Se suele identificar al partido de gobierno como el partido de los trabajadores, los justicialistas, pero eso es una creencia cada vez más lejana de la sociedad y de la realidad. En Entre Ríos donde el Justicialismo gobierna, desde hace más de dos décadas, hay un millar de trabajadores que de justicia social tienen poco y nada.
Para peor la inflación no para de crecer desde 2008 a la fecha.
Este caos que nos involucra a todos los argentinos, donde la clase política no es la excepción. De hecho vemos como los que gobernaron antes y gobiernan ahora se culpan mutuamente por la situación, pero la sociedad presiente que la responsabilidad es compartida por los tres últimos gobiernos.
Uno que se fue con la máquina de hacer billetes ardida, el otro que llegó para congelar la economía y se endeudó para pretender solucionar el problema que le dejaron. Y el actual que vuelve para intentar solucionar el lío económico que dejó el anterior y que, pandemia mediante y cuarentenato forzoso, terminó dañando más la economía de nuestro frágil país: Esto no es opinión, son datos de la realidad macroeconómica.
Volviendo a nuestra provincia, la situación actual de un millar de trabajadores es ultrajante. (La provincia de Entre Ríos se rige por la Ley marco de regulación de empleo público N° 9755/06 y su modificatoria 9811/07, más el decreto 3722/08). De allí luego se deriva un sistema laboral que genera una artera discriminación entre trabajadores con ‘Contrato de Obra’ y trabajadores con ‘Contrato de Servicio’.
La diferencia es significativa; la provincia tiene un plantel de trabajadores contratados similar al de planta permanente, siendo los contratados de obra casi la mitad de los contratados en general.
En rigor, los contratados de Obra son trabajadores precarizados sin derecho a licencias especiales ni asistencia social, que son obligados a tributar como monotributista pagándoles un salario de pobreza por la misma tarea que realiza un trabajador de planta permanente.
Un caso emblemático es el que están padeciendo casi 60 empleados de la Dirección Provincial de Estadística y Censos.
Estos trabajadores tienen a cargo la Encuesta Permanente de Hogares, la Encuesta permanente del Índice de Precios al Consumidor y la Encuesta permanente de Turismo y Hotelería.
La provincia constantemente recaba estos datos para sí misma y para el INDEC. Pero a la hora de pagarles el salario lo hace a un monto de pobreza equivalente a entre 30 y 45mil pesos; los cuales provienen en un 90% de fondos que les envía el Gobierno Nacional. Hoy, tras el ajuste perpetrado por el Ministerio de Economía de la Nación, esos fondos fueron recortados.
El gobernador Bordet calla esta situación, mientras estos trabajadores esperan desde hace dos meses se les page sus haberes. Muchos de ellos tienen más de 10 años de antigüedad bajo la modalidad del contrato de obra, que no es otra cosa que un contrato basura violador flagrante de todo derecho laboral. De esto sí es responsable el gobierno provincial. Dejar abandonados a estos trabajadores por no disponer de los fondos.
Esperamos a que antes de las fiestas el gobierno provincial renueve los contratos de estos agentes, ya no como de obra sino como de servicio, y de una vez pero todas haga honor a la justicia social que tanto pregona.
Desde el socialismo apostamos a que el próximo gobierno provincial de Juntos por el Cambio, del cual nosotros ya formamos parte, traiga la justeza que los trabajadores provinciales y municipales requieren, eliminando el contrato de obra en todo el ámbito provincial.
O sos un trabajador contratado o sos vacantes mediantes, un trabajador de planta permanente. Pero jubilación, licencias y cobertura de salud es ley pareja. Igualdad de derechos para todos y todas.
(*) dirigente de la Agrupación Socialismo Popular. Ex candidato a diputado nacional y a concejal por el PS. Actual Secretario adjunto del gremio UPTH.
