Una breve reunión de Gabinete, donde los ministros se retiraron rápidamente evitando el contacto con la prensa y manteniendo un hermetismo extremo, marcó el escenario en el que Javier Milei disparó contra la oposición a través de la red social X. Así, el Gobierno enfrentó el rechazo al veto presidencial sobre las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario.
A pesar de que se intentaron negociaciones en el último momento, con Santiago Caputo, el asesor presidencial, contactando al dirigente misionero Carlos Rovira para que los legisladores de esa provincia respaldaran los vetos, en Balcarce 50 sostuvieron que el resultado “de la votación era previsible”. Esto ocurrió tras una reunión de gabinete convocada a las 16 horas, coincidiendo con el inicio de la Marcha Universitaria. El encuentro duró casi 40 minutos y no se conocieron detalles. Ningún ministro permaneció en la Casa Rosada, a excepción del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y Lisandro Catalán, a cargo de la cartera del Interior, quienes regresaron a sus despachos en la planta baja.
El resto de los ministros se retiró con gran premura. Milei abandonó el lugar casi una hora después, y, como es habitual tras cada derrota, se mostró muy crítico con la oposición y los promotores del proyecto de ley a través de retuits. Uno de los mensajes compartidos por la juventud libertaria de Santa Fe destacaba: “Milei es el presidente que más recursos reales ha otorgado a las universidades públicas. Sergio Massa fue quien más les redujo el apoyo. Dato mata relato”. La afirmación se acompañaba de un gráfico que ilustraba la supuesta reducción de fondos a las facultades durante la gestión del tigrense como ministro de Economía de Alberto Fernández.
Paralelamente, además de afirmar que lo sucedido en la Cámara baja era previsible, en Balcarce 50 se enfatizó que el contexto electoral fue clave para que la oposición se uniera. “Aprovecharon la ocasión para posicionarse en un asunto que debe abordarse con seriedad y no con improvisación”, dijeron.
Por otra parte, surge la incertidumbre sobre lo que sucederá con la posible judicialización. Algunos sectores de la administración Milei fomentan esta posibilidad, aunque otros muestran cautela y admiten que no hay un plan definido. Aquellos que apoyan la idea de recurrir a la Justicia argumentan que las leyes no especifican la procedencia de los fondos para aumentar los presupuestos, incumpliendo el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público. Esta normativa establece que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe detallar las fuentes de los recursos necesarios para su financiamiento.
Aun así, fuentes libertarias han considerado la posibilidad de avanzar en la judicialización de las normativas o incluso en la sesión del Senado donde se aprobaron los textos. Desde el Ministerio de Justicia, con Sebastián Amerio al mando, se han evaluado diferentes escenarios. Sin embargo, no hubo correlato con la realidad. Tal vez por un detalle: el camino judicial tiende a ser largo y carece de antecedentes favorables. Esto fue subrayado a PERFIL por un destacado ex integrante de la Procuración del Tesoro, el organismo que agrupa a los abogados del Estado.
