A la par que busca contener la situación económica y aplacar la crisis política, el presidente Javier Milei continúa con la estrategia para acercarse nuevamente a los gobernadores, aunque por el momento no prevé desembolsar más dinero, uno de los principales reclamos por parte de las provincias.
Las tensiones surgieron hace ya varios meses y se manifestaron en el último tiempo en el Congreso, donde la oposición consiguió las mayorías necesarias para rechazar varios vetos y aprobar leyes que incomodan al Poder Ejecutivo, en buena parte gracias al apoyo de los mandatarios locales, que hicieron sentir así su descontento con la gestión libertaria.
En las próximas semanas, la administración nacional volverá a enfrentar importantes desafíos tanto en Diputados como en el Senado, con un escenario que aparece, a priori, adverso en ambos recintos.
Desde que asumió en el cargo, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, intensificó su agenda de reuniones con gobernadores y este martes visitará en Catamarca a Raúl Jalil, un peronista que supo mostrarse cerca de la Casa Rosada en anteriores oportunidades.
Sin embargo, en esta ocasión el funcionario no podría ir acompañado de su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, que para ese día ya se encontrará junto a Milei en los Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y participar de la bilateral con Donald Trump y el encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI); Kristalina Georgieva.
Tal como anticipó Infobae, la comitiva buscará que el líder republicano apruebe un préstamo extraordinario que la Secretaria del Tesoro norteamericana depositaría en el Banco Central de la República Argentina por un monto tentativo de 30.000 millones de dólares.
Con ese monto, el Presidente pretende garantizar dos cosas: pagar los futuros vencimientos de la deuda pública y privada, y fortalecer las reservas de la entidad monetaria para evitar que las subas abruptas del tipo de cambio pongan en jaque al programa de ajuste.
A nivel local, Catalán retomará las conversaciones con Jalil al igual que previamente lo hizo con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan).
En todos los casos, fuentes de las dos partes reconocieron que por ahora son encuentros para recomponer el vínculo, pero que no hubo un diálogo concreto sobre los fondos que Nación le envía a las provincias, que sigue siendo el conflicto puntual.
“Este año les dimos cuatro veces más de ATN que en 2024, así que, tendríamos que pensar a qué nos referimos cuando hablamos de ‘largar guita’, porque creo que es justamente eso”, sostuvo a este medio un funcionario al tanto de las negociaciones.
Al respecto, en la Casa Rosada remarcan que ese incremento supera ampliamente el índice de inflación, que fue de unos 40 puntos, por lo que cuestionan a los mandatarios locales que se muestran insatisfechos con esa suba. “Que gasten menos”, replican.
A pesar de las reuniones y las transferencias, los gobernadores aseguran, por su parte, que no les alcanzan los recursos y ese enojo se trasladó al Congreso, donde incluso aliados como Cornejo enviaron a sus diputados a votar a favor de la ley de financiamiento universitario.
Este mismo martes, mientras Catalán esté reunido con Jalil, en Diputados el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezada por Silvia Lospennato, del PRO, estará tratando la norma que modifica el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Esta también es una iniciativa que va en contra de los intereses de Milei, quien hace uso de esta herramienta para poder avanzar con varias de sus reformas y que, si prospera el texto impulsado por la oposición, cambiaría su forma de implementación.
Actualmente, y desde su creación en el 2006, los DNU son una facultad del Presidente y quedan vigentes desde el momento de su firma, a menos de que ambas Cámaras parlamentarias lo rechacen. Generalmente, los documentos ni siquiera llegan a debatirse.
El proyecto, en cambio, plantea que a partir de ahora estos Decretos tengan que ser avalados por los dos recintos legislativos, por mayoría absoluta de los presentes, en un plazo de 90 días luego de su publicación o, de lo contrario, dejarían de regir.
Además, el kirchnerismo también intentará convocar a una sesión para el 2 de octubre próximo, donde rechazaría dos vetos presidenciales para que recuperen vigor las leyes que declara la emergencia pediátrica, y que blinda los presupuestos de universidades públicas.
Si bien todavía esa fecha no está confirmada, el llamado podría formalizarse en cualquier momento. Por el contrario, el Gobierno quiere comenzar a debatir una reforma laboral y tributaria -está último, por pedido también del FMI-, para lo cual necesitará del respaldo de las provincias.
