Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Carlos Garbelino, dijo que de lo que se trata es de “darle al tema un tratamiento serio” al proyecto que ya tiene media sanción de Diputados.
Cabe recordar que se trata del proyecto que propone cambios en la ley de Salud Reproductiva, introduciendo métodos contraceptivos definitivos como la ligadura de trompas o la vasectomía.
En el oficialismo, las posturas son mayoritariamente contrarias, y en ese sentido el presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara Alta, el senador Mariano López (PJ – Colón) dio su punto de vista, y sostuvo que “la competencia sobre el tema no pertenece a esta Legislatura provincial”. En ese sentido, mencionó que hay un artículo del Código Penal, el 91, que califica de “lesiones gravísimas a todo aquel acto que impida en forma permanente la fecundación”. Observó que en este tema el bien jurídico protegido es la fecundación humana natural.
Sobre el tema, también se pronunció el consejo directivo de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) que sostiene que “no se puede pensar la democracia sin el resguardo de la capacidad de decidir en cada uno de los planos de la vida, para lo cual se debe garantizar el acceso a la información, y a sus códigos desde los cuales se pueden comprender sus alcances y consecuencias. Esto supone entender que toda información tiene necesariamente un contexto de producción histórico, ideológico y social, del que no se la puede desprender”.
En el caso del proyecto de reforma a la Ley de Educación Sexual, y en el caso específico de la posibilidad de legislar sobre ligadura de trompas y vasectomía, plantea que “la decisión no afecta a terceros, siendo entonces un espacio de elección que incumbe solamente al propio sujeto, que, sin duda tiene derecho a conocer detalladamente en qué consiste esta intervención quirúrgica y sus efectos, así como es deseable que disponga del tiempo de reflexión personal necesario para la toma de tal decisión”.
En ese orden de ideas, sostiene que “en las sociedades democráticas, cuando se legisla sobre cuestiones como las que hoy nos ocupan, la ley no obliga, sino que por el contrario, permite y garantiza el derecho a decidir sobre temas que afectan a la vida y la salud de las personas y los grupos familiares. Sostenemos que es muy importante no presentar, tendenciosamente, el significado de esta ley, induciendo la percepción de aquello que permite el ejercicio de un derecho como si se tratara de la capacidad del Estado para imponer y avasallar por sobre las voluntades de los ciudadanos. En ejercicio de nuestros derechos, debemos oponernos a toda práctica totalitaria, tanto si se tratara, de realizar la ligadura de trompas en forma masiva e inconsulta, como forma de control de la natalidad –como ha sucedido en algunos países de América Latina–, como de penalizar a hombres y mujeres adultos, quienes, haciendo uso de su libertad responsable, deciden optar por este método”.Advierte la opinión académica que “llama la atención la focalización, por parte de algunos grupos, en los temas referidos a la sexualidad y el silencio ¿cómplice?, al no escandalizarse del mismo modo frente a la muerte evitable de los miembros más vulnerables de la sociedad”.“Tampoco se escuchan esas voces para denunciar y promover sanciones morales contra hechos comprobables de corrupción, de tortura, de privación ilegítima de la libertad, o exigiendo la identificación de los responsables del denominado gatillo fácil, o señalando las acciones que en el plano económico, político y legal quedan impunes o bien denunciando los actos políticos que han dejado y dejan a gran parte de los sectores sociales de nuestro país en situación de total exclusión”, añade. Finalmente, sostiene que “las leyes deben resguardar la pluralidad de normas que regulen la vida individual como el principio fundamental de una sana convivencia social. Su violación, ha acarreado en la historia de la humanidad demasiadas guerras y muchísima violencia”.
