La máxima autoridad ambiental del país admitió ante la justicia que en las últimas dos décadas no cuenta con registros, antecedentes técnicos ni intervenciones relativas al dragado del río Paraná. Esta revelación proviene de la excartera de Ambiente de la Nación, que ahora ha sido degradada a Subsecretaría, en el contexto de una causa promovida por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA Ramallo ante la Cámara Federal de Rosario.
En su respuesta oficial al tribunal, el ex Ministerio reconoce que no participó en ningún Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni en consultas públicas sobre las obras de dragado, ensanchamiento y modificación de la traza del Paraná desde 2011 hasta la fecha. Esta aclaración se realizó en respuesta a un requerimiento explícito de la Sala B de la Cámara Federal, que había ordenado al Estado nacional presentar, en un plazo de diez días, los estudios de impacto ambiental con participación ciudadana relacionados con las obras en el tramo frente a la ciudad bonaerense de Ramallo.
“La respuesta es clara: no hay absolutamente nada. Ninguna intervención del organismo. Ninguna solicitud de otros entes estatales. Ningún estudio registrado. Ninguna evaluación técnica o instancia de participación. El propio Estado así reconoce la total ausencia de control ambiental sobre uno de los proyectos de infraestructura más significativos del país”, señalaron en un artículo en el portal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
Además, resaltaron que este nuevo documento judicial representa la segunda ocasión en que el ex Ministerio de Ambiente reconoce no haber actuado en relación a la legislación ambiental nacional ni a los tratados internacionales en el desarrollo de la denominada hidrovía.
Desde la entidad de abogados ambientalistas, enfatizaron que “este reconocimiento no solo se refiere al caso del paso conocido como Las Hermanas, en el Paraná Inferior, sino que también pone de manifiesto la total inexistencia del área ambiental en el contexto político y temporal abordado en la causa judicial. Durante años, las autoridades responsables de proteger los bienes comunes permanecieron ausentes ante la intervención masiva en uno de los ríos más importantes del continente”.
“La gravedad de esta revelación se acentúa al considerar que el dragado y redragado del Paraná, especialmente en el sector conocido como ‘Las Hermanas’, ha continuado sin evaluaciones actualizadas, sin consulta pública y sin control sobre sus efectos ecológicos, sociales y económicos. Todo esto ocurre en medio de una crisis hídrica, agravada por el cambio climático global”, añadieron.
Asimismo, mencionaron que el expediente judicial incluye un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal, que identificó graves irregularidades en la licitación nacional prevista para 2025, la cual ha sido pospuesta. “Ese informe fue crucial para detener el proceso licitatorio y es uno de los elementos clave considerados por la Cámara Federal para ordenar la entrega de la información ambiental que faltaba”, precisaron los abogados ecologistas.
También subrayaron que lo expuesto reafirma advertencias anteriores del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, creado durante la gestión anterior y desmantelado por el actual gobierno. Este organismo había solicitado expresamente la intervención de la autoridad ambiental y la realización de los EIA pertinentes, así como una Evaluación Ambiental Estratégica para el conjunto del megaproyecto.
“Hoy, ese ente de control ha sido disuelto por decreto, dejando al Paraná sin monitoreo, sin regulación efectiva y sin garantías mínimas de legalidad y protección ambiental. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la organización UPVA, insistimos en que no pueden llevarse a cabo obras sin estudios, sin información pública y sin la participación de las comunidades. La planificación de la infraestructura hídrica del país no puede seguir regida por lógicas extractivas, opacas y alejadas de la sociedad”, concluyeron.
Por último, añadieron: “La protección del Paraná es una cuestión de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía. La negligencia estatal reconocida en este expediente no solo infringe la ley, sino que también pone en riesgo la vida.”
