La vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo, presentó ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados su descargo frente a dos denuncias y pedidos de juicio político vinculados a más de 600 ausencias y a la presunta morosidad en la tramitación de causas en la Sala Laboral que encabezó. La magistrada rechazó todas las imputaciones, sostuvo que sus ausencias correspondieron a “capacitaciones” y acompañó, además, notas de funcionarios del STJ que aseguran que no tiene retrasos en la resolución de expedientes, pese a informes públicos del propio Poder Judicial que indican lo contrario.
Un relevamiento de ANALISIS, sin embargo, pone en duda la veracidad de su justificación sobre las capacitaciones: aquellas ausencias fueron en su mayoría actos organizados por la Asociación de Mujeres Juezas (AMJA) y, según el reglamento, el tope anual para ese concepto es de 20 días, mientras que Medina de Rizzo promedió alrededor de 60 días por año en licencias de ese tipo. También resulta cuestionable su explicación sobre el uso del vehículo oficial: afirmó que en 2022 dejó constancia de que no usaría el auto de la Presidencia del STJ, pero en la práctica siguió utilizando otros vehículos oficiales del organismo, incluso en días recientes cuando choferes la trasladaban desde y hacia su domicilio.
En su descargo, presentado esta mañana ante la Comisión, la vocal detalló lo siguiente:
Ausencias, licencias y comisiones de servicios. Afirmó que todas las ausencias, licencias y comisiones registradas entre 2014 y 2025 fueron solicitadas, registradas, autorizadas y aprobadas conforme al Reglamento de licencias vigente, y acompañó una constancia de la Secretaría del STJ que lo avala.
Capacitación. Sostuvo que su participación en actividades académicas y de formación, dentro y fuera de la provincia —incluido su rol ad honorem como directora del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial— fue autorizada por el STJ. Subrayó que la capacitación es un “deber legal y ético” de la magistratura, en concordancia con el Estatuto del Juez Iberoamericano (artículos 24 al 34) y los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, especialmente en lo relativo a Competencia y Diligencia.
Viáticos. Afirmó que los viáticos por esas actividades se otorgaron conforme a la reglamentación, fueron autorizados, controlados y rendidos sin observaciones ante el Tribunal de Cuentas de la provincia, y adjuntó una certificación al respecto.
Productividad judicial. Destacó su producción al indicar que dictó 5.821 autos y sentencias entre 2014 y octubre de 2025, y aseguró que su despacho está al día, sin causas con plazos vencidos. Aportó constancias del Departamento Judicial Contencioso Administrativo, de la Sala del Trabajo y de la Oficina de Amparos que, según ella, certifican la inexistencia de mora o de expedientes con despacho vencido.
Programas e iniciativas. Señaló ser la creadora del “Programa La Justicia va a los Barrios” (desde el año 2000) y responsable del desarrollo del “Programa Masculinidades Sin Violencia” (desde 2023). Además, dijo desempeñarse como directora ad honorem del Museo del Poder Judicial.
En las conclusiones de su manifiesto, Medina de Rizzo sostuvo la “inexistencia absoluta de afectación al procedimiento, al servicio de justicia o a los plazos legales”. Negó que sus actividades hayan provocado demoras, perjuicios o irregularidades en su función jurisdiccional y aseguró que la actividad del tribunal se mantuvo en un ritmo “ordinario, continuo y eficiente”. Consideró que la denuncia carece de base fáctica y jurídica y defendió la formación permanente como parte del deber de “Humanizar la Justicia”. También adjuntó al descargo notas de “solidaridad y respaldo” de asociaciones judiciales nacionales e internacionales que destacaron “su trayectoria, integridad, y liderazgo en la defensa de los derechos humanos y la incorporación de la perspectiva de género en la justicia”.
Las picardías de la vocal
Al analizar el descargo de Susana Medina de Rizzo, surgen varios aspectos controvertidos. En su apartado de “Programas e Iniciativas” se atribuye la creación del “Programa La Justicia va a los Barrios”, que en realidad fue una iniciativa planteada por el ex ministro de Gobierno, Justicia y Educación Hernán Orduna y comenzó a aplicarse en 1988.
En relación con las capacitaciones, omitió que el reglamento del STJ establece un límite de 20 días por año para ese tipo de licencias; sin embargo, en numerosas ocasiones superó los 60 días por año en licencias por capacitación. Eso pone en duda la reglamentaridad de las autorizaciones, tal como advirtió Elena Salomón, secretaria de Superintendencia del STJ. O bien la funcionaria habría suministrado información imprecisa o hubo un error en los registros de Asuntos Administrativos del Poder Judicial, desde donde se informó a ANALISIS cuando se requirió la información oficial sobre las ausencias de los vocales y, en particular, sobre Medina de Rizzo. Además, muchas de esas licencias no se habrían usado para formarse sino para participar de actos de entrega de premios, asistir a eventos organizados o “dar conferencias” promovidos por AMJA u otras entidades afines, mientras la vocal cobraba su salario sin descuentos por inasistencias. En la práctica, según la investigación, no se trataría de licencias destinadas a capacitarse, sino de licencias para concurrir a actos pseudoacadémicos o meramente institucionales.
Medina presentó certificaciones de secretarios del STJ que indican que su despacho está al día y sin causas atrasadas. No obstante, las estadísticas oficiales del Alto Cuerpo muestran que la Sala Laboral presenta un noventa por ciento de retraso. Cabe recordar que ella fue presidenta de la Sala Laboral (2024/2025) y, en ese rol, tenía la responsabilidad de mantener actualizadas las causas. Además, según la investigación, manipuló los sorteos de expedientes en los últimos años para que las causas recayeran en Germán Carlomagno y Laura María Soage y no en su despacho. Esa irregularidad motivó que Carlomagno ordenara, esta semana, un sumario administrativo contra la secretaria de Medina que habría ejecutado dicho mecanismo.
Por último, respecto del uso de autos oficiales, en su descargo afirmó que al asumir la Presidencia del STJ en 2022 dejó asentado que no utilizaría el auto oficial de la conducción del cuerpo. La investigación contradice esa versión: Medina de Rizzo continuó usando el vehículo oficial Taos, patente AF728 (…), con el mismo chofer que la trasladaba diariamente desde su casa a los tribunales y la regresaba al domicilio. Además, en ese vehículo oficial viajó la semana pasada a Buenos Aires y la anterior concurrió en el mismo auto a la Embajada de Estados Unidos en Argentina.
