Viernes, 30 de mayo de 2025   |   Campo

El director del INTA denuncia intervencionismo gubernamental en la institución

El director del INTA denuncia intervencionismo gubernamental en la institución

La situación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es actualmente muy tensa debido a las intenciones del Gobierno de reestructurarlo en medio de los recortes que ha enfrentado durante más de un año.

Este organismo, que depende de la Secretaría de Agricultura y hasta ahora goza de autonomía operativa y financiera, fue objeto de críticas por parte de su director nacional, Ariel Pereda. En un fuerte pronunciamiento, Pereda apuntó a la administración de Javier Milei y, en particular, al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien acusó de mentir. “Este gobierno pretende intervenir en el INTA para usarlo a su antojo”, afirmó.

El INTA opera bajo un modelo de gobernanza que le permite gestionar sus recursos y políticas internas. Está compuesto por un Consejo Directivo de diez miembros, cinco del sector público y cinco del privado, encabezado por un presidente y un vicepresidente nombrados por la Secretaría de Agricultura. La Dirección Nacional, liderada por Pereda, está a cargo de implementar las decisiones del consejo.

Recientemente, en una aparición en LN+, Sturzenegger cuestionó la funcionalidad del INTA, planteando irónicamente: “¿Qué hace el INTA?” Sostuvo que este tipo de organismos son “cajas” y confirmó que se busca devolver la administración del instituto al Gobierno. “El presupuesto del INTA equivale a la mitad de las retenciones del maíz: cuenta con 6000 empleados, 3000 vehículos y necesita una reestructuración integral”, afirmó el ministro.

A respuesta de esto, Pereda defendió al organismo. “Para ser claro, lo que ha dicho el ministro son mentiras”, expresó en Radio Con Vos, recordando que él ha ocupado el cargo desde diciembre de 2023, tras un concurso.

“En los últimos 18 meses, el INTA ha reducido su personal en 1000 empleados”, indicó, añadiendo que la distancia que cubre el INTA en el país, de Ushuaia a La Quiaca, es comparable a la de Madrid a Moscú. Destacó la importancia del instituto en la tecnología aplicada a la alimentación de los argentinos: “Estamos presentes en todo el país, en cada pueblito hay una agencia del INTA colaborando con los productores”.

Pereda enfatizó que el INTA ha trabajado durante 70 años como una institución que trasciende los cambios políticos, enfocándose en el desarrollo rural. “Eso es lo que está en riesgo ahora. Además del recorte y de la posible eliminación de su modelo de gobernanza, esto podría afectar la representación de las entidades agropecuarias en su directorio. Gracias a esta estructura, el INTA no ha perdido su rumbo en 70 años; de hecho, su número de empleados se ha mantenido estable durante las dos últimas décadas”, añadió.

El director también lamentó los sueldos bajos de los investigadores en el INTA, afirmando que, a pesar de contar con los mejores profesionales del país, estos enfrentan salarios insuficientes. “Alguien que inicia su carrera en este campo tiene entre 12 y 15 años de formación, muchos incluso en el extranjero, y su salario ronda el millón de pesos”, explicó.

En otro momento de la entrevista, Pereda señaló que “se está llegando a un límite” y advirtió sobre la intención del Gobierno de modificar el directorio para que los nuevos miembros sean mayoritariamente nombrados por el Ejecutivo en lugar de ser seleccionados por concurso.

También mencionó la posibilidad de vender algunos de los terrenos del INTA. “Estamos en una crisis y es fundamental explicar lo que está ocurriendo en una institución dedicada al sector productivo, que está gobernada por este mismo sector, al margen de divisiones políticas”, subrayó, reiterando sus críticas al Gobierno: “Vienen a intervenir el INTA para usarlo a su antojo”.

Según lo publicado por LA NACION, el Poder Ejecutivo busca reducir el número de integrantes del Consejo Directivo, que actualmente cuenta con 10 miembros, a solo 8; es decir, cuatro representantes del sector privado y cuatro del público.

Además, el Gobierno intentaría trasladar la administración del INTA al Ministerio de Economía, lo que generaría un fuerte desacuerdo con los sindicatos que representan a los empleados del organismo.

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