El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) resolvió otorgarle el certificado de conveniencia y necesidad pública gestionado por la Empresa Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima (Enersa) respecto de la megaobra de construcción de una estación transformadora de 500 kV en la zona del Brete. La autorización, sin embargo, alcanza a las obras complementarias, sobre las que tiene jurisdicción el organismo provincial, esto es la playa de 132 kV de la estación transformadora y el tendido de las líneas de vinculación con la red de la distribuidora estatal. El organismo sostuvo además a través de un extensísimo pronunciamiento que las obras “desde el punto de vista ambiental cuentan con las autorizaciones de los organismos provinciales y municipales competentes, no siendo el EPRE el ámbito de impugnación de los mismos”, y que “se puede concluir que no hay oposición a la construcción de la obra pero sí se esgrimen argumentos en oposición a la ubicación física de la ET 500 kV Paraná y de las trazas de las LAT 132 kV”. Pero entendió que esos “pedidos de traslado de ubicación de las obras por contaminación visual, afectación socio económica entre otras causas, no son conceptos que los justifiquen suficientemente ya que, según los estudios realizados, la alternativa elegida para las obras proyectadas no presenta interferencias significativas con los usos del suelo existente ni con los procesos socio – ambientales vigentes para la zona”. Los argumentos están expuestos en la resolución Nº 147 del 27 de octubre último, publicada en la edición del 9 del actual del Boletín Oficial, que se inició a raíz de un pedido formulado por Enersa para que el organismo regulador le otorgara el respectivo certificado de conveniencia y necesidad pública para la construcción de la playa de 132 kV de la estación transformadora de 500/132 kV Paraná y líneas de vinculación con la red de 132 kV. La cuestión había sido abordada en la audiencia pública convocada por el EPRE los días 19 y 20 de marzo últimos, instancia en la cual se escucharon voces a favor y en contra de la obra que se emplazará en un predio de 16 hectáreas en la zona del Acceso Norte a Paraná, y que servirá para abastecer de energía a toda la zona oeste de Entre Ríos. Las obras se extenderán también a las localidades Colonia Avellaneda y San Benito. La obra, clave para el desarrollo energético según la postura del Gobierno, fue defendida con énfasis por Enersa, que una vez concluida la ejecución del proyecto asumirá su control en forma de comodato. El argumento central puso en foco la evolución de la demanda, con un crecimiento anual del 6% acumulativo, y como ejemplo Enersa citó que mientras en 1980 la demanda de Entre Ríos estaba en el orden de los 80 MW, en 2009 se ubica en 519 MW. Y que esa nueva estación transformadora traerá solución a los problemas de abastecimiento, y fundamentalmente le dará “independencia” a la provincia del sistema eléctrico santafesino, particularmente la estación transformadora de Santo Tomé. Y puso de manifiesto que la solución integral ya se había planteado en la década de 1980, obra que se constituiría en “una mejor alternativa en confiabilidad y en costos que el abastecimiento con largas líneas, que implican un fuerte impacto ambiental, mayor que la estación transformadora misma”. Y que “de no tener a tiempo esta gran obra, se presentarán problemas en todo el oeste de la provincia de Entre Ríos, con tensiones por debajo de banda en las barras de 132 kV de las Estaciones Transformadoras de la zona de Paraná, Crespo, Santa Elena, La Paz y todas las localidades que abastecen éstas Estaciones Transformadoras; Federal, La Paz, Santa Elena, Cerrito, María Grande, Viale, Seguí, Crespo, Diamante y Paraná”. Sin nulidadDel predio total de 16 hectáreas, el 70% será destinado a la obra de red de transporte de jurisdicción nacional y el 30% restante para playa de 132 kV, pero uno de los planteos de los vecinos es de qué modo se hará el tendido de las líneas. Según Enersa, irán sobre calles públicas existentes o por abrir, aprobadas por la Municipalidad, desplazadas de la línea de edificación unos 4 metros, y no requerirán de la constitución de servidumbres en el terreno privado lindante con la calle. Pablo Folonier, vecino del Brete, puso en dudas los estudios de impacto ambiental de la obra, y sostuvo en la audiencia pública de marzo último que “existen fallas metodológicas en el estudio de escala y valoración de la significación de los impactos ambientales y sociales en general, siendo la información presentada insuficiente con respecto a la predicción de los impactos del proyecto en los cuerpos de agua”, según recogió el EPRE en su resolución. Y pidió que Enersa “informe las razones por las cuales se descartaron otras posibilidades de ubicación de la estación transformadora” y sostuvo que el estudio de impacto ambiental presentado “carece de fiabilidad, consistencia y rigor técnico en el análisis”. Pero además reclamó la nulidad de la audiencia por “violación del derecho de acceder a la información pública y al de participación ciudadana”, argumento que el EPRE rechazó de plano. El Ente sostuvo que “las irregularidades apuntadas por el señor Pablo Folonier no son suficientes para determinar la nulidad de la Audiencia Pública llevada a cabo por el EPRE, por haber existido publicidad en la convocatoria y participación ciudadana, no existiendo arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta atribuible al EPRE, ni violación a los derechos ciudadanos a participar y a la información pública”. Efecto invernadero Uno de los puntos sobre los que giró el debate en torno a la instalación o no de la nueva planta de energía estuvo ligado a los efectos contaminantes de las instalaciones. Particularmente, en cuanto al uso del SF6, un gas productor de efecto invernadero superior al CO2, aunque según entendió el EPRE, “dadas las pequeñas cantidades utilizadas, el efecto neto es ínfimo pues los interruptores en SF6 son aparatos sellados, con una vida útil de 20 años en condiciones normales de uso”. “No obstante ello, deben controlarse las emisiones o fugas que puedan producirse”, recomendó. Y por ello recomendó a la compañía eléctrica un plan de manejo ambiental que “deberá contener un programa de control de fugas de este gas, un programa de mantenimiento preventivo de los interruptores de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, y las especificaciones para el tratamiento y disposición final de los interruptores y dicho gas”. La pagarán los usuarios La obra de la nueva estación transformadora a ubicarse en el Brete, de 54 millones de dólares, se hará con fondos prestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aunque el Estado recuperará la inversión trasladando el costo al usuario. En aquella audiencia, según ahora recoge el EPRE en su resolución de octubre último, Oscar Rigoni, en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Entre Ríos, expuso su preocupación “vinculada al traspaso a las tarifas de la inversión que representa la instalación, solicitando que la carga del incremento de tarifas que genere el pago del préstamo para la ejecución de la obra sea repartido en forma pareja entre todo el universo de usuarios sin discriminación alguna”. En tanto, el abogado Alejandro Canavesio, defensor de los usuarios, consideró que “los costos de construcción de obra y financiación no deben ser trasladados en forma directa a los usuarios, quienes en definitiva son siempre lo que deben soportar la mayor carga de los servicios, y por otro lado, según el cuadro tarifario vigente, el costo de comercialización influye en la tarifa y que ahora con la puesta en marcha de esta nueva estación transformadora de 500 kV Paraná, no estaríamos comprando sino produciendo para consumo interno y los excedentes se estarían vendiendo”. En su presentación ante el EPRE, Enersa manifestó a su vez: “La devolución del préstamo al BID por parte de la Provincia de Entre Ríos, será realizada con cargos específicos a incluir en la tarifa eléctrica. La inversión perteneciente a la red de transporte de jurisdicción nacional, integrada por la estación transformadora y las obras complementarias a realizar, será recuperada por la Provincia mediante el canon que abonarán los beneficiarios de la ampliación, por intermedio de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA). En su condición de beneficiaria de la ampliación, Enersa abonará el canon en función a la participación fijada por Cammesa, que será trasladado a la tarifa de todos sus usuarios en su exacta incidencia.” (Fuente: El Diario)
