La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y consiguió además que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó La Nación.
La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el Estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el expediente 8:02-cr-00280, identificado como “USA v. Restrepo, et al”.
Villaverde, que es diputada nacional desde 2023, no pudo jurar aún como senadora por La Libertad Avanza (LLA) debido a la presión opositora para bloquear su asunción por los antecedentes penales en Estados Unidos, que ella nunca explicó con precisión.
La Nación contactó a su vocero este lunes y le formuló diez preguntas puntuales dirigidas a la legisladora. Ayer Villaverde se comunicó con este diario, afirmó que atraviesa “un momento bastante complejo” e indicó que se contactaría, “inmediatamente”, al salir de una reunión. Al cierre de esta edición eso no había ocurrido. Desde su entorno insistieron en que Villaverde “no tuvo ningún tipo de estupefacientes en su poder” y que “no tiene vínculos con el narcotráfico”. Señalaron que se trata “de una historia desgraciada que le tocó vivir hace 24 años”, pero que “más allá de cuestiones de interés político, no hay ningún impedimento legal para que pueda asumir su banca en el Senado”.
Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo con documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).
Al momento de su detención, Villaverde tenía 28 años y vivía en el condado de Miami desde 1999. Trabajaba en una boutique llamada “Blueberry Fashion” en Miami Beach, había gestionado un número de la Seguridad Social terminado en 9346 y se movía con una licencia de conducir emitida en el estado de Florida.
La acusación contra ella se formalizó el 17 de julio. Ella, Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno: venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de dos o más personas para distribuir narcóticos. La pena máxima prevista era de 20 años de prisión.
En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para su excarcelación. Ella se declaró no culpable —al igual que Restrepo y Ferrer—, por lo que la jueza programó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante el juez Richard A. Lazzara.
Días después, Carl Lida se presentó como primer defensor de Villaverde y solicitó acceder a una copia del material acumulado por los investigadores, incluida la videovigilancia. El juez Lazzara accedió al pedido, pero prohibió divulgar documentos sensibles que estaban bajo secreto de sumario, así como identidades de testigos y otro material delicado.
El 27 de septiembre llegó el primer gran giro procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable a cambio de una reducción de su condena. El 10 de octubre, lo siguió el cubano Ferrer.
En ese contexto, Villaverde cambió de abogado: se separó de Lida y contrató a Gennaro Cariglio Jr. En la antesala del juicio oral, que comenzó con la selección del jurado el 15 de octubre de 2002 ante el juez William S. Castagna, éste le autorizó a pasar ciertas grabaciones durante la audiencia.
Culpable y clemencia
Tras dos días más de audiencias, el jurado emitió un veredicto. El 18 de octubre de 2002 halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 de octubre y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, quedó detenida tras el veredicto y no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.
Seis días después, Villaverde solicitó un nuevo juicio y pidió recuperar su libertad. El 31 de octubre, el juez Castagna aceptó en parte su pedido: autorizó un nuevo juicio, pero rechazó concederle la libertad bajo fianza previa al mismo, por lo que continuó detenida.
El juez Castagna fijó la fecha del nuevo juicio para el 5 de noviembre de 2002, mientras que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió visto bueno preliminar el 10 de enero de 2003.
Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido para que se le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las Guías de Sentencia Federal. Ese pedido de clemencia sólo es posible en circunstancias atenuantes especiales, como cooperación sustancial con el gobierno, un rol menor en la operación criminal, situaciones familiares extraordinarias, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por las Guías.
En este caso, la defensa consiguió además que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su solicitud, según verificó La Nación en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado cooperó con el gobierno o teme represalias.
Retorno a la Argentina
En el ínterin, Villaverde logró su excarcelación, aunque en los registros oficiales consultados por La Nación no surge la fecha exacta. Sí consta, en cambio, que incumplió las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003 la autoridad supervisora pidió emitir una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.
El 11 de abril de 2003, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión —pena que luego se redujo a año y medio, gracias al reconocimiento de la Fiscalía de su “ayuda sustancial”— más 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.
Restrepo (hoy de 66 años) permaneció alojado en una cárcel federal estadounidense hasta el 8 de julio de 2004; Ferrer (hoy de 56 años) salió el 30 de noviembre de 2005, según consta en los registros oficiales de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) que compulsó La Nación.
Tras incumplir las condiciones fijadas para su excarcelación, Villaverde retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció en medio de acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación. Más tarde se mudó a su provincia natal, Río Negro, donde forjó vínculos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos semanas atrás acusado de narcotráfico y estafa.
Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia estadounidense, el expediente en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que, catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017 la Fiscalía se presentó para retirar formalmente los cargos contra Villaverde, y la jueza Scriven accedió un día después.
Lo último que figura en el expediente “USA v. Restrepo, et al” es que un secretario del tribunal informó que las evidencias vinculadas a Villaverde —o aportadas por ella— fueron destruidas el 13 de marzo de 2019, porque nadie las retiró.
