliminar, desde el 1° de enero del año próximo,toda exención en los importes que perciban empleados y funcionarios públicosnacionales y provinciales en concepto de gastos, viáticos y bonificaciones.
Asimismo, pasarán a pagar este impuesto los resultadosprovenientes de actividades de “ahorro, de crédito y/o financieras o deseguros y/o de reaseguros” de las cooperativas y mutuales. La adendapropone, además, suspender en los próximos dos años la cláusula que no permitíani crear impuestos nacionales sobre el patrimonio ni incrementar la alícuotadel impuesto sobre los bienes personales. Y en esa línea también se deja sinefecto la baja de Sellos de 0,75% a 0,5% programada para 2019.
Por otra parte, quedará establecido en el texto que a partirdel año próximo la Capital y Buenos Aires -dos distritos gobernados porCambiemos- deberán hacerse cargo de la tarifa social del servicio de agua ydesagües cloacales prestado por AySA. Lo mismo sucederá con Edenor y Edesur,que pasarán a ambas jurisdicciones. Igualmente, la adenda también ratifica quelas provincias y la Capital definirán la tarifa eléctrica diferencialsubsidiada de los usuarios residenciales, así como el subsidio al transportepúblico de pasajeros.
