El Gobierno de Entre Ríos presentó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna tras el hallazgo —realizado este miércoles— de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador Rogelio Frigerio y la Secretaría General de la Gobernación.
Ante la extrema gravedad de los hechos, que configuran un delito grave y atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se decidió formular la denuncia penal para que la Justicia determine quiénes colocaron esos dispositivos y con qué finalidad. Se presume que en esos espacios existen cámaras de videovigilancia que deberán ser analizadas.
Una fuente del Ministerio de Seguridad y Justicia informó a ANÁLISIS que están analizando los aparatos encontrados, que presentan gran similitud tecnológica y de sistemas con el dispositivo que instaló en su momento Edgardo Kueider cuando era secretario de la Gobernación, es decir, durante la primera gestión del entonces gobernador Gustavo Bordet.
Paralelamente, se abrió una investigación administrativa interna para establecer responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.
Desde el gobierno difundieron un comunicado en el que remarcaron: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.
En la publicación del portal oficial del gobierno de Entre Ríos añadieron: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.
Asimismo, aseguraron que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.
“La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”, concluyó el comunicado.
