El presidente Javier Milei firmó este viernes el primer paso formal para abrir un nuevo round legislativo durante el verano: el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que, según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se publicará el próximo martes en el Boletín Oficial. Con esa jugada, el oficialismo pone en marcha una agenda cargada de proyectos que considera estructurales para consolidar su programa político y económico, y que buscará impulsar en un Congreso donde la tensión, las negociaciones y el nuevo dispositivo político tendrán su primera prueba de fuego.
La convocatoria incluirá: Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal, Reforma del Código Penal, modificación de la Ley de Glaciares, reforma laboral y reforma tributaria. Cada una de estas iniciativas avanzará con dinámicas propias, pero todas comparten un punto en común: requieren volumen político, algo que el oficialismo debe construir pese a las tensiones internas.
En el caso del Presupuesto 2026, en la Casa Rosada dan por descontado que será aprobado. Los bloques dialoguistas ya dieron señales suficientes de acompañamiento y, según comentan desde el entorno de Martín Menem, la negociación técnica está en su tramo final. Sobre todo, cuentan con el apoyo de gobernadores que requieren fondos para obras públicas.
El Gobierno necesita mostrar sus metas fiscales y su hoja de ruta económica, incluso si luego, en el Senado, surgen ajustes o modificaciones. El mensaje político que transmite el propio Milei es que la administración ya no está en modo transición, sino en pleno ejercicio de poder. Además, será una señal clara para los actores económicos, el sistema político y su propio electorado.
El tablero es distinto en torno a la Reforma del Código Penal, donde el Ejecutivo resolvió apostar por un formato inusual: enviar el proyecto dividido en capítulos. La estrategia busca evitar el rechazo en bloque y permitir que cada tramo consiga mayorías circunstanciales. Quien jugará fuerte en sostener la iniciativa y pretende seguir sumando respaldo político es Patricia Bullrich, quien esta semana presentó el proyecto en la Casa Rosada.
La incógnita hoy es cuántos capítulos integrarán el paquete. Algunos en el Congreso hablan de cinco; otros, de siete u ocho. En Balcarce 50 prefieren mantener el hermetismo y aseguran que la estructura final será “flexible” y se adaptará al ritmo de la negociación política, una señal de que el Gobierno no quiere repetir los tropiezos iniciales.
Otra de las apuestas fuertes será la llamada Inocencia Fiscal, más conocida como “sacar los dólares del colchón”, presentada por José Luis Espert meses atrás. El texto apunta a modificar prácticas de fiscalización consideradas abusivas y a redefinir criterios de responsabilidad tributaria.
En la oposición anticipan resistencias y advierten que la medida podría desfinanciar al Estado, pero en el Gobierno aseguran que no afecta la recaudación estructural y que el objetivo es poner fin al “hostigamiento fiscal”. Será, sin dudas, una discusión técnica con fuerte componente político. Comenzará su debate en Diputados por tratarse de una norma tributaria.
La Reforma Laboral, en cambio, llega a extraordinarias en un escenario mucho más sensible. La Casa Rosada insiste en que se trata de modernizar reglas obsoletas, pero en Unión por la Patria ya preparan una oposición dura y algunos bloques federales evalúan los costos electorales de acompañar cambios tan profundos en pleno verano. La CGT, por su parte, calibró su estrategia y no descarta escalar la presión si el Gobierno decide avanzar con el texto sin mayores concesiones.
Llama la atención el hermetismo con el que se maneja el oficialismo y, al mismo tiempo, la circulación de una serie de borradores que parecen más destinados a “medir el termómetro” de la discusión que a ser el texto definitivo que se debatirá en comisiones. Desde el entorno de Bullrich creen que el debate comenzará en la Cámara alta.
En paralelo, el Ejecutivo incluirá la modificación de la Ley de Glaciares, un reclamo latente de varios gobernadores patagónicos que buscan destrabar proyectos mineros afectados por la legislación vigente. La Casa Rosada trabaja en una redacción que permita avanzar sin asumir el costo político de aparecer como promotora de un retroceso ambiental. Desde el inicio de la gestión, Milei insiste en que la minería será uno de los motores de la economía argentina.
El menú se completa con la Reforma Tributaria, el proyecto más técnico y probablemente el de mayor densidad política. Es tal vez el expediente del que menos se conoce. Se espera que pueda ser tratado en los meses del año próximo, luego de la segunda mitad de enero, cuando todo indica que se reanudarán las sesiones extraordinarias. El temario podría sufrir modificaciones de último momento; el primer tramo de la convocatoria será del 10 de diciembre al 31 de este mes. Luego se retomará a partir de la segunda quincena, pero ese capítulo sigue en veremos.
Villarruel desautoriza a Milei y paga bono de fin de año
Mientras aguarda el inicio del período de sesiones ordinarias a partir del 10 de diciembre, Victoria Villarruel sigue emitiendo señales que seguirán incomodando al Gobierno y, en especial, al presidente Javier Milei. Antes de finalizar la semana, firmó el pago de un bono extraordinario de 500.000 pesos para los empleados legislativos. La decisión, oficializada mediante una resolución interna, fue recibida como una gran noticia por los trabajadores del Senado, pero dejaba en evidencia al titular de la Cámara Baja, Martín Menem, debido a la ausencia de aumentos y de un bono de fin de año en Diputados.
El pago se abonará por única vez durante diciembre y tendrá carácter no remunerativo, es decir que no impactará en el salario básico ni generará nuevos adicionales. La medida alcanza a todo el personal permanente, transitorio y a quienes se desempeñan bajo regímenes especiales dentro de la Cámara Alta. Según dejó asentado Villarruel en el texto firmado, el beneficio incluye únicamente a quienes hayan prestado servicios efectivos durante al menos seis meses en 2025, un requisito que busca acotar el universo de beneficiarios y ordenar la liquidación administrativa. En los pasillos del Senado, la resolución fue interpretada como un mensaje político hacia la Casa Rosada. Aunque desde su entorno evitaron confrontar abiertamente con la Presidencia, la decisión de la vicepresidenta contrasta con la reedición de la “motosierra” que prepara el Gobierno para el año que viene.
