El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afronta una semana decisiva: la aprobación en el Senado de su proyecto de presupuestos para 2026 constituyó un avance esperado, pero sigue siendo insuficiente para garantizar la estabilidad de su gabinete. El lunes, la cámara alta —dominada por la derecha y el centro— validó el plan con 187 votos a favor y 109 en contra, allanando el camino hacia negociaciones clave con la Asamblea Nacional, donde el panorama resulta más incierto por la dispersión de apoyos políticos.
En la cámara baja, los problemas persisten. El proyecto del presupuesto de la Seguridad Social, aprobado la semana pasada por un margen extremadamente estrecho de trece votos entre 577 diputados, deberá ser ratificado de forma definitiva este martes. Conseguir los apoyos necesarios obligó al Ejecutivo a hacer concesiones importantes a formaciones opositoras, especialmente a los socialistas, como la suspensión de la reforma de pensiones aprobada en 2023 —una medida impopular que ampliaba en dos años la edad mínima de jubilación—. Además, se aumentaron las partidas sociales y hospitalarias, lo que agravó el déficit en más de 5.000 millones de euros.
Este deterioro fiscal pone en riesgo el objetivo principal del Gobierno: reducir el déficit presupuestario del sector público por debajo del 5 % del PIB el año próximo, en la senda del compromiso con Bruselas de situarlo en el 3 % en 2029. Los cálculos más recientes estiman que el desvío alcanzará el 5,3 %, apenas una décima menos que en 2025, según dijo el ministro de Economía, Roland Lescure, quien calificó como “inaceptable” un nivel superior al 5 %.
La aprobación de las cuentas de 2026 ha sido compleja desde su paso por la Asamblea Nacional, donde el rechazo fue casi unánime y sólo obtuvo un voto favorable. El texto volverá a la agenda parlamentaria después de que una comisión mixta de senadores y diputados, cuya sesión está prevista para el viernes, intente pactar una versión común que sería sometida a votación final la próxima semana en ambas cámaras.
El Gobierno afronta una tensión delicada: si el proyecto final busca asegurarse los votos socialistas, puede perder el respaldo de centristas y conservadores, mientras que La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la extrema derecha de Marine Le Pen mantienen su rechazo. Frente a la posible parálisis, crecen las presiones para que Lecornu utilice la vía constitucional que permitiría aprobar el presupuesto sin votación parlamentaria. El primer ministro había prometido evitar ese recurso para legitimar la negociación, aunque podría reconsiderarlo si fracasa el diálogo.
Si el desacuerdo persiste, el Gobierno podría verse obligado a presentar una legislación provisional de emergencia para garantizar el funcionamiento del Estado en 2026. Ese escenario dejaría, sin embargo, a Lecornu en una posición vulnerable ante una posible moción de censura, mecanismo que ya provocó la caída de sus predecesores Michel Barnier y François Bayrou entre diciembre de 2024 y septiembre pasado tras perder la confianza de la cámara baja.
(Con información de EFE y Reuters)
