El gobierno de Javier Milei y la Casa Rosada siguen explotando al máximo la agenda de seguridad para ganar espacio en la opinión pública y consolidar al núcleo duro de votantes. La vocera natural de esa línea es la ahora senadora, Patricia Bullrich, aunque la reciente revelación del New York Times, según la cual la Argentina habría firmado un convenio para recibir deportados de EE.UU., constituye una nueva mancha sobre la gestión de un área clave de la Casa Rosada que muestra luces y sombras.
Mientras la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, exhibe cifras sobre operativos migratorios (4.987 controles entre diciembre y enero) y, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta estadísticas a la baja de robos y homicidios, hay datos que generan preocupación, como el volumen de bajas en todas las fuerzas que dependen de la cartera: más de 8000 salidas desde el inicio de la gestión.
La raíz del problema es la precaria situación salarial de los uniformados. A eso se suma la mala gestión del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que ha provocado enorme malestar entre los afiliados. La conducción del IOSFA depende de Defensa y crecen las sospechas de desmanejos ante el déficit crónico del organismo, un problema que marcó la gestión de Luis Petri.
Otro foco de controversia es la creación de la nueva Dirección Nacional de Migraciones, cuyo titular sería Diego Valenzuela, otra ex referente del PRO de Tres de Febrero. El área, que le fue retirada a la cartera de Interior en el rediseño del organigrama a fines del año pasado, demora en su implementación y aumentan las sospechas sobre posibles internas y desacuerdos.
El caso de Nahuel Gallo y la falta de información sobre las condiciones de detención del gendarme también plantean dudas sobre la gestión de Bullrich y Monteoliva, aunque por ahora las negociaciones se concentran en la Cancillería de Pablo Quirno y, sobre todo, en el Departamento de Estado de EE.UU. Hace pocas semanas, Leandro Rizzuto, embajador de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó el país, en medio de un llamativo silencio.
En ese marco, Bullrich nunca dejó de proyectar su influencia sobre la cartera. Fue parte del acuerdo con Karina Milei que determinó su salida al Senado, una salida que no implicaba perder terreno en un ministerio que le resulta cómodo, tanto por la gestión como por su utilidad política.
La reforma del Código Penal y las modificaciones a la Ley Penal Juvenil que impulsa la Casa Rosada tendrán a Patricia como vocera natural en el Congreso.
No obstante, el dato más elocuente es el número de bajas en las Fuerzas de Seguridad (FFSS) desde que Bullrich asumió en diciembre de 2023 hasta, por lo menos, agosto de 2025: se registraron 7618 bajas. La cifra surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por PERFIL.
Según la información, hubo 89 bajas en la Policía Federal Argentina (PFA); 2377 bajas en la Gendarmería Nacional Argentina (GNA); 716 bajas en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA); 1570 bajas en la Prefectura Naval Argentina (PNA); y una sangría mayúscula con 2866 bajas en el Servicio Penitenciario Federal (SPF).
A las más de 7600 salidas hasta agosto de 2025, se suman en la PFA a partir de septiembre y hasta la fecha la salida de 130 oficiales entre retiros voluntarios y bajas y la salida de 672 suboficiales entre retiros voluntarios y bajas.
Solo como referencia: un comisario general (el escalafón más alto) de la Policía Federal cobró en diciembre pasado $2.955.560,26 brutos. A esa suma se le adicionan antigüedad, título o asignaciones por zona desfavorable. En la escala más baja, un Auxiliar de 7°, cobró $749,716,59 brutos. No obstante, la PFA fue la fuerza con menor número de bajas.
En tanto, en la Gendarmería un Comandante General (el escalafón más elevado) cobró $2.635.216 en bruto en noviembre del año pasado, mientras que un Gendarme II (el escalafón más bajo) cobró $711.920,04 en bruto. A esas cifras deben aplicarse los descuentos correspondientes. La Gendarmería es una fuerza clave por su presencia territorial, su control de fronteras y porque parte de su personal se destina a tareas de seguridad interna.
Por la función de “prevención barrial”, el escalafón más alto de la Gendarmería cobró un plus de $1.099.756,56 en bruto, mientras que el escalafón más bajo recibió $343.478,67 en bruto. Son cifras de noviembre del año pasado.
Aunque la gestión del IOSFA nunca estuvo a cargo de la cartera de Seguridad, ha sido un dolor de cabeza tanto para Bullrich como para Monteoliva. Por eso uno de sus objetivos prioritarios es crear una Obra Social propia para las fuerzas dependientes del ministerio. Esperan la firma del decreto presidencial para, a continuación, lanzar licitaciones con prepagas.
El año pasado circularon videos grabados con celulares que mostraban escenas dramáticas: familiares encadenados en la entrada del Hospital Churruca reclamando la atención de afiliados.
No está claro el número de afiliados que tendría la nueva obra social, pero rondarían los 150.000. A su vez, la creación de la nueva Agencia Nacional de Migraciones viene acompañada de ruido político. El organismo contará con una caja de $181.000 millones, la misma que estaba prevista para el viejo organismo migratorio en el Presupuesto 2026.
Valenzuela llega con la intención de conformar una Policía Migratoria, y su rol será observado con recelo por Monteoliva, quien elevó su perfil en sobre la temática migratoria, en línea con el ICE de Trump.
Otro punto débil de la gestión en Seguridad es la situación del gendarme Gallo, que permanece detenido en Venezuela. No está claro quién autorizó el viaje de Gallo al país caribeño y se sospecha que, al menos, hubo descuidos al permitir que el efectivo se trasladara a un país políticamente adverso a Milei.
Bullrich realiza gestiones para conocer el paradero de Gallo, pero las autoridades argentinas no cuentan con confirmación y dependen en gran medida de las negociaciones de otros países, como EE.UU.
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