De la redacción de INFORME DIGITAL
Luego de la polémica que generó la licitación de rutas provinciales, en la que empresarios advirtieron sobre diferencias millonarias y requisitos restrictivos, el Gobierno entrerriano salió a responder y defendió el procedimiento.
Fuentes oficiales explicaron a INFORME DIGITAL que la inscripción en el registro provincial de contratistas “es una condición sine qua non para poder participar de cualquier obra pública, las reglas están para cumplirse”, remarcaron.
“No hay sobrecostos: hay transparencia y obras estratégicas”
El Gobierno de Entre Ríos salió al cruce de las críticas sobre la licitación internacional para reconstruir tramos de las rutas 31, 32, 33 y 34, financiada por CAF. “Si hay algo que venimos a defender es la transparencia en la obra pública. Esta licitación se hizo con reglas claras, fijadas por CAF y la normativa provincial”, remarcaron desde la Secretaría de Comunicación a INFORME DIGITAL.
La licitación moviliza más de 36.600 millones de pesos para la reconstrucción de 64 kilómetros de rutas productivas clave en los departamentos Paraná, Nogoyá y Victoria, con la participación de 11 oferentes. El proceso no se definió solo por el precio: se evaluaron antecedentes, capacidad técnica, plan de trabajo, cumplimiento laboral y social, solvencia financiera y, especialmente, el Compre Entrerriano.
En este marco, la UTE Pietroboni–Pitón se impuso tras acreditar su condición de empresas locales, lo que le otorgó el beneficio adicional previsto en la normativa. Aunque su oferta no fue la más baja, sumó 38,44 puntos frente a los 40 de CPC, pero al aplicar el 20% adicional del Compre Entrerriano alcanzó 46,13 puntos. A eso se agregó la calificación en antecedentes emitida por el Registro de Contratistas, que otorgó 11 puntos a Pietroboni–Pitón contra 6 a CPC.
“Acá no hay sobrecostos escondidos. Hay inversión internacional, hay reglas claras y hay una decisión política de reconstruir rutas productivas que estuvieron abandonadas durante décadas”, afirmaron fuentes oficiales.
El Ejecutivo recordó que en el pasado la provincia pagó obras más caras que en otras jurisdicciones por la falta de transparencia, procesos obsoletos y pagos atrasados que inflaban los costos. “Ese ciclo terminó. Hoy Entre Ríos licita con transparencia, eliminó impuestos distorsivos y está digitalizando procesos para que cada peso rinda más y se priorice la competitividad de las empresas entrerrianas”, remarcaron.
Finalmente, destacaron que el Gobierno lanzó el Portal de Transparencia en la Obra Pública, para que cualquier ciudadano pueda ejercer el control social y verificar que cada proyecto se ejecute de manera abierta y eficiente.
Cabe recordar que la licitación cuestionada se desarrolló bajo la órbita de la Unidad Ejecutora Provincial, a cargo de Gustavo Cusinato, organismo responsable de canalizar los proyectos financiados por organismos internacionales como la CAF.
Gustavo Cusinato, Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
Por su parte, un empresario de la construcción reconoció que esta limitación existe en todas las provincias, incluso en Santa Fe, lo que muchas veces restringe la competencia. “Lo mismo nos pasa cuando queremos competir afuera: si no estamos inscriptos en el registro local, no podemos entrar. Es una práctica extendida en todo el país”, explicó.
Sin embargo, planteó que el mecanismo debería usarse de manera más integral. “Sería interesante que, así como se exige este requisito, también se evalúe a las empresas por la calidad de las obras realizadas. No debería medirse sólo por precio, sino también por antecedentes y cumplimiento en los trabajos finalizados”, propuso.
De este modo, mientras el Gobierno defiende la legalidad del procedimiento, el debate en el sector constructor gira en torno a cómo lograr un sistema que garantice competencia, transparencia y también evaluación de resultados.
