La Convención anual de la Cámara de la Construcción (Camarco) dejó un sabor contradictorio entre los popes del sector. El representante del gobierno en el evento, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, fue claro al señalar que mientras Javier Milei esté en el gobierno, no habrá un regreso al anterior esquema de obras públicas financiadas por la Nación.
Giovine, en cambio, ofreció a los dueños de las constructoras nuevos negocios en los que podrían incursionar, además de estimularlos a que se dirijan a las gobernaciones para futuros planteos de obra pública.
En concreto Giovine planteó que los privados podrían participar de un nuevo Procrear del que el Estado se retiraría para dejar paso a una administración privada que licitaría el desarrollo de las obras de viviendas en función de la rentabilidad potencial a lograr.
El primer paso ya lo dio el gobierno de Javier Milei días atrás cuando el Ministerio de Economía disolvió el fideicomiso que fondea al Procrear y transfirió la administración de los préstamos vigentes al Banco Hipotecario, donde el Estado tiene una minoría accionaria. El gobierno fundamentó la decisión en la necesidad de “mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto”.
En Economía apuntan que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado nacional, por lo que la marca Procrear será usada por el Hipotecario para lanzar nuevas rondas de financiación entre bancos y constructoras para fondear nuevos desarrollos.
Por otro lado, las 17.000 viviendas en construcción pasarán a manos de provincias, municipios o al sector privado mediante los acuerdos que generaría el Hipotecario.
Las rutas
El otro caramelo con el que el gobierno buscó endulzar a los constructores fue el relanzamiento de las licitaciones de corredores viales.
Casi en simultáneo con la Convención, el Ministerio de Economía lanzó la licitación para la explotación, mantenimiento y administración de las rutas 12 y 14, que se proyectan a ambos lados del río Paraná y son especialmente relevantes para el comercio en el Mercosur, así como las vías 135, A015 y 117, todas ellas con cruces con la 14.
El paquete fue valuado en unos U$S 200 millones por el titular de la Camarco, Gustavo Weiss, quien prefirió apuntar a las dificultades que enfrentaría el sector para conseguir el financiamiento de las obras versus la potencial renta que los nuevos concesionarios podrían obtener por el cobro de los peajes. La conclusión de Weiss fue que sólo el 25% de los corredores viales tienen una rentabilidad suficiente como para interesar la participación de las constructoras.
Esta limitación hace que Weiss considere que el negocio de las concesiones de ruta solo sea atractivo para las firmas especializadas en ese rubro, que ya tiene conocimiento técnico de las obras, del control de costos y del financiamiento. Con todo, conviene aclarar que las principales constructoras del país son las que históricamente participaron de las concesiones de rutas.
Además, desde el año pasado, Weiss viene bajándole el precio a la rentabilidad de las obras de infraestructura en general, en una posición que se pone enfrente de la voluntad del gobierno de que sea el sector privado el que tome la iniciativa en materia de infraestructura. «La obra privada en infraestructura a nivel global no supera el 15% porque no hay rentabilidad», remarcó Weiss en la Convención, repitiendo una puntualización que ya había hecho en 2024.
Giovine, el secretario de Obras Públicas, dijo en la Convención de Camarco que el gobierno nacional se quedará con 183 obras, pero no aclaró si permitirá el ingreso de constructoras del exterior para pujar por ellas.
Lo que viene
Según Luis Giovine, secretario de Obras Públicas, el gobierno impulsará nueve licitaciones en el próximo período, con cuatro obras que están próximas a comenzar. Entre ellas mencionó el acueducto en Tucumán, Catamarca y Chaco, y una planta de tratamiento de afluentes cloacales en Pinamar.
Pero, además, anticipó que las licitaciones de rutas alcanzarán a la decena de corredores que están en manos privadas, pero que se rediscutirán las condiciones.
Así, se realizarán audiencias públicas el lunes 30 de junio en Mendoza, seguida por encuentros en Tucumán, Chaco y Entre Ríos los días 2, 4 y 7 de julio para debatir las concesiones de rutas en el centro y centro norte del país, además de la Mesopotamia, el Noroeste, el Litoral”, el Noreste y el Chaco y Cuyo.
