De la redacción de INFORME DIGITAL
Walter Federico Klix, actual director nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y dirigente político con vínculos en Entre Ríos, presentó una nueva denuncia penal contra el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, por presunta administración fraudulenta.
No es la primera vez. En mayo de 2025, Klix ya había denunciado al titular del club por supuesta asociación ilícita y administración irregular vinculada a la gestión de socios y comercialización de productos oficiales. Aquella presentación fue archivada por la Justicia meses después, al considerar que no había elementos suficientes para impulsar una investigación formal.
Ahora, el funcionario volvió a la carga con una nueva denuncia, centrada —según trascendió en medios nacionales— en presuntas irregularidades en la administración del padrón social, la distribución de entradas y el manejo de recursos vinculados a la actividad institucional del club.
La causa quedó radicada en la Justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra en etapa preliminar, sin imputaciones formales hasta el momento.
El vínculo con Entre Ríos
Klix mantiene vínculos políticos con Entre Ríos desde hace años. Participó activamente en campañas del PRO en la provincia y fue parte del armado político que respaldó a Rogelio Frigerio. En distintas oportunidades se mostró públicamente junto al actual gobernador.
Además, estuvo casado con Ayelén Acosta, ex diputada provincial y actual funcionaria del gobierno entrerriano. Acosta fue legisladora durante la gestión anterior y tuvo participación activa en el espacio político que hoy conduce Frigerio.
Si bien la denuncia tiene impacto nacional por tratarse del presidente de uno de los clubes más importantes del país, el dato político no pasa inadvertido en Entre Ríos: quien impulsa la acusación es un dirigente con antecedentes de participación en la estructura partidaria que llevó a Frigerio a la gobernación.
Antecedente judicial
La primera denuncia presentada en 2025 fue archivada tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, que consideró que no existían pruebas suficientes para avanzar en una investigación penal. En aquella oportunidad no hubo imputaciones ni medidas procesales contra Riquelme.
La nueva denuncia deberá ahora superar el análisis inicial de admisibilidad y determinar si existen fundamentos jurídicos para abrir una investigación formal.
