El lema del gobierno de Javier Milei es transferir al sector privado todo aquello que pueda estar en sus manos. Aunque queda menos de un mes para que termine el año, el equipo económico enfrenta un objetivo claro: que Intercargo y Transener dejen de ser empresas estatales antes de 2026. Al mismo tiempo, aspiran a concretar el traspaso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) antes del primer trimestre de 2026.
Privatizar Intercargo y Transener
“Queremos que Intercargo y Transener estén en manos de los privados antes de fin de año”, destacó un alto funcionario del Ministerio de Economía a Infobae. Pese a que falta menos de un mes para que termine el 2025, se trata de un proceso que se inició a comienzos del año.
En el caso de Intercargo, el Estado se desprenderá totalmente de la compañía: se venderá el 100% del paquete accionario mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. No está previsto otorgar preferencias ni incorporar un Programa de Propiedad Participada. “No vale más que sus activos, USD 30 millones”, destacaron fuentes involucradas en la operación cuando se les consultó sobre cuánto podría aportar en dólares a Caputo.
“La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de ocho meses para completar el proceso de privatización desde la fecha. Además, solicitará a una entidad bancaria perteneciente al sector público nacional la tasación del paquete accionario de la compañía”, comunicaron en la Secretaría de Transporte en su momento.
El futuro de AYSA
No obstante, la administración libertaria no se detendrá con esas dos empresas: la siguiente en la lista es Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). “Entre febrero y marzo tiene que estar en manos de privados”, destacaron, aunque antes buscan volver atractivo el modelo de negocio. En la práctica, eso implica que el ministro de Economía avanzará con recortes de subsidios.
Tras la victoria oficialista en las elecciones de medio término, en noviembre se autorizó un aumento en las boletas de luz y gas del 3,8% y ahora otro del 2,8% para diciembre, en línea con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ajustar el gasto en esa variable. En el caso de AySA, las tarifas se actualizan un 1% cada mes. Ante la consulta de Infobae, fuentes oficiales de la empresa no respondieron cuánto resta ajustar la tarifa.
Al anunciar los incrementos mensuales, el Gobierno explicó que forman parte de un plan para reducir progresivamente los subsidios al consumo de servicios públicos, acorde con los compromisos fiscales de la gestión. Según datos oficiales, AySA presta servicio a más de 14 millones de personas en 26 partidos del conurbano bonaerense y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que cualquier modificación tiene un alcance amplio sobre el entramado social y económico de la región.
Privatización de Comahue
La apertura de las ofertas económicas para las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón y Arroyito y Cerros Colorados/Planicie Banderita se realizó el viernes 28 de noviembre. Los mayores puntajes correspondieron, en su mayoría, a operadores locales, que desplazaron a las compañías multinacionales extranjeras.
La represa Alicurá, con una potencia instalada de 1.000 megavatios, recibió la oferta más alta de Edison Inversiones, que propuso USD 162 millones por la concesión. Actualmente la filial argentina de AES gestiona la central y presentó una oferta de USD 130 millones para renovar su administración.
Para Piedra del Águila, con 1.400 megavatios de potencia, Central Puerto se posicionó como principal oferente con una propuesta de USD 245 millones, lo que permitiría que la central permanezca bajo la gestión de su operador histórico.
En el caso del complejo Cerros Colorados (Planicie Banderita), con una capacidad de 450 megavatios, BML Inversora presentó la oferta mayor, por USD 41,7 millones. Desde el mes pasado esa compañía ya controlaba la central tras adquirirla a Aconcagua Energía, que había asumido su gestión después del retiro de Orazul, la firma estadounidense que operó históricamente el complejo.
Caputo había señalado que esperaba recaudar USD 500 millones por los cuatro complejos, considerando las privatizaciones como una fuente clave de ingreso de divisas. No obstante, el Gobierno se garantizó un ingreso mínimo de USD 685 millones con estas cuatro operaciones.
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