En un contexto marcado por la disminución del turismo extranjero y la crisis en el sector hotelero, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará multas ante las denuncias de plataformas que ofrezcan alojamientos no registrados. Esta medida busca fomentar una competencia justa entre los alquileres temporarios con fines turísticos y la hotelería tradicional.
Actualmente, las sanciones oscilan entre 700 y 1.000 Unidades Fijas, valoradas en $731,62, lo que podría alcanzar hasta $731.620. Además, se realizará un seguimiento de los reportes presentados en Defensa del Consumidor para que se apliquen las sanciones correspondientes, y la AGIP impondrá multas a aquellos propietarios que no paguen el Derecho de Uso Urbano. Este impuesto es una tasa que deben abonar los turistas extranjeros mayores de 12 años por cada noche de estadía.
Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, expresó: “Como creemos que esto no es suficiente, vamos a hacer una presentación con todos los incumplimientos ante la Security and Exchange Commission de Estados Unidos, donde estas compañías tienen su domicilio, para dejar asentado que este tipo de plataformas no está cumpliendo las reglamentaciones vigentes en la Ciudad”.
“Estamos trabajando en un proyecto de ley para reforzar y aumentar las multas al valor estándar internacional a las plataformas digitales que publiquen departamentos que no estén inscriptos en el registro. Queremos que todas las opciones de alojamiento cumplan las reglas, asegurando un turismo más justo y seguro en la Ciudad”, añadió.
Registro de Alquileres Temporarios
En febrero de este año, el Ente de Turismo porteño modificó la normativa sobre el registro de Alquileres Temporarios con fines turísticos, con el objetivo de simplificar la inscripción de los inmuebles destinados a esta modalidad. La Ciudad de Buenos Aires es, además, el único destino del país que cuenta con una ley específica que regula este tipo de alojamientos.
Díaz Gilligan destacó que en el último año se duplicó el número de propiedades inscriptas en Buenos Aires: “Hemos creado una nueva figura para que las plataformas digitales estén a la par del sector hotelero en cuanto a la obligatoriedad impositiva, siendo ahora ellas las responsables de recaudar el Derecho de Uso Urbano”.
“Somos conscientes de que la oferta de alojamientos en la Ciudad es tan amplia como diversa. Por ello, asumimos el compromiso de acompañar al sector privado a través de iniciativas que faciliten una competencia justa entre todas las opciones de alojamiento”, concluyó el funcionario.
Varios países han implementado regulaciones en respuesta a la aparición de plataformas como Airbnb o Booking. En España, desde julio, los propietarios de viviendas destinadas al alquiler turístico deben inscribir obligatoriamente sus inmuebles en el Registro Único de Arrendamientos para poder anunciarse en plataformas y conseguir contratos y pagos de manera online. La falta de inscripción puede resultar en sanciones económicas que van de 2.000 a 500.000 euros.
Cómo es en otras capitales
No es el único caso en que las autoridades están regulando este tipo de plataformas: en Nueva York, la normativa prohíbe alquilar departamentos enteros por períodos inferiores a 30 días si el propietario no permanece en la vivienda durante la estadía.
Asimismo, en París, quienes alquilen su propiedad en plataformas como Airbnb sin el registro adecuado se enfrentarán a sanciones de hasta 100.000 euros. Los propietarios que no registren sus anuncios en la ciudad pueden ser multados con 20.000 euros (21.005 dólares).
La decisión del gobierno porteño surge en un contexto de fuerte caída en la demanda hotelera debido a la disminución del turismo receptivo. Al igual que en meses anteriores, en julio llegaron al país 704.000 extranjeros, lo que representa una disminución del 26,6% interanual.
Durante las vacaciones de invierno, la ciudad recibió a 530.000 turistas nacionales e internacionales, generando un impacto económico superior a los $200.000 millones.
Sin embargo, en el sector hotelero persiste la preocupación por la baja demanda y la imposibilidad de cubrir los costos fijos.
