El costo que abonará el Estado dejaría de ser un canon como ocurrió habitualmente desde que se privatizó la entidad financiera en 1994. A partir de la firma del nuevo acuerdo, la entidad percibiría un porcentaje de los montos de las operaciones que realiza: el 0,15 por ciento por percibir los recursos de coparticipación de impuestos nacionales y leyes especiales, el uno por ciento por la recepción de impuestos, servicios, tasas y contribuciones de la Dirección General de Rentas (DGR) y el 0,42 por ciento por el pago de haberes de activos y pasivos del sector público.
En el borrador se menciona también que los préstamos que se otorguen con fondos provinciales o aquellas en las que el Estado subsidie la tasa serán canalizados “con exclusividad a través del agente financiero”.
El gobierno provincial se compromete asimismo a dar “sus mejores esfuerzos” a que los municipios se adhieran mediante la suscripción de convenios al acuerdo y también a gestionar la exención del pago de Ingresos Brutos y a la Capacidad Prestable Fuera de la Provincia, que se establece por Ley Provincial Número 8.293. (APF)




